THE OBJECTIVE - ENRIQUE MORALES

El Aissami pasó de ocupar la cúspide chavista a sentarse en el banquillo por una trama ligada al petróleo y a criptoactivos.

La familia de Tareck El Aissami, quien llegó a convertirse en el número dos de Nicolás Maduro y, posteriormente, asumió el control político del estratégico sector petrolero venezolano, se ha instalado en Madrid. Su esposa, Riada Rudy Aamer, y sus hijos han establecido su residencia en una zona exclusiva de la capital, según ha podido saber THE OBJECTIVE. El traslado se produce mientras El Aissami permanece en Venezuela y es juzgado por el denominado caso PDVSA-Cripto, una causa relacionada con la desaparición de miles de millones de dólares procedentes de la venta de petróleo.

La familia de El Aissami ya contaba, además, con antecedentes en Madrid. Randa Aamer Maaz, cuñada del exvicepresidente venezolano, trabajó en la filial española de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Su presencia en la sociedad madrileña salió a la luz en 2020, cuando la nueva dirección de CVG Internacional Filial Europea la apartó de la compañía junto a otros responsables vinculados al Gobierno de Maduro.

La relevancia de la llegada de su familia a España está relacionada con el peso que El Aissami llegó a tener dentro del chavismo. No fue únicamente ministro. Maduro lo nombró vicepresidente ejecutivo de Venezuela en enero de 2017, convirtiéndolo institucionalmente en el segundo cargo del Ejecutivo. Permaneció en ese puesto hasta junio de 2018, cuando Delcy Rodríguez le sustituyó como vicepresidenta. El cambio no supuso entonces su salida del círculo de poder: Maduro lo puso al frente de la Vicepresidencia Económica y del recién creado Ministerio de Industrias y Producción Nacional.

El juicio por PDVSA-Cripto

Su acumulación de poder continuó. En abril de 2020 fue nombrado ministro de Petróleo, un puesto particularmente sensible en un país cuya principal fuente de divisas dependía de PDVSA. El Aissami quedó así situado en el centro de la política energética y de las operaciones con las que Caracas intentaba mantener las exportaciones de crudo pese a las sanciones internacionales.

Aquella etapa terminó abruptamente en marzo de 2023. El Aissami dimitió después de que las autoridades venezolanas abrieran una investigación sobre una enorme trama de corrupción relacionada con la comercialización de petróleo. El Aissami aseguró que abandonaba sus responsabilidades para facilitar las pesquisas y desapareció de la vida pública durante aproximadamente un año. El 9 de abril de 2024, la Fiscalía venezolana anunció su detención junto al exministro de Finanzas Simón Zerpa y el empresario Samark López.

El proceso contra El Aissami comenzó finalmente en Caracas el 20 de abril de 2026. En el banquillo se sentaron decenas de acusados vinculados a la denominada trama PDVSA-Cripto, entre antiguos altos cargos públicos, empresarios y responsables del sistema venezolano de criptoactivos. A El Aissami se le atribuyen, entre otros, los delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir. El exvicepresidente ha rechazado las acusaciones y su defensa ha denunciado irregularidades en el procedimiento.

El saqueo de PDVSA

El núcleo de la investigación se encuentra en las operaciones realizadas para vender petróleo venezolano mediante intermediarios y cobrar parte de esas operaciones a través de criptoactivos durante los años de mayores restricciones sobre PDVSA. Las estimaciones manejadas públicamente oscilan entre varios miles de millones y más de 20.000 millones de dólares, dependiendo de la metodología y de los conceptos contabilizados. El País ha situado el rango de las estimaciones entre 3.000 y 21.000 millones.

El caso adquiere todavía mayor relevancia porque afecta a quien llegó a ocupar algunos de los puestos de mayor confianza dentro de la estructura creada por Maduro. El Aissami, de 51 años y ascendencia sirio-libanesa, ha sido uno de los hombres más poderosos del chavismo.

La esposa que ahora se ha instalado en Madrid tampoco es completamente ajena al sector petrolero. Riada Rudy Aamer apareció durante años vinculada profesionalmente a la industria pública venezolana. Una investigación de El Pitazo publicada en 2017, cuando su marido acababa de alcanzar la Vicepresidencia, señalaba que trabajaba en PDVSA desde 2007 y que estaba adscrita a Intevep, el brazo tecnológico y de investigación de la petrolera estatal.

Sancionado por EEUU y la UE

El historial internacional de El Aissami añade otro elemento relevante a la presencia de su familia en España. En febrero de 2017, cuando acababa de ser nombrado vicepresidente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en su lista de Specially Designated Narcotics Traffickers. OFAC afirmó entonces que había desempeñado un papel significativo en el tráfico internacional de drogas y bloqueó los activos sometidos a jurisdicción estadounidense vinculados a él y a su supuesto testaferro Samark López. El Aissami fue posteriormente acusado en Estados Unidos de delitos relacionados con la violación y evasión de esas sanciones.

También está sancionado por la Unión Europea. Bruselas incorporó a Tareck Zaidan El Aissami Maddah a su lista en junio de 2018 por su responsabilidad, como antiguo vicepresidente con competencias sobre el Sebin, en graves violaciones de derechos humanos y actuaciones contra el Estado de derecho. Su nombre continúa figurando en el régimen europeo de sanciones sobre Venezuela. La UE ha prorrogado esas medidas hasta el 10 de enero de 2027. Para las personas incluidas en el listado, suponen, entre otras consecuencias, la inmovilización de activos y la prohibición de facilitarles directa o indirectamente fondos o recursos económicos.

Mientras su mujer y sus hijos comienzan ahora una nueva etapa en España, El Aissami continúa ligado en Caracas al proceso que certificó su caída en desgracia: el antiguo vicepresidente de Maduro, responsable posteriormente de la política petrolera venezolana, ha pasado en apenas unos años de ocupar uno de los departamentos más poderosos del régimen a sentarse en el banquillo por el caso que investiga el multimillonario desfalco de PDVSA.

España La familia del ex 'dos' de Maduro se instala en Madrid mientras le juzgan por el 'caso PDVSA'

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CIDH

l 26 de agosto de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 67/2026, mediante la cual otorgó medidas cautelares en beneficio de Wilder Anderson Vásquez Velásquez, Maurimal Carolina Solórzano Armas, Freddy Manuel Alvarado Castillo, Pedro Rolando Maldonado Marín y Felipe Santiago Contreras Caldera, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Venezuela.

Según las solicitudes, las personas beneficiarias permanecen en condiciones inadecuadas de detención, con restricciones para el contacto con sus familiares y abogados defensores, y sin acceso a atención médica oportuna para sus problemas de salud físicos y psicológicos, pese a las gestiones realizadas a nivel interno. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH.

Tras analizar las alegaciones de hecho y derecho, la Comisión valoró que, dada su condición de personas privadas de libertad, las restricciones para el contacto con sus familiares y abogados defensores, la falta de atención médica oportuna para sus afectaciones físicas y psicológicas, las condiciones de detención, así como la alegada situación de indefensión, existe la posibilidad de que se materialice el riesgo en cualquier momento. En adición, la Comisión no contó con información por parte del Estado que permita apreciar las acciones que se estarían tomando para atender o mitigar la situación de riesgo de las personas beneficiarias.

