NEW YORK TIMES - Tyler Pager y Anatoly Kurmanaev
El secretario de Estado de EE. UU. controla de facto las finanzas de Venezuela, la distribución de sus recursos naturales y su gobierno. Su control es una clara muestra del poder estadounidense en la era Trump.
El presidente Donald Trump estaba sentado en el Despacho Oval a principios de este año con su secretario de Estado, Marco Rubio, cuando se le ocurrió una idea.
Quizá debería enviar a Rubio de forma permanente a Caracas, la capital venezolana, donde los comandos estadounidenses habían llevado a cabo el logro más destacado de la política exterior del segundo mandato de Trump: la captura de Nicolás Maduro, el presidente del país.
Rubio podría ser el próximo líder de Venezuela, sugirió Trump. Y aunque los asesores del presidente dicen que estaba bromeando —y que a menudo se burla de Rubio con lo de un destino en el extranjero—, la realidad es que Rubio no necesita mudarse a Caracas.
Ya gobierna Venezuela desde Washington.
En los seis meses transcurridos desde que las fuerzas estadounidenses derribaron la puerta del dormitorio de Maduro y se lo llevaron en la mitad de la noche, Rubio se ha convertido en el virrey de facto de Venezuela, ejerciendo su influencia sobre una nación soberana de una forma que ningún funcionario estadounidense había hecho desde que L. Paul Bremer III llegó a Bagdad en 2003 para dirigir el Irak ocupado por Estados Unidos.
Actualmente, Rubio controla las finanzas de Venezuela, la distribución de sus recursos naturales y su gobierno, según entrevistas con más de una decena de funcionarios y personas cercanas a ambos gobiernos, tanto en Washington como en Caracas, que han dado detalles sobre su participación en la dirección de las políticas del país. Muchos hablaron bajo condición de anonimato para describir interacciones privadas y debates internos.
Aunque no ha visitado Venezuela en persona desde que Estados Unidos tomó el control, el secretario de Estado está profundamente involucrado en el día a día del país y mantiene un contacto cercano con Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro y ahora dirige su país de forma interina, con el visto bueno de Estados Unidos. Los dos se mandan mensajes en español por WhatsApp, intercambiando chismes, felicitaciones de cumpleaños y selfis.
A pesar de las bromas, la relación entre Rubio y Rodríguez dista mucho de ser una colaboración. Es una muestra del poder estadounidense de la era Trump, en la que el ganador se lo lleva todo, sin importar la soberanía ni el derecho internacional.
El gobierno venezolano no respondió a una solicitud de comentarios. El gobierno de Trump no respondió a preguntas detalladas sobre la autoridad de Rubio en Venezuela. Rubio ha restado importancia a su papel y, en gran medida, evita hablar de su trabajo. Rechazó varias solicitudes de entrevista.
Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado, dijo en un comunicado que “con una cooperación renovada y una gestión económica sólida, Venezuela puede resurgir como un socio estable y próspero cuyos ciudadanos se beneficien de su vasta riqueza natural y de unos lazos más fuertes con Estados Unidos”.
El control directo sobre los ingresos públicos de Venezuela, en particular, distingue la influencia de Washington en ese país de la de la mayoría de los demás países que dependen de su poderío militar y financiero.
El Tesoro de Estados Unidos recibe los ingresos de la mayor parte de las exportaciones de Venezuela y luego los distribuye gradualmente al país a través de bancos privados, una relación parecida a la de unos padres que dan mesada a sus hijos. Rubio y su equipo establecen las condiciones sobre en qué se puede gastar ese dinero y quién puede hacerlo.
Este sistema le ha permitido a Rubio detener los mecanismos de corrupción más escandalosos de Venezuela. Además, le aporta algunos beneficios al gobierno venezolano, que aprovecha la protección efectiva del Tesoro de Estados Unidos para recibir ingresos sin que lo acosen los numerosos acreedores que reclaman el pago de millardos en deuda impagada.
Pero este acuerdo también le ha dado a Rubio una influencia enorme sobre Rodríguez, que depende de ese dinero para pagar a los trabajadores y sostener la moneda nacional.
Además, Rubio supervisa la aplicación de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, decidiendo quién puede hacer negocios en el país y cómo. Ha trabajado para reformar el sector petrolero y ha facilitado el acceso de las empresas estadounidenses. Por su parte, Rodríguez le consulta sobre los nombramientos gubernamentales importantes, como el del ministro de Defensa.
