MARTINOTICIAS - JOSE PERNALETE
Al menos 322 personas permanecen encarceladas por motivos políticos en Venezuela, pese a las garantías anunciadas por la gobernante interina Delcy Rodríguez para impedir las detenciones arbitrarias. El balance de Foro Penal, actualizado hasta el 26 de octubre, incluye a 182 civiles y 140 militares.
Las cifras contrastan con el reciente pronunciamiento de Rodríguez, quien instruyó a los cuerpos policiales a no practicar detenciones sin una orden judicial previa, excepto cuando una persona sea sorprendida cometiendo un delito en flagrancia.
La disposición, sin embargo, ya está contemplada en el artículo 44 de la Constitución venezolana, que establece las condiciones bajo las cuales una persona puede ser privada de libertad.
El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, consideró positivo el anuncio, pero advirtió que su cumplimiento no resolvería por sí solo la situación de quienes permanecen encarcelados por motivos políticos.
En una publicación en la red social X, Himiob sostuvo que la represión política no terminará hasta que sean liberadas todas las personas detenidas sin orden judicial y sin haber cometido delito.
El pronunciamiento vuelve a poner sobre la mesa las exigencias de organizaciones defensoras de derechos humanos, que reclaman no solamente excarcelaciones, sino también garantías para evitar nuevas detenciones arbitrarias.
Expresos políticos exigen indemnizaciones y revisión de procesos judiciales
Las demandas de quienes han recuperado su libertad van más allá de las excarcelaciones.
José Ignacio Moreno Suárez, expreso político venezolano, sostiene que el Estado debe asumir la responsabilidad por los daños ocasionados a las víctimas de detenciones arbitrarias, independientemente de quién ejerza el poder.
En declaraciones a Martí Noticias, Moreno señaló que la obligación de reparar esos daños corresponde a la República y no exclusivamente a una administración gubernamental.
“Es la República la responsable de que falló el sistema judicial en Venezuela. Va a pasar con Delcy Rodríguez, va a pasar con cualquier gobierno que venga, va a pasar con cualquier cambio”, expresó.
Moreno también planteó la necesidad de establecer mecanismos de indemnización para quienes estuvieron encarcelados por motivos políticos y vinculó esas obligaciones con los compromisos financieros que enfrenta el Estado venezolano.
“Si no indemniza a los presos políticos, que es lo básico, no va a indemnizar a las empresas”, afirmó, e insistió en que cualquier gobierno debe respetar los derechos humanos y asumir las reparaciones correspondientes.
El expreso político propone además una auditoría de los expedientes judiciales, bajo el argumento de que una revisión podría revelar irregularidades en numerosos procesos.
El entrevistado también cuestionó las actuaciones de organismos de seguridad como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), a los que atribuyó actuaciones irregulares durante procedimientos contra personas posteriormente encarceladas.
Las dificultades para reconstruir la vida después de prisión
La situación de los expresos políticos también plantea interrogantes sobre las condiciones en las que pueden reincorporarse a la sociedad quienes han recuperado su libertad, especialmente cuando permanecen sometidos a medidas judiciales.
Whillfer Piña, expreso político venezolano y profesor de matemática, aseguró que muchos excarcelados enfrentan dificultades económicas y obstáculos para conseguir empleo.
“La mayoría, para no decir el cien por ciento de los presos políticos que han salido, vivimos en penurias”, afirmó.
Piña relató que su situación judicial se ha convertido en un impedimento para conseguir trabajo, debido al temor de posibles empleadores a contratar personas que estuvieron detenidas por acusaciones relacionadas con terrorismo.
“Cuando uno va a buscar trabajo te lo dicen sencillamente: ‘¿Eres terrorista? ¿Estás bajo presentación? No te puedo dar trabajo’”, explicó.
Su testimonio refleja las dificultades que, según denuncia, persisten incluso después de abandonar la prisión, cuando las restricciones judiciales y los antecedentes de los procesos penales continúan afectando las oportunidades laborales.
Más de 11.000 personas siguen con restricciones judiciales
Además de los 322 presos políticos contabilizados hasta el 26 de octubre, Foro Penal registra 11.468 personas sometidas a medidas restrictivas de libertad, según sus estadísticas oficiales.
La organización también documenta 1.105 liberaciones o excarcelaciones durante 2026, así como 33 detenciones o encarcelaciones por motivos políticos en ese período.
Entradas