Bajo esas circunstancias, con base en el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Venezuela que:

adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias;

implemente las medidas suficientes para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias sean compatibles con los estándares internacionales aplicables. En particular, las siguientes:

realice de inmediato una valoración médica sobre su situación de salud, y garantice la atención y tratamiento médico oportuno y especializado, dando a conocer los resultados a sus familiares y representantes;

facilite la comunicación regular de las personas beneficiarias con sus familiares, representantes y abogados de confianza;

brinde acceso inmediato a agua potable y alimentación adecuada;

garantice que no sean objeto de amenazas, intimidaciones y agresiones dentro del centro penitenciario;

ejecute las medidas necesarias, con perspectiva de género, para garantizar que Maurimal Carolina Solórzano Armas reciba atención adecuada y oportuna a sus necesidades de salud;

confirme de manera oficial la fecha de cumplimiento de la condena impuesta a Wilder Anderson Vásquez Velásquez y, en su caso, explique las razones que llevarían a mantenerlo privado de libertad, o bien, precise la fecha prevista para su excarcelación;

refuerce las acciones a favor de las personas beneficiarias que se encuentran en el centro de detención cubierto por medidas de protección interamericanas ya concedidas;

concierte las medidas a implementarse con las personas beneficiarias y sus representantes o familiares; y

informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.

El otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por parte del Estado de Venezuela no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables.

La Comisión es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

CIDH otorga medidas cautelares a cinco personas privadas de libertad en Venezuela

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CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió el 30 de julio de 2026 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el Caso Nº 13.313, personas docentes jubiladas del Ministerio de Educación y Deportes, respecto de Venezuela.

El caso, llegó a la CIDH en una petición presentada el 30 de marzo de 2006, y se refiere a la responsabilidad del Estado por la falta de recursos adecuados y efectivos para corregir el cálculo erróneo de las pensiones de 47 personas docentes jubiladas del entonces Ministerio de Educación.

En marzo de 1997 entró en vigencia una convención colectiva que dispuso aumentos para las personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas de esa entidad. De acuerdo con la parte peticionaria, las víctimas comenzaron a cobrar sus pensiones sin los incrementos estipulados en el acuerdo colectivo, pese a que su jubilación quedó comprendida en el período de vigencia del convenio.

Tras agotar la vía administrativa, en septiembre de 1997 las víctimas presentaron dos demandas para solicitar el recálculo de sus pensiones y la corrección del tiempo de servicio reconocido. Ambos procesos enfrentaron demoras, declaraciones de incompetencia, traslados entre distintos tribunales y períodos de paralización en su tramitación. A la fecha, ninguno cuenta con una resolución definitiva.

En su Informe de Admisibilidad y Fondo No. 216/25, la Comisión concluyó que los recursos no fueron efectivos ni se resolvieron con la celeridad debida. Constató que las autoridades demoraron más de un año en iniciar la tramitación de las demandas, que ambos procesos sufrieron largos períodos de inactividad y múltiples traslados sin justificación, y que, tras más de 28 años, siguen abiertos. La Comisión subrayó que la demora resulta especialmente grave porque los reclamos se vinculan al derecho a la seguridad social de personas mayores, y que la falta de pago de los incrementos afectó el patrimonio de las víctimas.

La Comisión concluyó que Venezuela es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con sus artículos 1.1, 21 y 26, en perjuicio de las víctimas.

La Comisión solicitó a la Corte IDH que declare la responsabilidad internacional del Estado y que establezca las siguientes medidas de reparación:

Reparar integralmente las violaciones declaradas, en sus aspectos material e inmaterial, mediante compensación económica y medidas de satisfacción.

Continuar y finalizar los procesos judiciales de manera diligente, efectiva y en un plazo razonable.

Adoptar medidas de no repetición, en particular programas permanentes de capacitación a las autoridades administrativas y judiciales del Área Metropolitana de Caracas sobre el acceso a la justicia de las personas mayores.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

CIDH presenta a Corte IDH caso sobre acceso a la justicia por reclamo de pensiones en Venezuela

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 CIDH

Washington, DC—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda la excarcelación de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela, anunciada el 14 de agosto de 2026, y llama al Estado a que esta medida se traduzca en la libertad plena e incondicional de todas las personas que permanecen privadas de la libertad en esas circunstancias. La Comisión subraya que la sostenibilidad de estos avances depende de la recuperación de la integridad del Estado de derecho y, en particular, de la independencia del poder judicial.

Según información de conocimiento público, el anuncio comprende a 131 personas y se habría ejecutado mediante el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad, en el marco del proceso de diálogo en curso en el país. Organizaciones de la sociedad civil señalaron que entre 317 y 449 personas continuarían privadas de la libertad arbitrariamente por motivos políticos. La Comisión valora las liberaciones ya anunciadas, y recuerda que corresponde al Estado difundir información pública, completa y actualizada sobre las personas beneficiadas y su situación procesal.

La CIDH advierte que la excarcelación mediante medidas alternativas no equivale a la libertad plena ni subsana la arbitrariedad de la detención. Cuando la privación de la libertad ha respondido al ejercicio de derechos políticos o a la disidencia, el Estado no cumple sus obligaciones con la sola salida del centro de detención: debe dejar sin efecto los procesos y condenas asociados, levantar las restricciones subsistentes, garantizar que las personas liberadas no sean objeto de nuevas represalias y asegurar reparación.

Estas obligaciones derivan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protegen la libertad personal, las garantías judiciales y el derecho a un recurso efectivo. La Comisión ha señalado de manera reiterada que el uso del derecho penal para sancionar la disidencia política viola a los principios de la Convención y que la detención arbitraria empleada como mecanismo de represión genera obligaciones de investigación, sanción de las personas responsables y no repetición. La liberación es el punto de partida de esas obligaciones, no su cumplimiento.

A su vez, la independencia judicial es la condición que permite que estos avances dejen de depender de decisiones discrecionales y reversibles. Sin tribunales independientes, la libertad de las personas excarceladas descansa en actos administrativos o políticos revocables, y no en garantías jurídicas exigibles; los recursos de hábeas corpus y el control de legalidad de las detenciones carecen de efectividad; y las garantías de no repetición frente a la persecución política quedan sin sustento institucional. Por ello, la Comisión considera que ningún proceso de transición democrática será sostenible sin una reforma genuina del sistema de justicia.

La Comisión toma nota de los anuncios relativos a la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y recuerda que los procesos de selección y designación de altas autoridades judiciales deben regirse por criterios objetivos de mérito, capacidad e integridad, mediante procedimientos públicos, transparentes y sujetos a plazos ciertos, que incluyan la evaluación de credenciales, la posibilidad de objeción ciudadana, la participación de la sociedad civil y criterios de paridad y diversidad. La legitimidad de las autoridades designadas dependerá de la calidad del procedimiento y de su apertura a un acompañamiento internacional independiente.

