INFOBAE - Patrick Fort
Una escuela vacía con cuadernos aún abiertos sobre las mesas, un bar desierto con su mesa de billar y minas artesanales a cielo abierto sin actividad. Una gran operación militar en el sur de Venezuela contra grupos criminales deja pueblos y minas fantasmas de donde todos huyen.
Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo, dispone también de oro, diamantes, bauxita, coltán y tierras raras, en especial en un territorio bautizado como el Arco Minero, controlado en gran parte por bandas armadas o guerrillas.
El lunes el ejército se desplegó alrededor de Las Claritas, en una zona de explotación aurífera del estado de Bolívar (sureste) en manos de dos jefes mediáticos, Juancho y Johan Petrica, este último uno de los fundadores de la temible pandilla venezolana Tren de Aragua, según fuentes locales.
Periodistas de la AFP vieron el jueves allí una decena de vehículos militares y agentes armados con ametralladoras y armas automáticas. También había vehículos del Sebin (servicio de inteligencia).
La operación ocurre cinco meses después de la captura de Nicolás Maduro y tras pocas semanas de aprobarse, bajo presión de Estados Unidos, una nueva ley de minería destinada a atraer inversores privados y, sobre todo, extranjeros.
El lunes “venía por aquí caminando y me pasó un grillo silbando por las orejas y cuando escuché me dije eso son los ninjas”, bromea José Guzmán, minero artesanal de 68 años, que sigue trabajando para pagarse “un plato de espaguetis y mortadela” al día.
“Le dije a la gente que nos están atacando y hubo una explosión y después a poco rato como a los dos segundos, fueron dos más”, relata.
Según una decena de testimonios recogidos por la AFP, el ejército lanzó tres bombas desde helicópteros. Dos helicópteros volaban a baja altura el jueves.
ONG venezolanas denuncian enfrentamientos. Las autoridades, y en particular la presidenta interina Delcy Rodríguez, en el cargo desde la captura de Maduro en enero, guardan silencio sobre la operación.
Muchos trabajadores saludan la acción militar.
“No se imaginan el maltrato (infligido por los tipos) a la población. Era un régimen de terror. Tenías que pagar y pagar una y otra vez. Los que no pagaban, eran ¡fuera! o peor”, dice un minero artesanal bajo condición de anonimato.
“Había malandros armados por todas partes. Espero que el ejército haga operaciones en tierra y ¡Bam-Bam!”, añade.
Un mototaxista que transporta material para un minero afirma que su uniforme de trabajo tenía que pagárselo a los mafiosos en 200 dólares.
“Teníamos que pagar un gramo de oro (120 dólares) cada semana. Cuando pagas tanto, nunca descansas. Espero que no vuelvan para que podamos vivir con dignidad. Es todo lo que pedimos”, confía.
En Brisas de Cuyuní, un área con kilómetros y kilómetros de minas, no se respira riqueza. En una zona deforestada, la pista de tierra serpentea entre los campamentos. Hay casas de madera cubiertas con plásticos y también balsas donde los mineros sacan el barro con largas mangueras.
El barro se mezcla con detergente en polvo y luego baja por unos toboganes cubiertos de alfombras que absorben el mineral y que serán “lavadas” con agua y mercurio para extraer el oro.
Los toboganes, a veces inmensos, dan la impresión de que ha comenzado la construcción de decenas de puentes sobre lagos.
Con la intervención del ejército, “esto prácticamente está abandonado”, afirma Antonio Figuera, de 47 años, minero artesanal mientras barre un antiguo café. Es “prácticamente un pueblo fantasma”.
El lugar estaba lleno de pequeños comercios. Luego del despliegue militar “se lo llevaron todo, todos los bienes de valor”.
Ahora es un ir y venir de motos que transportan a veces a tres adultos y un niño, o cargadas de bultos.
Un hombre en una moto arrastra un techo de zinc colocado sobre una llanta vieja para no dañarlo. Otros arrastran largos tubos que se mueven por la carretera.
“Nos quedamos aquí porque no queremos que nos saqueen”, afirman dos mujeres de un pequeño restaurante. Este flagelo ya ha comenzado.
Francisco, su esposa y su hija trabajan para tratar de recuperar algo de oro. “No tengo ni un dólar. Nada de ahorros. Tengo que pagar un transporte para la familia y nuestras cosas. Espero que tengamos suerte”, se consuela frente a un montón de barro.
“Si nos vamos a la ciudad, el hambre nos va a matar”, dice por su parte Rafael, minero artesanal de 53 años.
Alexis Pérez, de 52 años, aguarda aburrido junto a la balsa donde vive y trabaja. “Esperando a ver qué dice el gobierno, si nos van a dejar trabajar o si ellos van a tomar de una buena vez esta zona”.
Se prevé que el gobierno otorgue nuevas licencias a multinacionales. Tres grandes empresas operaban aquí en los años 2000, antes de que el presidente Hugo Chávez suprimiera las concesiones.
Mientras tanto, Alexis permite una visita a su “morada”, donde suele pasar dos semanas antes de regresar a Las Claritas con su familia: una cama de madera bajo un mosquitero colocada sobre la tierra convertida en barro por la lluvia, una mesa artesanal con un cepillo de dientes y unas tijeras.
Afuera, dos botas de caucho colocadas al revés sobre unos trozos de madera “para que no se metan las culebras”.
Por lo general trabaja unas 12 horas por día y le da para “medio mantenerse”. “La vida de mina es dura, es trabajo duro, hay peligro” cuenta. Pero existe “la esperanza de agarrar algo”.
(AFP)