20 MINUTOS - CH.L.
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han registrado este jueves la sede de la compañía aérea Plus Ultra en Madrid y ha acabado en la detención del presidente y del CEO de la compañía. Los registros se han producido en el marco de una investigación por presunto blanqueo. La aerolínea fue rescatada por el actual Gobierno con 53 millones de euros.
Ocurrió en 2021, cuando el mundo iba saliendo del agujero causado por la pandemia de Covid. En marzo de ese año, Plus Ultra Líneas Aéreas recibió una ayuda de 53 millones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Fueron dos préstamos, uno participativo de 34 millones y uno ordinario de 19 millones.
En teoría, al frente del holding de empresas públicas ya no estaba Vicente Fernández, detenido este miércoles por la UCO. Sólo estuvo al frente de la SEPI entre junio de 2018 y octubre 2019, cuando dimitió tras ser imputado en la causa judicial que analizó la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla, a la empresa México-Minorbis (acaba de ser absuelto por ese caso). Sin embargo, aunque dimitió no fue sustituido hasta marzo de 2021 por María Belén Gualda González, entonces presidenta de Navantia.
¿Podía ser Plus Ultra estratégica?
El FASEE fue creado por el Gobierno en 2020 para dar apoyo público temporal a empresas no financieras consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional que se hubieran visto afectadas por la pandemia del coronavirus. El fondo ayudó a 21 empresas y Plus Ultra fue una de ellas.
¿Podía ser estratégica una compañía de capital venezolano que operaba poco más de un par de aviones y que contaba con menos del 0,1% del mercado nacional? En el momento del rescate, Plus Ultra arrastraba pleitos pendientes y deudas aplazadas con la Seguridad Social. De hecho, antes de recibir aquellos 53 millones había pedido un préstamo participativo de 6,3 millones de euros, del banco panameño Panacorp.
Según explicó entonces la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, el carácter estratégico de Plus Ultra radicaba "en la importancia que tiene el transporte aéreo para el conjunto de España y también su contribución al turismo y a la economía del país". Según Montero, la aerolínea empleaba a "345 personas de forma directa" y generaba "más de 2.500 indirectos".
Volando desde 2015
Plus Ultra es una aerolínea española. Oficialmente, empezó a operar en julio de 2015. Un año después inició sus vuelos regulares de largo recorrido entre Madrid y varios destinos latinoamericanos. Según su web, actualmente vuelan a Bogotá, Cartagena, Caracas, Lima y Malabo, y también entre Tenerife y Caracas. Su flota está compuesta por aviones Airbus A330. Según Aena, la compañía transportó a 99.885 pasajeros en 2018, cifra que aumentó a 156.139 personas en 2019 y que se redujo a 47.194 en 2020. Ese último año, con Air Europa viajaron cerca de 6,5 millones de personas.
Algunas informaciones apuntan a que en el caso de la aerolínea podría haber mediado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Recientemente, Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos --actualmente en prisión preventiva-- afirmó en una entrevista que su padre había sido presionado por Zapatero para aprobar el rescate, según recuerda la agencia Europa Press. El Partido Popular también ha hecho alusiones en el pasado a los vínculos entre la aerolínea y el expresidente socialista al que considera "facilitador" de la operación de rescate. Zapatero ha negado estar preocupado por las recientes detenciones en torno al caso y rechaza que le puedan afectar y al ser preguntado directamente este miércoles sobre si le pueden salpicar los arrestos, ha respondido que "no" sin aportar más detalles.
Varias informaciones vincularon el rescate de la aerolínea con altos cargos del Gobierno de Venezuela, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez y Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro. Según Armando.info, reconocido medio venezolano de investigación, detrás de Plus Ultra había "inversionistas venezolanos poco conocidos pero relacionados con empresarios que despuntaron durante el chavismo".
