Defensa de los activos venezolanos en el extranjero: opaca, con resultados desconocidos y facturas por cientos de millones de dólares

 EL NACIONAL - EQUIPO INVESTIGACIÓN EL NACIONAL

La defensa de los activos venezolanos en el exterior movilizó litigios en varias jurisdicciones y pagos por cientos de millones de dólares a bufetes internacionales. A ese esquema se sumaron contratos de consultoría y lobby en Washington. No existe una contabilidad pública integrada que permita establecer el monto total de los gastos, los criterios de contratación ni las instancias que autorizaron las decisiones.

Desde 2019, la defensa de los activos venezolanos en el exterior se apoyó en una estructura jurídica internacional que contrató bufetes especializados en arbitraje, litigios corporativos y protección de activos soberanos en múltiples jurisdicciones, desde Estados Unidos hasta Europa. Esa operación implicó la gestión de procesos judiciales y disputas que comprometían bienes valorados en miles de millones de dólares. 

Entre 2019 y 2023, esa estructura estuvo bajo la coordinación de la Procuraduría Especial, encargada de diseñar la estrategia jurídica, suscribir contratos con firmas internacionales y autorizar pagos asociados a litigios en curso. Desde esa oficina se centralizaron las decisiones legales sobre la defensa de los activos venezolanos en tribunales extranjeros. 

Cuando la Asamblea Nacional de 2015 eliminó el interinato y la figura del presidente encargado, la Procuraduría Especial dejó de existir. Los gastos de esa estructura quedaron reflejados en los tres informes del procurador Enrique Sánchez Falcón. Los únicos.  

El interinato terminó, pero los juicios siguieron en marcha. La Comisión Delegada Especial de la Asamblea Nacional, que operaba de forma remota, decidió mantener la defensa jurídica de los activos como si nada hubiese cambiado y estableció una estructura colegiada para conservar el control sobre bienes estratégicos como Citgo, cuentas bancarias congeladas y el oro retenido en el Banco de Inglaterra. 

Esa estructura derivó en el Consejo Nacional de Administración y Protección de Activos, integrado por Yon Goicoechea, Omar Barboza, Mariela Magallanes, Luis Florido, Juan Miguel Matheus y José Figueredo. Durante un año, las tensiones entre las fracciones políticas y los cuestionamientos sobre la autonomía de sus integrantes marcaron su funcionamiento. 

En ese contexto, la Comisión Delegada decidió sustituir ese esquema y creó el Consejo de Administración y Protección de Activos (CAPA). Las diputadas Dinorah Figuera, Auristela Vásquez y Marianela Fernández asumieron la dirección política del Parlamento, mientras que la coordinación operativa del CAPA quedó en manos de Gustavo Marcano, junto a Carlos Millán, René Uzcátegui, Fernando Blasi y Yon Goicoechea —el único no diputado del grupo. 

Desde entonces, el CAPA se convirtió en el eslabón central de la cadena institucional: supervisa las juntas ad hoc que administran empresas estatales y define la estrategia jurídica sobre los activos venezolanos en el exterior, sin rendición de cuentas pública consolidada. 

Supervisión sin controles externos 

En el funcionamiento constitucional del Estado venezolano, la gestión de empresas públicas y bienes estratégicos está sometida a varios niveles de supervisión: control parlamentario, Contraloría General de la República y revisión judicial de las decisiones administrativas. Nada de ese sistema se aplicó a la estructura que administraba los activos venezolanos en el exterior. 

Las juntas ad hoc que dirigían empresas como Citgo Petroleum estaban sometidas a la supervisión de la misma arquitectura institucional que las había designado. Un circuito cerrado: yo te nombro y yo te evalúo, nadie me evalúa. 

De 2019 a 2020, José Ignacio Hernández, profesor de derecho administrativo y especialista en arbitraje internacional, actuó como procurador especial. Su designación generó controversia, pero no investigación por conflicto de interés. Hernández había participado como experto jurídico en el proceso arbitral contra el Estado venezolano de la empresa minera canadiense Crystallex y ahora representaría al Estado venezolano y diseñaría la estrategia contra Crystallex. 