En este marco, la CIDH insta al Estado a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos; a dejar sin efecto los procesos y las restricciones derivadas de esas detenciones; a abstenerse de recurrir a la detención como respuesta a la disidencia; a investigar las violaciones denunciadas en el marco de esas privaciones de libertad y a reparar a las víctimas. Asimismo, llama a que una eventual reforma al sistema de justicia se conduzca conforme a los estándares interamericanos sobre independencia judicial.

Finalmente, la Comisión reitera su disposición a acompañar al Estado y a los distintos actores políticos y sociales en estos procesos, en particular mediante asistencia técnica orientada al fortalecimiento de la independencia judicial y del Estado de derecho. En este marco, la Comisión reafirma su disponibilidad e insiste en su solicitud de realizar una visita in loco, a fin de observar de primera mano la situación de los derechos humanos en el país.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, que no representan a sus países de origen o residencia.

CIDH saluda excarcelaciones en Venezuela y llama a garantizar la independencia judicial

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 NDP

●        La aerolínea ofrecerá tres frecuencias semanales entre Bogotá y Caracas y la venta estará disponible desde el 29 de agosto en todos los canales de la compañía y agencias de viajes.

●        La operación conectará ambos destinos los días lunes, viernes y sábado, con salida desde Bogotá a las 7:35 y regreso desde Caracas a las 11:50.

Bogotá, 27 de agosto de 2026. – LATAM Airlines Colombia informa que reabrirá la ruta Bogotá-Caracas a partir del 4 de septiembre, con tres frecuencias semanales los días lunes, viernes y sábado. La venta de tiquetes estará disponible desde el 29 de agosto a través de todos los canales de la aerolínea y agencias de viajes.

El reinicio de los vuelos se produce luego de que las autoridades venezolanas informaron la reapertura del Aeropuerto Internacional de Maiquetía a partir del 1 de septiembre, inicialmente con restricciones operacionales. Por esta razón, LATAM comenzará con una operación ajustada a la capacidad disponible y podrá incrementarla progresivamente en la medida en que se habiliten nuevas condiciones operacionales. Previo a la emergencia generada por el terremoto LATAM Airlines Colombia contaba con siete (7) frecuencias semanales.

La ruta tendrá salida desde Bogotá a las 7:35 y regreso desde Caracas a las 11:50. Con esta conexión, LATAM refuerza la integración de Venezuela a la red de conectividad del Grupo LATAM, facilitando los viajes entre ambos países y las conexiones hacia otros destinos de la región. La compañía ha mantenido su presencia en el mercado venezolano de pasajeros teniendo a Barcelona como aeropuerto alterno y actualmente también atiende el mercado de carga desde Estados Unidos.

“Venezuela es un mercado relevante por su dinámica y el potencial de conexión que ofrece con el resto de la región. La reapertura de Bogotá-Caracas permite que los pasajeros en Venezuela accedan, a través de Bogotá, a una de las redes más amplias y robustas de América Latina. Esa capacidad de conectar mercados, destinos y personas es uno de los aportes concretos que LATAM hace a la recuperación de la conectividad internacional del país”, señaló Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia.

La aerolínea recomienda a sus pasajeros consultar las condiciones y el estado de su vuelo en la sección Mis Viajes de www.latam.com o en la aplicación de LATAM antes de dirigirse al aeropuerto, así como permanecer atentos a las notificaciones enviadas por la aerolínea y a la información publicada a través de sus canales oficiales.

A partir del 4 de septiembre LATAM Airlines Colombia reabre su ruta Bogotá-Caracas

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 CIDH

Washington, DC — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió el 5 de agosto de 2026 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el Caso Nº 14.267, respecto de Venezuela. El caso, originado en una petición presentada ante la CIDH el 26 de abril de 2019 , se refiere a la responsabilidad del Estado por la detención arbitraria, la tortura y la ejecución extrajudicial de Fernando Alberto Albán Salazar, y por las agresiones a su familia y la impunidad.

Según la parte peticionaria, Albán, de 56 años, era dirigente opositor, fundador del partido Primero Justicia y concejal del Municipio Libertador del Distrito Capital. El 5 de octubre de 2018, al regresar de Nueva York, donde había asistido a la Asamblea General de la ONU, fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), sin orden judicial ni explicación. Durante unas veinte horas las autoridades habrían negado su detención, por lo que la familia denunció una desaparición forzada.

La parte peticionaria relató que el 8 de octubre de 2018, mientras sus abogados esperaban su presentación ante un tribunal, el Fiscal General informó públicamente que Albán se había suicidado en la sede del SEBIN. La familia y su defensa cuestionaron esa versión y señalaron numerosas irregularidades, entre ellas certificados de defunción contradictorios.

Añadió que antes de su muerte se le había abierto un proceso penal por terrorismo y otros delitos, y que solo se procesó a dos funcionarios del SEBIN por incumplir sus deberes de custodia, con penas luego reducidas que los dejaron en libertad. Señaló que la familia denunció torturas, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, sin que esas líneas se investigaran.

En su Informe de Admisibilidad y Fondo No. 320/25, la Comisión concluyó que la detención fue arbitraria y constituyó una desaparición forzada de corta duración, y que fue torturado y ejecutado extrajudicialmente bajo custodia estatal. Concluyó además que el proceso penal en su contra vulneró el principio de legalidad, que la investigación no fue diligente y que su detención respondió a un móvil discriminatorio vinculado a su militancia opositora.

La Comisión concluyó que Venezuela es responsable por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, la vida, la integridad y la libertad personales, las garantías judiciales, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la honra y la dignidad, la vida privada y familiar, la igualdad y la protección judicial, previstos en los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17, 24 y 25 de la Convención Americana, en relación con sus artículos 1.1 y 2, y de las convenciones interamericanas contra la tortura y sobre desaparición forzada, en perjuicio de Albán y sus familiares.

La Comisión solicitó a la Corte IDH que declare la responsabilidad internacional del Estado y que establezca las siguientes medidas de reparación:

Reparar integralmente las violaciones declaradas, en sus aspectos material e inmaterial, mediante compensación económica y satisfacción.

Disponer un programa de rehabilitación y atención psicológica y psicosocial para los familiares del señor Albán, de ser su voluntad y de manera concertada.

Llevar a cabo una investigación seria y en un plazo razonable, que esclarezca los hechos, sancione a todos los responsables, incluida la cadena de mando, y garantice la participación de la defensa de la familia.

Dejar sin efecto las consecuencias de la investigación y los antecedentes judiciales, administrativos, penales o policiales que pudieran existir contra el señor Albán y su familia.

Prevenir, investigar y sancionar los actos de hostigamiento, persecución y amenaza contra la familia del señor Albán y los miembros de su defensa.

