ASSOCIATED PRESS - JOSHUA GOODMAN
MIAMI (AP) — Un juez federal otorgó 314 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a tres estadounidenses que fueron encarcelados y presuntamente torturados por lo que él denominó una "organización criminal" liderada por el expresidente venezolano Nicolás Maduro, antes de que los hombres fueran liberados en un intercambio por un estrecho aliado de Maduro encarcelado en Estados Unidos.
En 2023, el gobierno de Maduro liberó a Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval tras meses en prisión, como parte de un intercambio negociado en secreto con la administración Biden por Alex Saab, un empresario al que los funcionarios estadounidenses describían desde hacía tiempo como el testaferro de Maduro y que estaba a la espera de juicio en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.
El año pasado, los tres estadounidenses demandaron a varios altos funcionarios venezolanos, incluida la actual presidenta interina Delcy Rodríguez, alegando que fueron sometidos a tortura física y psicológica —electrocución, posturas de estrés y palizas— que aún hoy les causan angustia y trauma a ellos y a sus familias. Fiscales de la Corte Penal Internacional también están investigando denuncias similares de abusos.
El juez Darrin P. Gayles, de Miami, dictó el martes una sentencia en rebeldía contra Maduro, Saab y otros cinco acusados, así como contra el “Cártel de los Soles”, una supuesta red de narcotráfico que involucra a altos mandos militares, por no haber respondido a la demanda. Rodríguez no fue incluida en el fallo después de que sus abogados comparecieran en abril para solicitar la desestimación de la demanda, argumentando que, como jefa de Estado debidamente reconocida, goza de inmunidad ante acciones civiles en Estados Unidos, una afirmación que los demandantes refutan.
Este caso representa la sentencia más cuantiosa hasta la fecha en medio de una serie de demandas presentadas por estadounidenses encarcelados en Venezuela. Todas ellas solicitaban indemnizaciones en virtud de una ley federal poco utilizada , la Ley Antiterrorista, que permite a las víctimas estadounidenses de grupos terroristas extranjeros confiscar los bienes de sus victimarios.
“Los secuestros”, escribió el juez Gayles en su fallo de 19 páginas, “fueron solo uno de los muchos crímenes “cometidos para apoyar el régimen dictatorial de Maduro sobre Venezuela, lo que a su vez permitió a la Conspiración Criminal de Maduro obtener ganancias ilícitas”.
El abogado de Saab, quien se encuentra nuevamente bajo custodia estadounidense enfrentando nuevos cargos luego de que Rodríguez lo entregara a las autoridades estadounidenses en mayo, se negó a hacer comentarios. Los abogados de Rodríguez no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios.
Cada uno de los demandantes llegó a Venezuela sin sospechar que serían acusados de espionaje y utilizados como moneda de cambio en las negociaciones de Venezuela con Estados Unidos.
Kenemore, quien pasó 643 días en prisión, era un informático de Fort Worth, Texas, que vivía en la vecina Colombia con una venezolana a la que conoció en internet mientras ambos se recuperaban de sus divorcios. En 2022, fue secuestrado por hombres armados cerca de la frontera y posteriormente entregado a las autoridades venezolanas, quienes lo encarcelaron de inmediato, según la denuncia.
Saad, natural de Alabama, llevaba varios años viviendo en Venezuela y trabajando en la construcción al momento de su arresto, según la denuncia. Junto con Marval, propietario de una empresa en Florida que hacía negocios en Venezuela, todos fueron detenidos por la temida policía militar venezolana.
La administración Trump calificó al " Cártel de los Soles" como una organización terrorista extranjera antes de un despliegue militar masivo en el Caribe que resultó en la captura de Maduro en enero para enfrentar cargos de narcotráfico en Nueva York.
El expresidente ha negado haber cometido irregularidad alguna y algunos observadores dudan de que la corrupción que lleva mucho tiempo latente en los cuarteles venezolanos haya dado lugar a la creación de un grupo cohesionado de narcotráfico que funcione como otros cárteles latinoamericanos.