Ese esquema, que sostuvo el funcionamiento del sistema durante el interinato, concentró las decisiones sobre activos valorados en miles de millones de dólares en un grupo reducido de actores políticos, jurídicos y corporativos. Un circuito cerrado, sin contrapesos efectivos, en el que no se revisaron —o se optó por ignorar— los antecedentes de José Ignacio Hernández. 

El profesor había participado como testigo experto en el litigio iniciado en Delaware, Estados Unidos, por la empresa minera canadiense Crystallex International Corporation contra el Estado venezolano. Su declaración analiza la relación jurídica entre la República y Petróleos de Venezuela, en la consideración de Pdvsa como un “alter ego” del Estado venezolano. La tesis que le permite a los acreedores de la República intentar ejecutar sus sentencias contra activos de la petrolera, como Citgo Petroleum.  

Como procurador especial, a Hernández le correspondió diseñar y coordinar la estrategia del Estado venezolano frente a Crystallex y otros litigios internacionales que amenazaban sus activos. El cambio de rol generó críticas y expuso las tensiones jurídicas y políticas del sistema encargado de esa defensa. 

Pocos fondos para defender decenas de miles de millones 

En 2020, la jefatura de la Procuraduría Especial pasó a Enrique Sánchez Falcón, jurista especializado en derecho público y exasesor jurídico de la Asamblea Nacional. Recibió una institución sin un registro completo y consolidado de las obligaciones financieras adquiridas con bufetes internacionales. La oficina tuvo que reconstruir las deudas pendientes a partir de facturas y documentos dispersos presentados por los propios despachos. 

La Procuraduría Especial no litigaba directamente. Su función era coordinar la estrategia jurídica y administrar contratos con los bufetes internacionales, pero no contaba con un sistema financiero consolidado para registrar sus compromisos legales defender activos valorados en decenas de miles de millones de dólares  

Bajo la dirección de Sánchez Falcón, la Procuraduría Especial coordinó más de 145 procesos judiciales y 63 arbitrajes internacionales que incluían disputas relacionadas con deuda soberana, arbitrajes por expropiaciones petroleras y mineras, así como procesos destinados a ejecutar activos venezolanos en el exterior. 

En el informe final presentado en enero de 2023, Sánchez Falcón detalla los litigios en curso, las relaciones con los bufetes contratados y los mecanismos utilizados para pagar los honorarios. En los tres años al frente de la Procuraduría su ejecución presupuestaria alcanzó 883.245,76 dólares. Incluía salarios del personal de la oficina, honorarios de consultores jurídicos y gastos administrativos relacionados con la coordinación de los litigios internacionales.  

El salario del procurador especial estaba fijado en 5.000 dólares mensuales, mientras que directores de gabinete y abogados consultores recibían remuneraciones entre 3.800 y 5.000 dólares. Entre los gastos figura la contratación de firmas de asesoría para el seguimiento de litigios internacionales, con honorarios que podían alcanzar 27.200 dólares mensuales.  

En los pagos registrados aparecen facturas de Arnold & Porter, encargada de representar al Banco Central de Venezuela en el litigio sobre el oro depositado en Londres, con facturaciones que superan 1,2 millones de dólares en algunos períodos.  

También se registran pagos a Paul Hastings, contratada para la estrategia jurídica relacionada con la nulidad de los bonos Pdvsa 2020, con facturas superiores a 2,4 millones de dólares. Asimismo, se incluyen pagos a Hogan Lovells y a Sullivan & Cromwell, por la gestión de fondos relacionados con licencias y transacciones autorizadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. En el informe de Sánchez Falcón también destacan facturas a individualidades que superan varios millones de dólares 

A partir de 2023 no hubo una rendición consolidada de cuentas a la estructura política-jurídica sobre los gastos asociados a la defensa jurídica de los activos venezolanos. 