Adoptar medidas de no repetición, entre ellas asegurar la independencia en la designación de la Fiscalía General, garantizar investigaciones imparciales en muertes bajo custodia estatal, que las autoridades se abstengan de comentarios públicos sobre causas penales pendientes, y capacitar al SEBIN, el Ministerio Público y el Poder Judicial sobre los derechos de las personas detenidas y la debida diligencia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

CIDH presenta a Corte IDH caso por la detención, tortura y ejecución extrajudicial del dirigente opositor en Venezuela Fernando Albán

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INFOBAE - PEDRO PABLO PEÑALOZA

Señalan que estas actividades irregulares amenazan el funcionamiento del embalse de Guri, corazón del sistema eléctrico nacional.

La ONG SOS Orinoco denunció la existencia de una nueva mina ilegal de 5,8 hectáreas dentro del Parque Nacional Canaima, entre los estados Bolívar y Amazonas, al sur del país, declarado patrimonio mundial por la Unesco desde 1994 y donde se encuentra el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo.

Subraya que “no se trata de un hecho aislado”, pues el último informe de esta agrupación documenta “1.852,96 hectáreas de minería ilegal dentro de Canaima y 49 dragas activas operando en el cauce del río Caroní, que se encuentra íntegramente dentro del parque”.

Señala que “lo más grave” de este caso en particular es que la mina “es impulsada por líderes indígenas pemón del Sector 2 de Canaima, en coordinación con políticos y militares, generando fracturas internas profundas dentro de las comunidades”.

“El mercurio del procesamiento se dispersa hasta 100 kilómetros río abajo y la sedimentación amenaza la vida útil de las turbinas del embalse de Guri”, en el estado Bolívar, la mayor represa hidroeléctrica del país, que padece una prolongada crisis del servicio eléctrico que incluye apagones y cortes de luz que se extienden por unas seis horas en buena parte de la geografía nacional.

La ONG cuestiona que “Venezuela sigue postergando la misión de monitoreo reactivo de la Unesco”, mecanismo que utiliza esta dependencia de Naciones Unidas para evaluar el estado de conservación de los lugares declarados patrimonio mundial que están bajo amenaza.

Riesgo

SOS Orinoco estima que la minería ilegal y las dragas activas en los ríos Caroní y Karuai “podrían movilizar 7,5 millones de toneladas de sedimentos al año, generados por la remoción de suelos y el uso de maquinaria pesada y químicos altamente venenosos como mercurio”.

“Esta carga sedimentaria fluye hasta el bajo Caroní, donde comienza el embalse del Guri; gran parte de esos sedimentos quedan atrapados en el fondo del embalse, que pierde profundidad y reduce su vida útil, al tiempo que reduce severamente su capacidad de almacenamiento y pone en riesgo operativo las turbinas hidroeléctricas de las que depende buena parte del sistema eléctrico venezolano”, alertan.

La ONG reportó el primero de agosto que al menos dos mineros murieron tapiados en un accidente en una mina ilegal ubicada en la margen derecha del río Caroní. “Esta mina clandestina funciona bajo el control directo de efectivos de la Dirección Policial de los Espacios Acuáticos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB)”, asevera la organización civil.

SOS Orinoco denuncia una nueva mina ilegal de 5,8 hectáreas en el Parque Nacional Canaima de Venezuela

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 NDP

Tras la participación de inversionistas en Londres y Houston, la Venezuela Energy Week se llevará a cabo en Caracas del 22 al 25 de febrero de 2027, sirviendo como plataforma para acelerar la inversión y las alianzas comerciales en el sector de energía del país 

La Venezuela Energy Week 2027 —la mayor cumbre internacional de inversión energética en la historia del país— se llevará a cabo ahora en Caracas del 22 al 25 de febrero de 2027 y no en octubre de 2026 como se había anunciado, al registrarse una mayor participación de inversionistas internacionales, empresas energéticas y grupos interesados de la industria que exploran oportunidades en el sector energético nacional. 

La reprogramación para febrero de 2027 refleja el creciente interés de los inversionistas internacionales en el sector energía en Venezuela. La promoción de esta cumbre ha permitido traducir este gran momento de la industria en el país en una oportunidad de inversión en exploración y producción, modernización de infraestructura, monetización de gas, así como refinación y comercialización. Se espera que el evento sirva como sede para la firma de acuerdos comerciales clave que ayudarán a impulsar la inversión y el desarrollo de proyectos en el sector energético del país. Las recientes reformas en materia de hidrocarburos, introducidas en julio de 2026, han contribuido a moldear aún más este panorama fortaleciendo el marco para la participación del sector privado que sirve para generar mayor claridad en torno a las oportunidades comerciales para los socios internacionales. 

“La decisión de reprogramar la Venezuela Energy Week para febrero de 2027 responde al creciente interés de inversionistas internacionales y los socios de la industria en el sector energético del país. Este evento está diseñado para acelerar la inversión, fortalecer las alianzas estratégicas y convertir el interés del mercado en proyectos tangibles que respalden el desarrollo energético a largo plazo”, afirmó Paula Henao, ministra de Hidrocarburos de Venezuela. 

Con el respaldo oficial del Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos y la petrolera estatal PDVSA, la Venezuela Energy Week 2027 reunirá a empresas petroleras, inversionistas, entidades financieras y proveedores de servicios locales, así como de Estados Unidos y otros mercados para avanzar en negociaciones de inversión y acuerdos comerciales en una de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo. 

Desde que se anunció por primera vez el evento, la Venezuela Energy Week ha intensificado sus lazos con la comunidad energética internacional. La muestra en Londres, celebrada en julio de 2026, reforzó el interés de los inversionistas en torno a las oportunidades del sector energético venezolano, mientras que la próxima muestra en Houston continúa generando atractivo comercial entre empresas energéticas, proveedores de servicios y socios técnicos estadounidenses de cara a la cumbre de febrero. 

Venezuela cuenta con más de 300 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo —las mayores a nivel mundial— junto con más de 195 billones de pies cúbicos de recursos de gas natural. Con una producción en recuperación que ya alcanza 1.2 millones de barriles diarios, el país ejecuta una estrategia a largo plazo para incrementar el volumen mediante inversiones graduales, rehabilitación de campos y una mayor participación del sector privado.

El atractivo para la inversión está respaldada por un importante potencial de campos maduros (brownfield) en las principales regiones productoras de Venezuela, incluyendo la Faja Petrolífera del Orinoco, la Cuenca del Lago de Maracaibo y la Cuenca Oriental de Venezuela. Las oportunidades abarcan desde la reactivación de yacimientos maduros y programas de recuperación mejorada, hasta campañas de perforación, el mejoramiento de crudos pesados y la modernización de infraestructura. 

Más allá del desarrollo upstream, la Venezuela Energy Week 2027 pondrá el foco en oportunidades en refinación, logística, almacenamiento e infraestructura de gas. La capacidad instalada de refinación subutilizada, las limitaciones de sistemas de transporte (midstream) y los significativos recursos gasíferos abren posibles puntos de entrada para empresas interesadas en apoyar la modernización de la cadena de valor energética de Venezuela. 