Desde que dos terremotos sacudieron Venezuela el mes pasado, Rubio ha intentado fortalecer el gobierno interino del país. Estados Unidos ha enviado 900 militares a Venezuela, ha comprometido casi 400 millones de dólares en ayuda y ha entregado embalajes de dinero al gobierno venezolano.
Los terremotos han complicado la misión que Rubio se había trazado de devolver la democracia a Venezuela (“Es un revés en ese sentido”, reconoció Rubio el mes pasado). La capacidad de recuperación del país es clave para el objetivo final de Trump: asegurarse el petróleo venezolano para los intereses de Estados Unidos.
Este acuerdo es muy inusual y se está desarrollando 80 años después de que Estados Unidos renunciara a su última gran colonia formal, Filipinas.
Pero Trump ha dejado claro que quiere volver a una era de expansionismo estadounidense, y ha llegado a plantearse tomar el control de Groenlandia, Canadá y el canal de Panamá.
En Venezuela es donde ha tenido más éxito. Pero hay riesgos.
Los críticos de Trump acusan a Estados Unidos de desviar los recursos de Venezuela y de apuntalar un gobierno autoritario al dejar en sus puestos a la mayoría de los secuaces de Maduro. Este acuerdo también enreda a Estados Unidos en las vicisitudes de un régimen profundamente impopular y no elegido que se enfrenta a un clamor cada vez más desesperado por un cambio político.
“El secretario Rubio dijo que no estamos en guerra con Venezuela”, le dijo el representante Sean Casten, demócrata por Illinois, al secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante una audiencia en el Congreso en febrero. ¿Qué autoridad —preguntó Casten— tenía Estados Unidos para controlar los activos venezolanos?
Bessent le dijo a Casten que le respondería en otro momento.
La política realista y sin concesiones de Rubio en Venezuela implica un cambio radical para alguien que se ha pasado toda su carrera presentándose como un defensor de la democracia en Latinoamérica. Ha dicho que su objetivo es una transición democrática a largo plazo.
El resultado de esta incursión en Venezuela podría marcar el futuro político de Rubio ahora que Trump está pensando en su sucesor.
‘Hagamos grande de nuevo a Venezuela’
En la madrugada del 3 de enero, poco después de que capturaran a Maduro, Rubio se puso en contacto con Rodríguez por teléfono. Hablando en español, Rubio le dijo que tenía dos opciones: colaborar con Estados Unidos o presenciar un ataque a mayor escala contra la infraestructura, las bases militares y los altos cargos de Venezuela.
Tras algunas negociaciones, Rodríguez aceptó.
Rodríguez le dijo a Rubio que “básicamente está dispuesta a hacer lo que creamos necesario para que hagamos grande de nuevo a Venezuela”, según Trump. El presidente dijo que Estados Unidos “dirigiría el país” hasta que hubiera una “transición de poder segura, adecuada y prudente”.
Días después, Trump declaró en una entrevista con The New York Times que esperaba que Estados Unidos dirigiera Venezuela durante años.
En el centro de todo está Rubio, a quien otros funcionarios llaman “virrey”, el título que se les daba a los poderosos gobernadores que dirigían el Imperio español hasta que Venezuela y la mayoría de sus otras provincias se rebelaron y obtuvieron su independencia a principios del siglo XIX.
Cuando Rodríguez empezó a formar su gobierno, Rubio intervino en decisiones clave sobre el personal y la animó a purgar a la familia y a los socios comerciales de Maduro. Rodríguez le hizo caso.
La mayoría de los venezolanos se sintieron aliviados por la caída de Maduro, pero luego quedaron sorprendidos al ver cómo el gobierno de Trump se aliaba con la mayoría de sus principales colaboradores. La inflación ha bajado, pero sigue siendo la más alta del mundo, y la moneda del país sigue perdiendo valor. Millones de personas claman por nuevas elecciones, lo que presiona a Rubio para que vaya más allá de los acuerdos económicos e impulse un cambio político. Los inversionistas se muestran nerviosos ante la idea de invertir capital en un sistema que podría derrumbarse en cualquier momento.
Antes de los terremotos, Rodríguez le había estado pidiendo a Rubio mayor autonomía financiera y que se levantaran sanciones económicas, para reducir la presión interna sobre su gobierno.
Rubio se ha mostrado comprensivo con sus argumentos, pero el gobierno de Estados Unidos no ha cedido el control.
La colaboración de Rubio con Rodríguez ha provocado descontento entre algunos diplomáticos de carrera estadounidenses, los venezolanos-estadounidenses y los aliados de Trump, a quienes les molesta la idea de que la mano derecha de Maduro esté en el poder.