La red política que rodeó la administración de los activos 

Hasta 2023, la estructura político-jurídica que gestionaba los activos en el exterior estuvo influida por una red articulada alrededor de Juan Guaidó y liderada por Leopoldo López, fundador de Voluntad Popular y uno de los principales impulsores de la estrategia que dio origen al interinato. 

López no ocupó cargos formales dentro de la administración de los activos, pero era la figura más influyente. En Washington, la representación diplomática del interinato encabezó Carlos Vecchio, también de Voluntad Popular. Vecchio desempeñaba un papel central en la interlocución con autoridades estadounidenses, especialmente en asuntos relacionados con sanciones financieras y con la obtención de licencias del Departamento del Tesoro para el manejo de fondos congelados. 

Vacío institucional en la administración de empresas estatales 

El sistema operaba sin los controles habituales del Estado venezolano. Las juntas ad hoc que dirigían empresas como Citgo Petroleum no estaban sometidas a supervisión parlamentaria, auditoría de la Contraloría ni revisión judicial. La supervisión recaía en la misma estructura que había designado a sus administradores: un circuito cerrado. 

Las juntas siguieron gestionando empresas estatales en el exterior y contratando bufetes internacionales sin auditoría externa ni mecanismos efectivos de evaluación sobre el uso y protección de esos activos. 

El Estado imaginario y su sombra 

El reconocimiento de Estados Unidos y de decenas de países a Juan Guaidó como presidente encargado tuvo una consecuencia jurídica inmediata: permitió que una estructura política sin control territorial ni rendición de cuentas asumiera la representación del Estado venezolano en tribunales extranjeros y la administración de sus activos en el exterior 

En el sector petrolero, junta administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela que controlaba PDV Holding, registrada en Delaware, propietaria de Citgo Holding, la operadora Citgo Petroleum Corporation, la empresa refinadora con sede en Houston. 

 A través de esa cadena corporativa se nombraban los miembros de la junta directiva de Citgo y se definían las decisiones estratégicas. Citgo continuó funcionando como una empresa energética estadounidense, dirigida por ejecutivos con experiencia en la industria petrolera y sometida a las normas corporativas del mercado energético de Estados Unidos. Pero en el plano de la propiedad, las decisiones fundamentales sobre la empresa dependían de las estructuras institucionales que controlaban PDV Holding y Pdvsa ad hoc.  

Al definir los nombramientos corporativos, aprobar estrategias jurídicas, contratar bufetes y coordinar la defensa frente a acreedores, se generó una concentración inusual de poder dentro del sistema.  La cadena de control quedaba concentrada dentro de la misma red institucional. Los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas de las juntas que administraban activos valorados en miles de millones de dólares eran limitados y poco transparentes. 

De gobierno paralelo a administración de activos sin gobierno  

El interinato desapareció en 2023, pero el circuito que administraba los activos venezolanos siguió operando. Las decisiones dejaron de estar en manos exclusivamente institucionales: intervinieron dirigentes partidistas, asesores políticos y actores sin cargo formal. 

Era equipo político-estratégico, a la sombra y no público, que operaba en paralelo a la estructura formal del interinato. Coordinaba decisiones políticas, diplomáticas y de estrategia internacional. No estaba definido en el Estatuto de Transición, ni en la estructura formal de comisionados, juntas ad hoc o embajadas. Era el núcleo de toma de decisiones políticas alrededor de Juan Guaidó. 

La figura principal era Leopoldo López. No tenía un cargo oficial, pero era el más influyente. Tenía comunicación directa con gobiernos aliados (EE UU, España, Colombia) y participaba en decisiones estratégicas –reconocimiento internacional, manejo de activos en el exterior, nombramientos clave, estrategia de presión internacional. Funcionaba como un doble mando, pero el diseño estratégico venía del equipo de López, Yon Goicoechea, dirigentes técnicos y políticos de Voluntad Popular y consultores internacionales en estrategias de comunicación, lobby y relaciones con Estados Unidos.  