Desarrollos mar adentro (offshore), como los campos Dragón y Cocuina-Manakin, representan potenciales áreas de crecimiento para el suministro regional de gas y futuras oportunidades de gas natural licuado. De igual forma, la ampliación de la infraestructura de captura, procesamiento y transporte de gas será fundamental para maximizar el valor de los recursos del país. 

En un contexto en el que los mercados energéticos globales continúan priorizando la seguridad del suministro y el acceso a recursos a gran escala, la Venezuela Energy Week 2027 se posiciona como un catalizador de inversiones, reuniendo a autoridades gubernamentales, inversionistas y ejecutivos de la industria para convertir el interés comercial en proyectos energéticos de largo plazo. 

La organización de la cumbre está a cargo de Energy Capital & Power. 

Apoyando la recuperación de Venezuela tras los terremotos 

Nuestros pensamientos están con las personas y comunidades afectadas por los recientes terremotos en Venezuela. Mientras el país inicia el largo proceso de recuperación, animamos a los miembros de la comunidad energética global a apoyar los esfuerzos de ayuda y reconstrucción a través del Fondo de Recuperación y Reconstrucción para Venezuela de CAF, que canaliza contribuciones de personas, empresas y organizaciones hacia la asistencia de emergencia, servicios esenciales y esfuerzos de reconstrucción a largo plazo.

Venezuela Energy Week será en febrero de 2027 ante la alta demanda de participación de la inversión global

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 CIDH

Washington, DC— El 10 de agosto de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 63/2026, mediante la cual otorgó medidas cautelares en beneficio de Dayana Heredia, Jaiver Albeiro Guevara Rebolledo y Fredy Alexander Morales Leguizamon, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable en Venezuela.

Según las solicitudes, Dayana Heredia, ciudadana dominicana, y Jaiver Albeiro Guevara Rebolledo y Fredy Alexander Morales Leguizamón, ciudadanos colombianos, se encuentran privados de libertad en distintos centros de detención en Venezuela. Se informó que enfrentarían limitaciones para mantener contacto con sus familiares, no recibirían la atención médica necesaria para sus padecimientos y estarían recluidos en condiciones de detención inadecuadas. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH.

Tras analizar las alegaciones de hecho y derecho, la Comisión valoró que, dada su condición de personas extranjeras privadas de libertad en Venezuela, las limitaciones para mantener contacto con sus familiares, la falta de atención médica para sus afectaciones físicas y psicológicas, las condiciones de detención, así como la alegada situación de indefensión, existe la posibilidad de que se materialice el riesgo en cualquier momento. En adición, la Comisión no contó con información por parte del Estado que permita apreciar las acciones que se estarían tomando para atender o mitigar la situación de riesgo de las personas beneficiarias.

Bajo esas circunstancias, con base en el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Venezuela que:

adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas beneficiarias;

implemente las medidas suficientes para asegurar que las condiciones de detención de las personas beneficiarias sean compatibles con los estándares internacionales aplicables. En particular las siguientes:

realice de inmediato una valoración médica sobre su situación de salud, y garantice la atención y tratamiento médico oportuno y especializado, dando a conocer los resultados a sus familiares y representantes;

facilite la comunicación de las personas beneficiarias con sus familiares, representantes, abogados de confianza y autoridades consulares del país del que son nacionales; brinde acceso inmediato a agua potable y alimentación adecuada; y garantice que no sean objeto de amenazas, intimidaciones y agresiones dentro del centro penitenciario; concierte las medidas a implementarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.

El otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por parte del Estado de Venezuela no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables.

La Comisión es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.

CIDH otorga medidas cautelares a favor de tres personas privadas de libertad en Venezuela

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CIDH

Washington, D.C. — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió el 11 de mayo de 2026 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el Caso Nº 14.477, Gustavo Enrique Carrero Angarita y familia, respecto de Venezuela, por la detención ilegal y arbitraria, tortura, afectaciones a la salud y vulneraciones a las garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de Carrero Angarita, teniente de Fragata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

El caso fue puesto en conocimiento de la CIDH el 10 de abril de 2019. De acuerdo con los antecedentes, en mayo de 2018 Carrero Angarita fue convocado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), acusado de “traición a la patria, incitación a la rebelión y delito contra el decoro militar” y detenido sin orden judicial ni flagrancia. Habría permanecido 5 días incomunicado antes de ser presentado ante un tribunal militar.

Al momento del análisis de la CIDH, el proceso penal militar en su contra continuaba abierto sin sentencia definitiva. La parte peticionaria denunció tortura, malos tratos, restricciones al contacto con su familia y defensa, y falta de atención médica adecuada, durante su reclusión.

En su Informe de Admisibilidad y Fondo No. 165/25, la CIDH concluyó que la detención de Carrero Angarita fue ilegal y arbitraria, y que la prolongación de la prisión preventiva sin control judicial efectivo vulneró su derecho a la libertad personal. La Comisión también consideró que los actos denunciados constituyeron tortura, que no fueron investigados con debida diligencia y que el proceso penal militar no cumplió con las garantías judiciales ni con el plazo razonable.

La CIDH además determinó que el Estado no garantizó condiciones dignas de detención ni atención adecuada a la salud de Carrero Angarita mientras permanecía privado de libertad. Asimismo, concluyó que los hechos y la situación de impunidad generaron afectaciones a la integridad psíquica y moral de su esposa.

La Comisión concluyó que Venezuela es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección judicial y salud, establecidos en los artículos 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 25.1 y 26 de la Convención Americana, en relación con su artículo 1.1, en perjuicio de Gustavo Enrique Carrero Angarita. Asimismo, concluyó la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Finalmente, concluyó la violación del derecho a la integridad psíquica y moral, establecido en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de su esposa.

En consecuencia, la Comisión solicitó a la Corte IDH que ordene las siguientes medidas de reparación:

Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas, tanto en el aspecto material como inmaterial.

Avanzar, conforme al debido proceso, la causa penal seguida contra Carrero Angarita y adoptar las medidas necesarias para que sea puesto en libertad mientras esté pendiente la resolución definitiva.

Brindar de forma prioritaria, inmediata y por el tiempo necesario atención en salud física y mental a Gustavo Enrique Carrero Angarita, y adecuar sus condiciones de detención a los estándares internacionales.

Llevar a cabo investigaciones judiciales para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los actos de tortura, así como establecer integralmente las responsabilidades por las violaciones declaradas.

Adoptar medidas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir, incluyendo directivas a funcionarios de la DGCIM y CENAPROMIL, adecuación de condiciones de detención y programas de formación sobre prevención e investigación de la tortura.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

CIDH presenta a la Corte IDH caso por detención arbitraria y tortura de Gustavo Carrero, teniente de Fragata, en Venezuela

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 RFI - AFP

El nuevo balance oficial por el doble sismo del 24 de junio es de 6.125 fallecidos, anunciaron las autoridades venezolanas. Aún quedan cerca de 1.400 desaparecidos. La presidenta encargada dijo el lunes que una ley recién aprobada permitirá relaciones de "ganar-ganar" entre los propietarios de los inmuebles y quienes deseen alquilar.