Rubio y otros funcionarios han restado importancia a esas preocupaciones, señalando que Rodríguez ha cumplido casi todas las órdenes que le ha dado el gobierno de Trump, sobre todo las relacionadas con las finanzas del país. Venezuela vende gran parte de su petróleo a través de dos empresas comercializadoras, Trafigura y Vitol, en un acuerdo establecido por el gobierno de Trump.
Rubio ha eclipsado en gran medida a Chris Wright, el secretario de Energía, a la hora de orquestar la apertura de la industria petrolera venezolana a la inversión extranjera, la piedra angular de la visión de Trump para el país. Ha dado prioridad a la llegada de nuevas empresas estadounidenses a costa de los productores de petróleo europeos que ya operaban en el país.
Ben Dietderich, vocero de Wright, dijo que el secretario ha colaborado estrechamente con Rubio y que ha hablado con frecuencia con los líderes del sector energético y con Rodríguez.
El control de Washington sobre la economía venezolana va más allá de los ingresos petroleros. El equipo de Rubio hace las licencias que otorgan exenciones de las sanciones a las empresas que quieren hacer negocios en Venezuela. Rubio ha advertido al gobierno de Rodríguez que se abstenga de hacer negocios con adversarios de Estados Unidos. Tras la caída de Maduro, por ejemplo, la compañía petrolera estatal venezolana se ha hecho cargo discretamente de las operaciones de los proyectos petroleros que posee conjuntamente con la empresa estatal rusa Rosneft. Rosneft no respondió a la solicitud de comentarios.
El gobierno de Trump también ha presionado con éxito a Rodríguez para que entregue a los venezolanos que se han metido en problemas con el Departamento de Justicia. A instancias de Estados Unidos, el gobierno de Rodríguez detuvo en febrero a Alex Saab, el multimillonario amigo y socio de Maduro, y aprobó su extradición a Estados Unidos, tras quitarle el pasaporte venezolano.
Algunos funcionarios creen que el Departamento de Justicia quiere utilizar a Saab para reforzar el caso contra Maduro, a quien se le imputan varios delitos de tráfico de drogas.
Y en junio, el gobierno de Rodríguez ayudó a Estados Unidos a acabar con un líder del crimen organizado que tenía vínculos desde hace tiempo con funcionarios venezolanos, según varias personas al tanto de la operación.
Las fuerzas estadounidenses utilizaron la información proporcionada por los funcionarios de Rodríguez para matar al Niño Guerrero, uno de los líderes de la banda Tren de Aragua, en un ataque con misiles en una zona remota del sur de Venezuela. Fue la primera colaboración militar entre ambos países en décadas. El gobierno venezolano recuperó posteriormente el cuerpo del líder de la banda y se lo entregó a Estados Unidos.
El gobierno de Trump ha acusado al Tren de Aragua de colaborar con Maduro para enviar a Estados Unidos drogas y migrantes ilegales, aunque las agencias de inteligencia estadounidenses concluyeron el año pasado que Maduro no controlaba la banda.
El gobierno de Trump incluso controla las apariciones públicas y las declaraciones de Rodríguez. En mayo, Rubio anunció que Rodríguez viajaría a la India antes de que el gobierno venezolano lo mencionara, lo que sorprendió a los funcionarios venezolanos y a los diplomáticos extranjeros.
Cuando Bret Baier, presentador de Fox News, se puso en contacto con Rodríguez para que participara en una entrevista, ella le dijo que Trump tendría que dar su visto bueno. A Trump le encantó que Rodríguez le pidiera permiso, y ha contado la historia varias veces a otras personas cuando le preguntan por ella, según varias personas que conocen sus comentarios.
Cuando Estados Unidos atacó Irán, Yvan Gil, el canciller de Venezuela, emitió una condena moderada de la agresión contra el viejo aliado de Venezuela.
El gobierno de Trump le comunicó a Rodríguez que debía eliminar la publicación y le advirtió que no volviera a apoyar públicamente a sus adversarios. Gil borró la publicación unas horas después de publicarla.
En la práctica, fue una admisión de que Venezuela ya no marcaba su propia política exterior.
Gil no respondió a una solicitud de comentarios.
El apoyo de Trump
Rubio estaba durmiendo en Baréin el mes pasado cuando lo despertó una llamada desde la Sala de Situación de la Casa Blanca. Dos terremotos de gran magnitud se habían registrado en Venezuela, y las primeras imágenes eran desoladoras. Localidades enteras habían quedado arrasadas y había muchas personas desaparecidas.