Los otros partidos lo veían como el verdadero centro de poder detrás del interinato. Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo lo cuestionaban, no solo por su opacidad sino que tomaba y ejecutaba decisiones sin pasar por la Asamblea Nacional. Tenía más poder que los comisionados formales y Leopoldo López influía decisiones clave sin tener responsabilidad institucional. De hecho, tomaban las decisiones reales en el gobierno y operaba al margen de la estructura formal, ignorando advertencias y repartiendo cargos como botín partidista. Decidían nombramientos, estrategias, licencias, comunicados, incluso movimientos en empresas como Monómeros y Citgo. 

Arquitectura política con los pies de barro 

El “Centro de Gobierno” operó principalmente alrededor de las juntas administradoras ad hoc, principalmente la de Pdvsa. En diciembre de 2022, con la disolución del gobierno interino, el circuito quedó sin funciones formales, pero continuó operando como un “grupo de intelectuales”. Participaban Carlos Vecchio, Fabiana Rosales –esposa de Guaidó–, Yon Goicoechea y otros asociados a Leopoldo López y Voluntad Popular  

El “Centro de Gobierno”, una estructura paralela, discreta y decisiva, nunca fue aprobado por la Asamblea, no lo regulaba el Estatuto de Transición y nunca rindió cuentas públicamente. Leopoldo López no era comisionado, ministro, procurador ni embajador, pero se convirtió en el principal estratega, orientador y filtro político de las decisiones más importantes del interinato: participaba en reuniones estratégicas, influía en nombramientos, opinaba sobre litigios relacionados con activos del Estado y mantenía comunicación directa con gobiernos aliados. 

Un gobierno provisional, creado para poner fin a un régimen autocrático y corrupto, terminó condicionado por un aparato informal, sin controles democráticos y sin una conducción colegiada clara. El interinato buscó representar la institucionalidad, pero arrastró una contradicción interna —el llamado Centro de Gobierno— que erosionó su legitimidad. 

En 2023, el “Centro de Gobierno” dejó de tener un gobierno al cual influir, pero siguió operando como un aparato político paralelo, con dinámicas propias y con un objetivo distinto al que tuvo durante el interinato. Cambió su función. Aunque sus integrantes pertenecían a Voluntad Popular, operaban como un grupo político autónomo, con agenda propia y con influencia sobre dirigentes, activistas y redes internacionales. Un poder paralelo dentro de la oposición.  

Normalidad, no excepciones 

No hay evidencia documentada de desvío de activos del Estado. Lo que sí existe es una gestión sin trazabilidad pública completa: litigios por miles de millones de dólares, contratos legales de alto costo, juntas ad hoc sin supervisión independiente e informes financieros fragmentarios. En ese contexto, la permanencia de Carlos Vecchio en la residencia oficial en Washington en marzo de 2024 –14 meses después de haber cesado sus funciones– y los pagos por más de 3,5 millones de dólares a una firma de lobby autorizados por la junta ad hoc de PDVSA en los últimos 30 meses no fueron excepciones, sino decisiones tomadas sin control visible. 

La residencia diplomática, propiedad del Estado venezolano, siguió ocupada sin base institucional conocida. No hubo acto administrativo público que autorizara su uso, ni constancia de revisión por parte de una autoridad con competencia para hacerlo. Tampoco se explicó bajo qué criterio se mantuvo. 

El mismo vacío aparece en la gestión más amplia: no hay un sistema consolidado que permita identificar quién autoriza gastos, bajo qué reglas se contratan servicios o cómo se auditan decisiones que comprometen activos públicos en el exterior. 

Vecchio habitaba ese vacío como si fuera parte del inventario natural de la política: lugares que nadie entrega, cargos que nadie cierra, responsabilidades que se evaporan sin que nadie firme el acta final. 

