Nueva propuesta de inmigración en los Estados Unidos genera preocupación
VOA
Son alrededor de las 7 p.m. El jueves en Falls Church, Virginia, y 20 personas se reunieron en una pequeña sala del centro comunitario para escuchar una sesión informativa.
Reuniones como esta están siendo organizadas por organizaciones de derechos de los inmigrantes en todo el país. El objetivo es explicar las últimas pautas de inmigración de la administración de Trump, la llamada Regla de Cargos Públicos, que podrían dificultar que los inmigrantes legales obtengan tarjetas de residencia si han recibido algún tipo de asistencia pública, incluida la atención médica y los cupones de alimentos. y subsidios de vivienda.
"Bueno, empecemos con lo que es público y por qué importa. ¿Alguien lo sabe?" Michelle LaRue, directora de CASA de Maryland en la oficina de Virginia, preguntó en español.
Sólo dos personas intentaron responder. El resto negó con la cabeza.
LaRue explicó que la carga pública es motivo de inadmisibilidad que se aplica cuando una persona solicita la admisión a los Estados Unidos o el ajuste de estatus para convertirse en residente permanente legal o titular de la tarjeta verde.
"Básicamente, esto se toma en cuenta durante un proceso de inmigración. Por ejemplo, si quiero patrocinar a mi madre para que venga a los Estados Unidos, ellos [el gobierno de los Estados Unidos] tomarán en consideración los ingresos de mi familia. ¿Puedo ayudar a mi madre si? ella viene aqui? " LaRue explicó.
El grupo escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas.
LaRue continuó: "Entonces, lo que el presidente está haciendo [con esta guía actualizada] es expandir la regla de la carga pública ... Pero esto no es nuevo. Lo nuevo es la expansión de la regla".
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU. Anunció la regla propuesta a fines de septiembre para garantizar que aquellos que desean ingresar y permanecer en los EE. UU. "No dependan de los beneficios públicos", como los programas de ayuda para nutrición, medicamentos recetados o vivienda. .
Después de que se publicó el aviso, los defensores de los inmigrantes comenzaron a recibir preguntas de personas que se preguntaban si su estatus legal sería retirado. Algunos llegaron incluso a retirar a sus hijos nacidos en los Estados Unidos de los beneficios para los que eran elegibles.
Madison Hardee, analista senior de políticas de CLASP, dijo que bajo las pautas actuales existen dos tipos de beneficios que pueden considerarse en la determinación de cargos públicos: asistencia en efectivo de programas gubernamentales como Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o Ingresos de Seguridad Suplementarios, y de largo plazo Atención institucionalizada a cargo del gobierno, como el programa de Medicaid que paga la atención en hogares de ancianos.
Nueva definición de 'cargo público'
Hardee dijo que los inmigrantes legales deben estar en el país por lo menos cinco años antes de ser elegibles para TANF o SSI y que las personas indocumentadas no son elegibles para asistencia pública. Entonces, explicó, la carga pública es una regla que afectaría a las personas que se encuentran legalmente en los Estados Unidos y que buscan convertirse en residentes permanentes de los Estados Unidos.
Ella usó la atención médica financiada por el gobierno como ejemplo. "Si una mujer embarazada con TPS [Estado de Protección Temporal] fuera a recibir Medicaid para cubrir su atención prenatal y el parto, el recibo de ese Medicaid podría ser retenido en su contra cuando más adelante solicite una tarjeta verde", dijo Hardee.
El libertario Instituto CATO informa que los inmigrantes tienen menos probabilidades de utilizar los beneficios de asistencia social que los estadounidenses nativos.
"Cuando utilizan el bienestar, el valor en dólares de los beneficios consumidos es menor", muestra el estudio. "Si los estadounidenses nativos pobres usaran Medicaid al mismo ritmo y consumieran el mismo valor de beneficios que los inmigrantes pobres, el programa sería un 42 por ciento más pequeño".