La cifra de muertos que ha dejado el doble sismo que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 6.125, según el balance oficial divulgado el lunes por el jefe del parlamento, Jorge Rodríguez.

Decenas de familiares siguen en la búsqueda de desaparecidos en La Guaira, estado vecino de Caracas y el más golpeado por los terremotos de 7,2 y 7,5 que provocaron el colapso de al menos 190 edificios, según cifras oficiales.

El balance anterior divulgado el 24 de julio fue de 5.546 muertos.

Según declaraciones a medios locales del gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, quedan cerca de 1.400 desaparecidos.

Además de las edificaciones que colapsaron por completo, otras 6.433 fueron catalogadas por las autoridades como de "alto riesgo" para ser habitadas y 9.866 fueron ubicadas como "viviendas restringidas". Por ello, muchas de las familias que las ocupaban son atendidas en refugios temporales o se fueron a vivir con familiares o amigos.

La semana pasada, el gobierno comenzó un proceso de demoliciones controladas en estructuras a punto de derrumbarse luego de los sismos.

Casi 24.000 damnificados viven ahora en campamentos en Caracas y en el golpeado estado costero de La Guaira.

"Ganar-ganar"

Con el objeto de agilizar la renta de departamentos para enfrentar la demanda de vivienda de las personas que perdieron su hogar, el Parlamento de Venezuela aprobó el viernes una ley de arrendamiento que busca aumentar la oferta de inmuebles.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez dijo más temprano este lunes que la recién aprobada ley permitirá relaciones de "ganar-ganar" entre los propietarios de los inmuebles y quienes deseen alquilar.

Ello, tras décadas de incertidumbre entre propietarios por invasiones de inmuebles en medio de la falta de seguridad jurídica para recuperarlos.

La norma pone fin a una ley restrictiva que en dos décadas de chavismo desincentivó el alquiler.

“Estamos estimando alrededor de 400.000 viviendas que puedan ser beneficiadas por esta ley", dijo Rodríguez que gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos.

Rodríguez anunció también que su gobierno prevé entregar unas 4.000 viviendas al término del año y que ofrecerá financiamiento para la adquisición de inmuebles para los afectados por los terremotos más devastadores en la historia reciente del país.

Venezuela: La cifra de víctimas por el doble terremoto supera los 6.000 muertos

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 REUTERS

31 de julio (Reuters) - Las negociaciones, respaldadas por Estados Unidos, entre el gobierno interino de Venezuela y una facción de la oposición comenzarán el sábado, sin la presencia del líder opositor más destacado del país.

Las conversaciones, destinadas a reformar el sistema político del país antes de las eventuales elecciones, ponen de relieve la influencia sin precedentes de Washington sobre la política venezolana desde que la administración del presidente estadounidense Donald Trump derrocó a Nicolás Maduro en una redada en enero e instaló a la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Por parte del gobierno, estarán liderados por Jorge Rodríguez, hermano de Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y negociador de larga trayectoria en conversaciones anteriores con Estados Unidos y la oposición.

La delegación de la oposición, a la que Estados Unidos apoya en sus esfuerzos por reformar el consejo electoral y el tribunal supremo del país para garantizar elecciones libres y justas, estará encabezada por Dinorah Figuera. Tres fuentes familiarizadas con el asunto indicaron que Estados Unidos solicitó a Figuera que liderara la delegación porque es la jefa de una coalición de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición y elegida en 2015, que Estados Unidos aún reconoce como la última legislatura elegida democráticamente en el país.

Para disgusto de algunos observadores venezolanos, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, la figura de la oposición más popular del país, no participa en las conversaciones.

Machado abandonó Venezuela a finales del año pasado para recibir su Premio Nobel, tras haber vivido prácticamente escondida desde las controvertidas elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, ha prometido regresar a Venezuela para ayudar en la respuesta a los devastadores terremotos gemelos de junio, lo que ha frustrado a los funcionarios estadounidenses, quienes consideran que no es el momento adecuado.

Trump ha negado las informaciones de los medios de comunicación que afirman que su administración le pidió a Machado que no regresara. Desde la destitución de Maduro, Washington ha marginado públicamente a Machado en repetidas ocasiones, y funcionarios estadounidenses afirman que no cuenta con el apoyo suficiente para dirigir el país.

Antes de la visita de Figuera a Caracas a mediados de junio, Machado ni siquiera sabía que se iban a iniciar las conversaciones, según tres fuentes. Otra fuente indicó que Machado había sido informada sobre las conversaciones, pero no invitada a unirse a la delegación de la oposición porque no es miembro de la Asamblea de 2015.

Para disgusto de algunos observadores venezolanos, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, la figura de la oposición más popular del país, no participa en las conversaciones.

Machado abandonó Venezuela a finales del año pasado para recibir su Premio Nobel, tras haber vivido prácticamente escondida desde las controvertidas elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, ha prometido regresar a Venezuela para ayudar en la respuesta a los devastadores terremotos gemelos de junio, lo que ha frustrado a los funcionarios estadounidenses, quienes consideran que no es el momento adecuado.

Trump ha negado las informaciones de los medios de comunicación que afirman que su administración le pidió a Machado que no regresara. Desde la destitución de Maduro, Washington ha marginado públicamente a Machado en repetidas ocasiones, y funcionarios estadounidenses afirman que no cuenta con el apoyo suficiente para dirigir el país.

Antes de la visita de Figuera a Caracas a mediados de junio, Machado ni siquiera sabía que se iban a iniciar las conversaciones, según tres fuentes. Otra fuente indicó que Machado había sido informada sobre las conversaciones, pero no invitada a unirse a la delegación de la oposición porque no es miembro de la Asamblea de 2015.

Las conversaciones con Venezuela, respaldadas por Estados Unidos, comenzarán sin el líder de la oposición, Machado.

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ABC - DAVID ALANDETE

 El Departamento de Estado confirma a ABC que la comercialización de crudo ha generado miles de millones de dólares mientras crecen las dudas en el Capitolio por la falta de transparencia de estas operaciones.

La Administración de Donald Trump ha enviado a Caracas a algunos de los principales responsables de controlar el dinero generado por el petróleo venezolano, en medio de una creciente polémica en Washington por la falta de información sobre el destino de más de 13.000 millones de dólares (11.400 millones de euros).

La delegación estadounidense se reunió el miércoles con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Sobre la mesa están la administración de los ingresos petroleros, la reconstrucción después de los terremotos y la apertura del país caribeño a nuevas inversiones energéticas.

No es una visita de carácter protocolario. La encabezan Jeremy Lewin, actualmente en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y anteriormente subsecretario de Estado para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, y Caleb Orr, secretario adjunto de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales. Los acompaña John Barrett, encargado de negocios estadounidense en Caracas, además de otros funcionarios del Departamento de Estado.

La composición de la delegación revela las prioridades de Washington. Orr es uno de los responsables directos de la política económica, energética y empresarial hacia Venezuela. Lewin conoce el sistema de ayuda exterior y los mecanismos de reconstrucción. Y Barrett dirige la relación diplomática sobre el terreno. Del otro lado están los dos hermanos que concentran buena parte del poder político e institucional que quedó en pie después de la captura de Nicolás Maduro.