Citgo, del saqueo a la opacidad 

Durante los primeros años del chavismo, Citgo era la vitrina internacional de la revolución. Una refinería moderna, rentable, ubicada en el corazón industrial de Estados Unidos. Pero mientras en el programa dominical el jefe del Estado hablaba de soberanía, fuera de cámara firmaba contratos que hipotecaban el futuro. Convirtió a Citgo en caja chica, en garantía, en aval. Endeudó la empresa para financiar proyectos políticos, para sostener alianzas, para tapar huecos. Cada préstamo era un ladrillo menos en la estructura. Cada emisión de deuda una grieta nueva. Cuando finalmente el país despertó, Citgo ya estaba comprometida con acreedores sin alma. 

Cuando el interinato tomó el control de los activos en el exterior, Citgo pasó de un saqueo rojo a una administración necesariamente transparente. La oposición heredó una empresa en riesgo, sí, pero se la entregó para su manejo y defensa a un pequeño grupo —políticos, técnicos, operadores— que esgrimían con un discurso de salvación, pero con prácticas que recordaban demasiado lo que decían combatir. 

Las juntas ad hoc, creadas para proteger los activos, operaban con autonomía amplia y supervisión escasa. La AN 2015 pedía informes, pero llegaban tarde o llegaban incompletos. Las decisiones se tomaban en reuniones cerradas, entre pocos, con criterios que nunca se explicaron. No hubo saqueo, pero sí hubo opacidad. No hubo robo, pero sí hubo discrecionalidad. Y en un país asediado por la corrupción, la opacidad pesa casi tanto como la evidencia. 

Mientras tanto, los litigios avanzaban. Los acreedores no esperaban por comunicados ni por debates internos. El juez Stark seguía su calendario. Crystallex, ConocoPhillips, los tenedores del bono 2020: todos alineados, todos con sentencias, todos con prisa. Y la oposición, atrapada entre su propia fractura y la presión internacional, respondía como podía. A veces con técnica, a veces con improvisación, casi siempre tarde. 

En Washington, Carlos Vecchio hablaba por un país que no existía. En Caracas, la AN 2015 discutía como si tuviera poder real. Y en medio de todo, un pequeño grupo opositor —los mismos nombres que se repetían en cada junta, en cada comité, en cada decisión— manejaba Citgo como si fuera una empresa privada en manos de un directorio político. 

No hubo privatización formal, pero sí hubo algo parecido: la privatización del control. Un puñado de dirigentes y técnicos tomó decisiones sobre activos públicos sin la transparencia que exigía el momento. No por maldad, sino por cultura política, sino por lógica se supervivencia: el Estado dejó de existir y cada quien administra lo que puede, como puede, mientras puede. 

En 2024, cuando ya no existía gobierno interino ni ficción diplomática que sostuviera el decorado, la residencia del embajador seguía habitada. No por un embajador, sino por el eco de lo que alguna vez fue una representación política. Vecchio permanecía allí como quien ocupa un escenario después de que el público se ha ido y las luces se han apagado. Nadie lo había desalojado, nadie lo había reemplazado, nadie había firmado la entrega. La casa quedó atrapada en ese territorio gris donde la política venezolana suele dejarlo todo: ni legal ni ilegal, ni permitido ni prohibido, simplemente sin resolver. 

En enero de 2026, cuando ya Delcy Rodríguez era la presidenta encargada las juntas administradoras se mantenían operativas. Su estructura de gasto no se limitaba a la contratación de bufetes para la defensa jurídica en tribunales, también abarcaban servicios de consultoría, lobby y estrategia comunicacional en Estados Unidos. Eran contratos no estaban vinculados directamente a procedimientos judiciales, sino a la gestión de relaciones políticas, posicionamiento institucional y manejo de la narrativa en torno a los activos venezolanos en el exterior. 