La regla de carga pública ha estado vigente desde 1880. Francis Cissna, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), dijo en una conferencia el lunes que "la autosuficiencia ha sido el principio básico del sistema de inmigración de los Estados Unidos".
La determinación de si es probable que un inmigrante se convierta en una carga pública, dijo Cissna, se basa "en la totalidad de los servicios para extranjeros, incluidos estos son factores obligatorios: edad, salud, familia, estado, activos, recursos, estado financiero, educación y habilidades ".
"La regla propuesta, si se finaliza", dijo, "cambiaría la norma según la cual el DHS [Departamento de Seguridad Nacional] determina si es probable que un extranjero se convierta en carga pública ... Y, por lo tanto, no es elegible para una visa o ajuste de estado ".
"Creo que esta regulación es, por primera vez, declarará definitivamente lo que significa cargo público", agregó.
'Sigo preocupado'
Los asistentes al taller de CASA tenían estatus legal en los Estados Unidos.
María es un residente legal permanente en su camino para solicitar la naturalización. María no quiso compartir su apellido, pero dijo que se mudó a los Estados Unidos desde Bolivia hace 20 años.
"Vine hoy porque no entiendo lo que está pasando", dijo María en español.
Maria was mostly worried about the Obama-era Affordable Care Act (ACA). She asked CASA officials if taking part of the ACA would hurt her chances at becoming a U.S. citizen.
CASA officials said she had nothing to worry about. Her health care insurance choice was not under the expanded public charge list proposed by immigration officials.
"Even so, I'm still worried," she replied.
At the Federal Register website, the 434-page document is as yet "unpublished" but scheduled to be published October 10. Once published, the public has a 60-day window for comments.
CASA de Maryland, along with organizations from around the country, began a campaign to inform people and get as many comments as possible. Their goal is to get 100,000 signatures.
The meeting wrapped up at 9 p.m., but most people stayed to speak with CASA officials.
Maria was one of them.
"In my case, I'm blessed that I'm a resident, but I have siblings in my family who are not. So, my goal here was to learn and know more about what's going on. That way I can go home and tell them," she said.
Son alrededor de las 7 p.m. El jueves en Falls Church, Virginia, y 20 personas se reunieron en una pequeña sala del centro comunitario para escuchar una sesión informativa.
Reuniones como esta están siendo organizadas por organizaciones de derechos de los inmigrantes en todo el país. El objetivo es explicar las últimas pautas de inmigración de la administración de Trump, la llamada Regla de Cargos Públicos, que podrían dificultar que los inmigrantes legales obtengan tarjetas de residencia si han recibido algún tipo de asistencia pública, incluida la atención médica y los cupones de alimentos. y subsidios de vivienda.
"Bueno, empecemos con lo que es público y por qué importa. ¿Alguien lo sabe?" Michelle LaRue, directora de CASA de Maryland en la oficina de Virginia, preguntó en español.
Sólo dos personas intentaron responder. El resto negó con la cabeza.
LaRue explicó que la carga pública es motivo de inadmisibilidad que se aplica cuando una persona solicita la admisión a los Estados Unidos o el ajuste de estatus para convertirse en residente permanente legal o titular de la tarjeta verde.
"Básicamente, esto se toma en cuenta durante un proceso de inmigración. Por ejemplo, si quiero patrocinar a mi madre para que venga a los Estados Unidos, ellos [el gobierno de los Estados Unidos] tomarán en consideración los ingresos de mi familia. ¿Puedo ayudar a mi madre si? ella viene aqui? " LaRue explicó.
El grupo escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas.
LaRue continuó: "Entonces, lo que el presidente está haciendo [con esta guía actualizada] es expandir la regla de la carga pública ... Pero esto no es nuevo. Lo nuevo es la expansión de la regla".
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU. Anunció la regla propuesta a fines de septiembre para garantizar que aquellos que desean ingresar y permanecer en los EE. UU. "No dependan de los beneficios públicos", como los programas de ayuda para nutrición, medicamentos recetados o vivienda. .