La visita refuerza así la imagen de una relación cada vez más directa entre Washington y el Gobierno interino de Delcy. Estados Unidos sigue reclamando elecciones y la liberación de los presos políticos, pero, cuando se trata de administrar el petróleo, la ayuda y la reconstrucción, sus interlocutores son los hermanos Rodríguez.

Curiosamente, el encuentro tiene lugar en vísperas de que el régimen venezolano y la oposición se reúnan este sábado para negociar una transición hacia la democracia, como reclama la Casa Blanca.

EE.UU. reclama elecciones y la liberación de presos políticos pero, cuando se trata de administrar el petróleo, la ayuda y la reconstrucción, sus interlocutores son los Rodríguez

Orr llega además a Caracas apenas dos semanas después de haber sido interrogado en el Capitolio sobre las mismas autoridades con las que ahora se reúne. El pasado 14 de julio, la congresista republicana María Elvira Salazar le exigió explicaciones sobre el destino del dinero procedente del petróleo y sobre el intento de Delcy Rodríguez de acceder a unos 4.000 millones de dólares (3.500 millones de euros) en reservas de oro venezolanas depositadas en el Reino Unido.

«La riqueza de Venezuela pertenece al pueblo venezolano, no a Delcy Rodríguez y a su círculo corrupto», advirtió Salazar durante la audiencia. La congresista planteó tres preguntas que todavía no han recibido una respuesta pública completa: dónde está el dinero, dónde están las auditorías y qué garantías existen para evitar que los recursos terminen en manos de quienes controlaron durante años las finanzas del chavismo.

Orr aseguró que la Administración había establecido mecanismos sólidos de contabilidad y supervisión. También explicó que EE.UU. trabajaba con el Gobierno interino para facilitar recursos destinados a paliar la devastación causada por los terremotos. Ahora, ha viajado a Caracas para tratar directamente con Delcy Rodríguez sobre un sistema que concede a EE.UU. un control extraordinario sobre la principal fuente de riqueza de Venezuela, pero cuya contabilidad sigue sin hacerse pública.

Por su parte, el Departamento de Estado señaló, en declaraciones de un portavoz, que «miles de millones de dólares» procedentes de la venta de recursos naturales han sido depositados en la Cuenta de Depósito de Fondos del Gobierno Extranjero, creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 14373. Esos recursos «han sido desembolsados en beneficio del pueblo venezolano y para la estabilización de la economía de Venezuela».

Control absoluto sobre el petróleo venezolano

El mecanismo diseñado por Trump no se limitó a levantar las sanciones y permitir que Petróleos de Venezuela (PDVSA) volviera a vender crudo en los mercados internacionales. El país norteamericano intervino toda la caja petrolera. Decide qué compañías pueden operar, dónde se deposita el dinero, qué gastos pueden pagarse y cuándo se libera cada transferencia.

La orden ejecutiva firmada por Trump el 9 de enero establece que los ingresos siguen siendo propiedad soberana de Venezuela, pero deben permanecer bajo custodia del Tesoro estadounidense. El Departamento de Estado autoriza los desembolsos y el Tesoro ejecuta los pagos.

Michael Kozak, subsecretario de Estado bajo las órdenes de Marco Rubio, lo explicó sin rodeos ante el Congreso: «Es su dinero, pero tienen que obtener nuestro permiso». La supervisión comienza antes incluso de que salga un cargamento. Solo pueden comprar, transportar, refinar o comercializar petróleo venezolano las empresas autorizadas por Washington.

Solo pueden comprar, transportar, refinar o comercializar petróleo venezolano las empresas autorizadas por Washington

Cuando se vende el crudo, el comprador no paga directamente a PDVSA ni al Gobierno de Delcy Rodríguez. Los fondos deben ingresarse en una cuenta de custodia designada por el Tesoro. De la cantidad bruta se descuentan los costes de transporte, seguros, financiación, comercialización e intermediación. El remanente queda bajo administración estadounidense hasta que Caracas presente una solicitud y el Departamento de Estado decida si la aprueba o no.

En teoría, el dinero puede utilizarse para pagar nóminas públicas, comprar medicamentos, reparar la red eléctrica, adquirir equipos para PDVSA, financiar importaciones esenciales, proporcionar liquidez a los bancos o reconstruir las zonas dañadas por los terremotos. Washington puede incluso transferir los fondos directamente a un proveedor, una empresa, un banco o un organismo público, sin que pasen previamente por una cuenta general controlada por el Gobierno venezolano.

La primera operación conocida generó unos 500 millones de dólares (440 millones de euros). El dinero fue depositado en una cuenta de Qatar que pertenecía formalmente a Venezuela, pero estaba controlada por EE.UU. De allí salieron 300 millones de dólares (262 millones de euros) para pagar salarios de empleados públicos.

Posteriormente, la Administración Trump afirmó que los ingresos habían dejado de pasar por Qatar y se depositaban directamente en cuentas administradas por el Tesoro. Sin embargo, no ha publicado una relación completa de esas cuentas ni los saldos que permanecen en ellas.

Investigación del Capitolio

La visita a Caracas coincide con un nuevo nivel de presión desde el Congreso. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés), ha abierto formalmente una investigación sobre el fondo petrolero venezolano.

La GAO confirmó este miércoles a ABC que ha aceptado la solicitud presentada por los congresistas Joaquín Castro y Sean Casten y por los senadores Chris Van Hollen y Tim Kaine. «La GAO ha aceptado la petición para revisar aspectos del Fondo Petrolero de Venezuela. Este trabajo ha comenzado recientemente y está en curso», explicó Jessica Baxter, portavoz del organismo.

La aceptación transforma una petición política de cuatro legisladores en una fiscalización federal efectiva. La revisión deberá identificar las cuentas bancarias utilizadas, su ubicación, las entidades financieras y las comercializadoras participantes, las comisiones cobradas y los pagos autorizados.

También examinará la actuación de los departamentos de Estado, Energía y Tesoro, así como los posibles riesgos de fraude, corrupción, blanqueo de dinero, despilfarro y conflictos de interés. La investigación cobra especial relevancia porque el propio Trump ha admitido que la cantidad recaudada puede superar los 13.000 millones de dólares (11.400 millones de euros).

Al ser preguntado el lunes, a bordo del Air Force One, por una estimación del diario británico 'Financial Times' que situaba los ingresos por encima de esa cifra, el presidente respondió: «Creo que incluso más que eso».

Los más de 13.000 millones de dólares corresponden a una estimación de ingresos brutos. De esa cantidad todavía habría que descontar transporte, seguros, comercialización, financiación, refinación y otros gastos relacionados con la venta del petróleo. El problema es que la Administración tampoco ha publicado esas deducciones. No es posible calcular cuánto dinero debería quedar en las cuentas, cuánto ha llegado a Venezuela, ni qué cantidades se han destinado a comisiones y gastos de gestión.

