Gobierno de Nicaragua se compromete a garantizar el regreso seguro de los exiliados
VOA - INGLÉS
El gobierno de Nicaragua dijo el lunes que implementará un programa para garantizar el regreso seguro de los exiliados, una propuesta que la oposición rechazó como "absurda".
Cualquier persona que haya huido el año pasado y no tenga un juicio abierto o una acusación formal en su contra será elegible para regresar, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. Dijo que la Organización Internacional para las Migraciones proporcionará apoyo técnico.
El gobierno hizo la propuesta a la oposición Civic Alliance el 10 de abril, pero dijo que no llegó a un consenso.
La directora de la alianza, Azahalea Solís, dijo que el grupo rechazó la propuesta por "absurda".
"Es ridículo actuar como si los exiliados creyeran que el mismo gobierno que los amenazó, los persiguió, mató a sus familiares y ocupó sus casas ahora va a salvaguardar sus vidas y su seguridad", dijo Solís. Ella dijo que la propuesta no incluía ningún mecanismo real para proteger a quienes regresan.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos 325 personas han sido asesinadas durante el último año de disturbios. La comisión estima que hay más de 52,000 personas que han huido del país, principalmente a Costa Rica.
La Alianza Cívica cree que hay al menos 160 personas que huyeron del país mientras enfrentaban una orden de arresto.
Solís dijo que la alianza había contrarrestado la idea del gobierno con un plan para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos supervisara los retornos, pero dijo que el gobierno rechazó esa idea. El gobierno se ha opuesto a la comisión como garante de las negociaciones.
También criticó al gobierno por no completar la liberación de los presos políticos que las autoridades habían prometido.
"Tremenda broma"
Jairo Bonilla, un líder de protesta estudiantil que viajó a Costa Rica el año pasado, dijo que aún recibe amenazas diarias de partidarios del gobierno.
"Para nosotros, como exiliados, no hay garantía de que podamos regresar y no nos pasará nada", dijo Bonilla, quien sostuvo que se le acusa falsamente de actos violentos durante las protestas.
Bonilla también dijo que el presidente Daniel Ortega está tratando de aliviar la presión internacional sobre su gobierno.
"Quiere que parezca que todo es normal en Nicaragua, que Nicaragua está negociando, cuando cada día matan a más personas, arrestan a más personas sin que el mundo se dé cuenta", dijo Bonilla.
La activista de derechos humanos Sara Henríquez, exiliada en Italia, calificó la propuesta de "una broma tremenda".
"No tenemos ninguna seguridad de que no nos vayan a matar", dijo. "Todos los que nos fuimos al exilio, fue porque fuimos amenazados de muerte o tenemos casos con la policía".
El gobierno de Nicaragua dijo el lunes que implementará un programa para garantizar el regreso seguro de los exiliados, una propuesta que la oposición rechazó como "absurda".
Cualquier persona que haya huido el año pasado y no tenga un juicio abierto o una acusación formal en su contra será elegible para regresar, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. Dijo que la Organización Internacional para las Migraciones proporcionará apoyo técnico.
El gobierno hizo la propuesta a la oposición Civic Alliance el 10 de abril, pero dijo que no llegó a un consenso.
La directora de la alianza, Azahalea Solís, dijo que el grupo rechazó la propuesta por "absurda".
"Es ridículo actuar como si los exiliados creyeran que el mismo gobierno que los amenazó, los persiguió, mató a sus familiares y ocupó sus casas ahora va a salvaguardar sus vidas y su seguridad", dijo Solís. Ella dijo que la propuesta no incluía ningún mecanismo real para proteger a quienes regresan.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos 325 personas han sido asesinadas durante el último año de disturbios. La comisión estima que hay más de 52,000 personas que han huido del país, principalmente a Costa Rica.
La Alianza Cívica cree que hay al menos 160 personas que huyeron del país mientras enfrentaban una orden de arresto.
Solís dijo que la alianza había contrarrestado la idea del gobierno con un plan para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos supervisara los retornos, pero dijo que el gobierno rechazó esa idea. El gobierno se ha opuesto a la comisión como garante de las negociaciones.
También criticó al gobierno por no completar la liberación de los presos políticos que las autoridades habían prometido.
"Tremenda broma"
Jairo Bonilla, un líder de protesta estudiantil que viajó a Costa Rica el año pasado, dijo que aún recibe amenazas diarias de partidarios del gobierno.
"Para nosotros, como exiliados, no hay garantía de que podamos regresar y no nos pasará nada", dijo Bonilla, quien sostuvo que se le acusa falsamente de actos violentos durante las protestas.
Bonilla también dijo que el presidente Daniel Ortega está tratando de aliviar la presión internacional sobre su gobierno.
"Quiere que parezca que todo es normal en Nicaragua, que Nicaragua está negociando, cuando cada día matan a más personas, arrestan a más personas sin que el mundo se dé cuenta", dijo Bonilla.
La activista de derechos humanos Sara Henríquez, exiliada en Italia, calificó la propuesta de "una broma tremenda".
"No tenemos ninguna seguridad de que no nos vayan a matar", dijo. "Todos los que nos fuimos al exilio, fue porque fuimos amenazados de muerte o tenemos casos con la policía".
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