Después de que se publicó el aviso, los defensores de los inmigrantes comenzaron a recibir preguntas de personas que se preguntaban si su estatus legal sería retirado. Algunos llegaron incluso a retirar a sus hijos nacidos en los Estados Unidos de los beneficios para los que eran elegibles.
Madison Hardee, analista senior de políticas de CLASP, dijo que bajo las pautas actuales existen dos tipos de beneficios que pueden considerarse en la determinación de cargos públicos: asistencia en efectivo de programas gubernamentales como Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o Ingresos de Seguridad Suplementarios, y de largo plazo Atención institucionalizada a cargo del gobierno, como el programa de Medicaid que paga la atención en hogares de ancianos.
Nueva definición de 'cargo público'
Hardee dijo que los inmigrantes legales deben estar en el país por lo menos cinco años antes de ser elegibles para TANF o SSI y que las personas indocumentadas no son elegibles para asistencia pública. Entonces, explicó, la carga pública es una regla que afectaría a las personas que se encuentran legalmente en los Estados Unidos y que buscan convertirse en residentes permanentes de los Estados Unidos.
Ella usó la atención médica financiada por el gobierno como ejemplo. "Si una mujer embarazada con TPS [Estado de Protección Temporal] fuera a recibir Medicaid para cubrir su atención prenatal y el parto, el recibo de ese Medicaid podría ser retenido en su contra cuando más adelante solicite una tarjeta verde", dijo Hardee.
El libertario Instituto CATO informa que los inmigrantes tienen menos probabilidades de utilizar los beneficios de asistencia social que los estadounidenses nativos.
"Cuando utilizan el bienestar, el valor en dólares de los beneficios consumidos es menor", muestra el estudio. "Si los estadounidenses nativos pobres usaran Medicaid al mismo ritmo y consumieran el mismo valor de beneficios que los inmigrantes pobres, el programa sería un 42 por ciento más pequeño".
La regla de carga pública ha estado vigente desde 1880. Francis Cissna, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), dijo en una conferencia el lunes que "la autosuficiencia ha sido el principio básico del sistema de inmigración de los Estados Unidos".
La determinación de si es probable que un inmigrante se convierta en una carga pública, dijo Cissna, se basa "en la totalidad de los servicios para extranjeros, incluidos estos son factores obligatorios: edad, salud, familia, estado, activos, recursos, estado financiero, educación y habilidades ".
"La regla propuesta, si se finaliza", dijo, "cambiaría la norma según la cual el DHS [Departamento de Seguridad Nacional] determina si es probable que un extranjero se convierta en carga pública ... Y, por lo tanto, no es elegible para una visa o ajuste de estado ".
"Creo que esta regulación es, por primera vez, declarará definitivamente lo que significa cargo público", agregó.
'Sigo preocupado'
Los asistentes al taller de CASA tenían estatus legal en los Estados Unidos.
María es un residente legal permanente en su camino para solicitar la naturalización. María no quiso compartir su apellido, pero dijo que se mudó a los Estados Unidos desde Bolivia hace 20 años.
"Vine hoy porque no entiendo lo que está pasando", dijo María en español.
Maria was mostly worried about the Obama-era Affordable Care Act (ACA). She asked CASA officials if taking part of the ACA would hurt her chances at becoming a U.S. citizen.
CASA officials said she had nothing to worry about. Her health care insurance choice was not under the expanded public charge list proposed by immigration officials.
"Even so, I'm still worried," she replied.
At the Federal Register website, the 434-page document is as yet "unpublished" but scheduled to be published October 10. Once published, the public has a 60-day window for comments.
CASA de Maryland, along with organizations from around the country, began a campaign to inform people and get as many comments as possible. Their goal is to get 100,000 signatures.
The meeting wrapped up at 9 p.m., but most people stayed to speak with CASA officials.
Maria was one of them.
"In my case, I'm blessed that I'm a resident, but I have siblings in my family who are not. So, my goal here was to learn and know more about what's going on. That way I can go home and tell them," she said.
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