Uno de los documentos disponibles de la junta ad hoc de Petróleos de Venezuela, presidida por Horacio Medina, se constata que suscribió un acuerdo por 711.650 dólares en un período de 5 meses con un consultor externo para servicios asociados a la coordinación de estrategias en el contexto de litigios internacionales. El alcance del contrato excede la representación legal directa y se extendía a funciones de asesoría estratégica en un entorno donde los procesos judiciales, las decisiones regulatorias y la percepción política estaban interconectados. 

El análisis de la contratación añade un elemento adicional. La firma seleccionada no correspondía al perfil de las grandes consultoras o firmas especializadas que operan habitualmente en ese tipo de servicios en Washington, ni al rango de tarifas que suelen manejar actores consolidados en ese mercado, pero el contrato asumía montos comparables a los de firmas con mayor trayectoria y posicionamiento, lo que plantea interrogantes sobre los criterios utilizados para su selección y valoración económica. 

Este tipo de acuerdos añade una dimensión distinta al uso de los recursos. La defensa de los activos no se desarrollaba únicamente en tribunales, sino también en espacios de influencia política y comunicacional. En Washington, donde se decidían aspectos clave como la emisión de licencias, el reconocimiento de representantes y la viabilidad de determinadas operaciones, la línea entre defensa jurídica y gestión política era difusa. 

La existencia de estos contratos, sumada a la fragmentación en la ejecución de los pagos y a la ausencia de una contabilidad consolidada, impide establecer con precisión el alcance total del gasto. Pero permite identificar un modus operandi: los recursos administrados para la protección de activos también financiaron actividades orientadas a sostener la posición política y jurídica de la estructura que operaba en el exterior. 

La distinción entre gasto jurídico, consultoría estratégica y operación política no siempre aparece claramente delimitada en un modelo gerencial donde las decisiones sobre contratación, ejecución de pagos y supervisión se concentraban dentro del mismo circuito institucional, sin mecanismos independientes de control. 

Pelea en la audiencia 

Cuando el CAPA intentó asumir el control de la defensa judicial a finales de 2023, la junta ad hoc operaba con una lógica distinta, heredada del interinato. Eran los únicos reconocidos por OFAC, los únicos que podían instruir a los bufetes y los únicos que la Corte de Delaware aceptaba como representantes de Pdvsa. Por eso, cuando el CAPA envió instrucciones formales para modificar la estrategia legal en plena fase de subasta, la junta ad hoc simplemente no acató. No hubo confrontación abierta ni comunicados cruzados: hubo silencio. La junta siguió su propio curso, los abogados siguieron a quien tenía reconocimiento legal, y el CAPA quedó reducido a un órgano político sin capacidad operativa real. 

Ese desacople —dos centros de mando, dos legitimidades, dos voces— llegó a Delaware como ruido.  

El special master que se encarga de la subasta recibió señales contradictorias, los acreedores las usaron como evidencia de desorden institucional y la Corte concluyó que Venezuela no tenía una estructura coherente de toma de decisiones. En un litigio donde la claridad pesa tanto como los argumentos, esa fractura interna debilitó la posición del país en el peor momento. Mientras Caracas discutía quién mandaba, Delaware decidió que nadie mandaba, y la subasta avanzó sin esperar a que las piezas se alinearan. 

Costos y consecuencias de la subasta de Citgo 

El reconocimiento de nuevas autoridades dejó sin base a la estructura que durante años administró los activos venezolanos en el exterior. Perdió la representación, pero no el rastro de sus decisiones. 

Contrató bufetes, gestionó litigios y autorizó gastos sobre bienes de la República sin controles equivalentes a los del Estado. No existe una contabilidad pública consolidada ni un registro completo de esas operaciones. 

Quedan sin documentación pública integrada los criterios de contratación, la secuencia de pagos y la identificación precisa de las instancias que autorizaron cada decisión. 

Para más información: https://www.elnacional.com/2026/03/defensa-activos-venezuela-gastos-opacidad-citgo/