Poco después, Rubio habló con Rodríguez y le prometió toda la ayuda de Estados Unidos. Los equipos de rescate estadounidenses llegaron al lugar dos días después. Rubio ha descrito los planes del gobierno para Venezuela en tres fases: recuperar la economía, estabilizar el país y facilitar su transición hacia la democracia.
Antes de los terremotos, funcionarios estadounidenses dijeron que se encontraban en la segunda fase, trabajando para abrir Venezuela a la inversión internacional. Para impulsar ese objetivo, altos cargos del gobierno de Trump viajaron a Venezuela para reunirse con sus homólogos y cerrar nuevos acuerdos en materia de energía y minería.
Sin embargo, los anuncios resultantes han sido, en su mayoría, esbozos optimistas de posibles inversiones.
En marzo, Doug Burgum, el secretario del Interior, visitó Venezuela y se reunió con Rodríguez en el palacio presidencial. Durante la visita, Rubio le mandó un mensaje para preguntarle cómo iba la reunión. Rodríguez dijo que iba bien y le envió una selfi con Burgum.
Pero la reunión se vio empañada por noticias perjudiciales. Reuters informó ese mismo día de que el Departamento de Justicia estaba preparando en secreto un proceso judicial contra Rodríguez.
El gobierno de Rodríguez se quedó atónito y pidió aclaraciones a la Casa Blanca. Para calmar las preocupaciones de Rodríguez, Todd Blanche, por entonces fiscal general adjunto, calificó el reportaje de “completamente FALSO”.
Pero el gobierno venezolano quería más garantías. Así que al día siguiente, Rubio le mandó a Rodríguez un mensaje con el enlace a una publicación del presidente de Estados Unidos en las redes sociales.
“Delcy Rodríguez, que es la presidenta de Venezuela, está haciendo un gran trabajo y colaborando muy bien con los representantes de EE. UU.”, escribió Trump. Rodríguez quedó satisfecha y quiso darle las gracias a Trump con una publicación propia. Pero primero le enseñó el borrador a Rubio. Lo publicó después de recibir su aprobación.
Antes de la captura de Maduro, los fiscales estadounidenses habían estado investigando a muchos funcionarios venezolanos, incluida Rodríguez, aunque no está claro si esas investigaciones han sacado a la luz pruebas de delitos. La agencia Associated Press informó en mayo que el gobierno de Trump había ordenado a los fiscales que dejaran de investigar a Rodríguez.
El éxito de los esfuerzos por llevar estabilidad a Venezuela, la segunda fase del plan de Rubio, depende en gran medida de la inversión extranjera. Pero los inversores se muestran cautelosos. El sector petrolero está deteriorado y es corrupto, y el control de Rodríguez sobre el poder es incierto. Los terremotos han retrasado las negociaciones para los nuevos contratos petroleros.
Trump no parece preocupado. Ha insinuado varias veces que Venezuela podría convertirse en el estado número 51.
Aún no hay certeza sobre quién podría dirigir el país de forma más permanente. María Corina Machado, la líder de la oposición exiliada, sigue siendo la política más popular del país. Pero Machado tiene enemigos acérrimos entre los responsables de seguridad y militares de Venezuela, lo que ha llevado a Rubio a descartarla y decidirse por Rodríguez como líder elegida a dedo para el país.
Aunque antes era un firme partidario de Machado, Rubio se ha distanciado de ella en los últimos meses. El enfriamiento de la relación entre el gobierno de Trump y Machado se convirtió en una ruptura abierta tras los terremotos. Los responsables estadounidenses se han negado a ayudarla a volver a Venezuela por miedo a avivar los disturbios.
El plazo para la fase final del plan de Rubio para Venezuela, las elecciones libres, sigue sin definirse. Cuando The New York Times le preguntó a Rodríguez en mayo cuándo celebraría las elecciones, ella dijo: “No lo sé. En algún momento”.
Los analistas políticos dicen que Rodríguez podría estar intentando agotar el tiempo de la presidencia de Trump, con la esperanza de que la presión para celebrar las elecciones se disipe bajo el mandato de su sucesor.
Por ahora, la decisión sobre cuándo se celebrarán las elecciones no está en sus manos. Está en las de Rubio.
Eric Schmitt y Alan Feuer colaboraron con reportería.
Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca y cubre la actualidad del presidente Trump y su gobierno.
Anatoly Kurmanaev cubre la actualidad de Venezuela y su gobierno interino.