Según el Tesoro, Washington trabaja con el Gobierno interino de Venezuela para abonar con el dinero del petróleo fondos destinados a gastos oficiales

El Tesoro aseguró a ABC que los recursos han estado disponibles para el Gobierno de Delcy Rodríguez sin demoras y que existe un sistema de vigilancia para garantizar que beneficien a los venezolanos. «El Gobierno de EE.UU. continúa apoyando la estabilización y recuperación económica de Venezuela, especialmente después de los recientes y devastadores terremotos», afirmó una fuente oficial.

Según el Tesoro, Washington trabaja desde enero con el Gobierno interino de Venezuela para desembolsar con rapidez fondos destinados a gastos oficiales, incluido el pago de nóminas, y para proporcionar liquidez al sistema financiero.

«Existe una supervisión del cumplimiento para garantizar que los fondos beneficien al pueblo venezolano, y los recursos han estado disponibles para el Gobierno venezolano sin demora», añadió la fuente.

La Casa Blanca envía de urgencia a Caracas a los encargados de vender el petróleo venezolano

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ABC - ANGIE CALERO

Las conversaciones preparan la reunión del 1 de agosto entre Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez para iniciar la reconstrucción institucional de Venezuela.

Madrid acoge desde hace dos semanas una serie de reuniones que pueden marcar el futuro político de Venezuela. Se trata de los encuentros preparatorios de la negociación sobre la transición del país, que arrancará formalmente el próximo 1 de agosto. En ellos han participado representantes estadounidenses y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela elegida en 2015, que será la encargada de sentarse frente al chavista Jorge Rodríguez, actual presidente del Parlamento.

Según distintas fuentes conocedoras de estos encuentros, el proceso se desarrolla en Madrid bajo la coordinación de Mauricio Claver-Carone, el principal interlocutor del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para Venezuela. Las reuniones, sostienen estas fuentes, han sido promovidas personalmente por Rubio para contrarrestar las críticas que cuestionan la política de la Casa Blanca hacia Venezuela y que acusan a la Administración de EE.UU. de estar consolidando a Delcy Rodríguez en el poder en lugar de impulsar una transición democrática. Aunque en algunos círculos de la capital se ha situado en las dos últimas semanas a Claver-Carone en Madrid, lo cierto es que el conocido como «virrey» de la nueva Venezuela no ha estado en España durante estos días.

La elección de España no es casual. Figuera reside en la Comunidad Valenciana desde 2018, cuando pidió a España asilo político y abandonó Caracas tras denunciar acoso y amenazas de las fuerzas de seguridad chavistas después del asesinato de uno de sus compañeros concejales en el partido Primero Justicia. Médica cirujana de profesión, no consiguió homologar su título al llegar a España y comenzó a trabajar cuidando a una persona mayor con alzhéimer, mientras mantenía un perfil extremadamente discreto. Pocos imaginaban en Valencia que esta médica venezolana era en realidad una opositora del régimen chavista, que acabaría convertida en la interlocutora elegida por Washington para negociar el futuro político de Venezuela.

El encuentro entre Figuera y Jorge Rodríguez el 1 de agosto se producirá más de un mes después de que los dos se reunieran el pasado 18 de junio en Venezuela, cuando la opositora regresó a su país después de ocho años en el exilio. Figuera y Rodríguez iniciarán una negociación que busca sentar las bases de la reconstrucción institucional venezolana. El objetivo inicial pasa por acordar la renovación de los principales órganos del Estado, comenzando por un nuevo Consejo Nacional Electoral que permita la celebración de elecciones con garantías.

Según ha podido saber ABC, durante estas dos semanas los avances alcanzados en las reuniones han sido comunicados al embajador de Venezuela en España. Figuera, que mantiene una excelente relación con María Corina Machado y que es partidaria de buscar consensos entre todos los opositores al chavismo, viajará este viernes desde Valencia a Madrid para incorporarse a la fase final de encuentros que concluirán el lunes con el cierre de los trabajos preparatorios.

Tercera fase: transición para unas elecciones libres

Para Washington, estas reuniones representan el inicio de la tercera fase de su hoja de ruta para Venezuela: la transición política. Tras las etapas de estabilización y recuperación, esta nueva etapa pretende abrir un proceso de reconstrucción institucional mediante la renovación del Consejo Nacional Electoral, la Sala Electoral y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

La decisión de recuperar ahora la IV Legislatura de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015 tampoco es casual. Estados Unidos continúa considerándola el único poder legislativo legítimo de Venezuela y, por ello, ha situado nuevamente a Figuera, su presidenta, en el centro del proceso negociador actual. La dirigente sustituyó a Juan Guaidó al frente de la institución y, pese a mantener un perfil muy discreto y ser prácticamente desconocida para buena parte de la sociedad venezolana, será quien lidere este primer contacto con el chavismo.

En ese contexto, fuentes diplomáticas consultadas interpretan que el respaldo estadounidense a Figuera «obliga al chavismo a aceptar como interlocutora a una dirigente sobre la que Jorge Rodríguez había llegado a lanzar amenazas de detención». Estas mismas fuentes sostienen que en la reunión del 1 de agosto «Figuera y Rodríguez ejecutarán el mandato político que reciban».

La cita entre ambos pretende poner en marcha el mecanismo que permita renovar las instituciones del Estado y crear las condiciones necesarias para celebrar unas elecciones con garantías, en las que cualquier candidato de la oposición que reúna los requisitos legales —incluida María Corina Machado— pueda concurrir.

En esta tercera fase existen dos corrientes claramente opuestas sobre cuándo deberían celebrarse elecciones en Venezuela. Un sector se encuentra dentro del propio país y el otro en Washington, concretamente en la Casa Blanca. En el primero se sitúan los próximos a Delcy Rodríguez en Caracas, que son partidarios de mantener a María Corina Machado al margen de las negociaciones porque consideran que su participación dificultaría los consensos necesarios para culminar la reconstrucción institucional. Su planteamiento pasa por consultar a la líder opositora únicamente al final del proceso y prolongar el actual escenario político el mayor tiempo posible para alargar a Delcy en el poder, hasta situar unas eventuales elecciones presidenciales en Venezuela en 2030.

Por otro lado están los sectores de la oposición contrarios al chavismo que se encuentran en Washington y que desde la Casa Blanca están al tanto de las reuniones que mantiene Figuera. Estos defienden acelerar el calendario y trabajan con el 24 de julio de 2027 como horizonte para la celebración de los primeros comicios libres en Venezuela.

«Se está montando una carpintería institucional para que María Corina Machado o cualquier otro candidato esté habilitado a participar en elecciones libres en Venezuela», insisten las fuentes consultadas. Si las conversaciones prosperan, ese será el verdadero alcance de una negociación que aspira a devolver al país unas instituciones reconocidas por todas las partes, que cuenten con los diputados de las Asambleas Nacionales de 2015 y 2025 y con unas urnas con garantías democráticas.

ABC: EE.UU. negocia en Madrid con la oposición venezolana para alcanzar elecciones libres

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