La segunda del régimen venezolano había pasado un año antes por España. Fue el Delcygate. El 20 de enero de 2020 tuvo lugar una reunión entre Ábalos y la propia vicepresidenta chavista. Fue en el aeropuerto de Madrid-Barajas y con el conocimiento del presidente Sánchez, pese a que Rodríguez tenía prohibida su entrada al espacio Schengen.
¿Blanqueo de capitales del régimen venezolano?
Los registros de este jueves se desarrollan en el marco de una operación por un presunto delito de blanqueo de capitales que impulsa la Fiscalía Anticorrupción. Es lo que hace dos años hubo que desterrar.
En 2023, el Juzgado de instrucción número 15 de Madrid investigaba el rescate de Plus Ultra por delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la Administración falseando los requisitos. Pero archivo el caso al entender que no había indicios de que la ayuda hubiese sido ilegal.
La jueza Esperanza Collazos escuchó dos informes de peritos. Uno consideraba justificado el rescate de Plus Ultra y otro no. Según este último, no fue la pandemia de Covid lo que causó la crisis de la aerolínea. Al ser contradictorios, la magistrada no halló manera de seguir con la causa. Tampoco el Tribunal de Cuentas encontró anomalías.
Pero en enero de este año, la Fiscalía Anticorrupción insistía en que había indicios de que Plus Ultra defraudó al Estado al hacer un "uso indebido" de los 53 millones de euros del rescate. Según sus investigaciones, "en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública", la aerolínea realizó devoluciones de dinero de supuestos contratos de préstamo a cuentas en el extranjero pertenecientes a sociedades que forman parte de una presunta organización criminal.
Se referían a una presunta red de blanqueo de capitales de fondos ilícitos procedentes de Venezuela que operaba en España, Francia y Suiza. Según Anticorrupción, ese dinero vendría de "actos de malversación cometidos por funcionarios públicos" del régimen venezolano. Esos fondos habrían salido de ventas de oro del Banco de Venezuela y de los programas de distribución de alimentos básicos estatales, los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).
El PP lo llevó a Europa
El Partido Popular sostiene que el Gobierno favoreció la petición de Zapatero y manipuló los criterios de reparto del FASEE. En julio pasado, el PP solicitó a la Comisión Europea que investigara el rescate. La eurodiputada popular Dolors Montserrat apuntó que el caso podría vulnerar varios principios fundamentales del Derecho de la Unión, incluyendo la normativa sobre ayudas de Estado, el Estado de Derecho y la lucha contra el fraude y la corrupción.
Montserrat invitó a la Comisión a aclarar si la ayuda pública recibida por Plus Ultra cumplía con los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), "dado que la empresa beneficiaria tiene una posición marginal en el mercado nacional". Además, instaba a examinar si la intervención política vulneró los principios de imparcialidad administrativa, transparencia, objetividad y no discriminación, ya que otras empresas con mayor impacto económico fueron excluidas del proceso.
Al tiempo, la eurodiputada solicitaba a la Comisión que reclamase una auditoría específica del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el funcionamiento del FASEE y, en concreto, sobre el caso Plus Ultra, en virtud del artículo 287 del TFUE y los Reglamentos (UE) 2021/241 y 2020/2223. La eurodiputada planteaba si este caso "podría constituir una infracción de la normativa europea en materia de lucha contra el fraude y la corrupción", vinculada al uso de fondos del Plan Nacional de Recuperación.
Proceso judicial: información confidencial o no
En todos estos años, el proceso de Plus Ultra no ha resultado demasiado transparente. De hecho, la SEPI siempre se ha negado a que las partes tuvieran acceso al expediente completo aduciendo confidencialidad. El caso acabó en la Audiencia Nacional, que decidió obligar a la aerolínea a entregar la documentación sobre la ayuda pública concedida en 2021 por el FASEE. Ha habido dos decisiones, una sobre si es legal limitar el acceso y otra sobre si puede negarse por completo.
El 21 de noviembre de 2024, la Audiencia avaló un acceso parcial al expediente, excluyendo documentos con información estratégica. Hubo una segunda sentencia de la Audiencia Nacional, de 22 de enero de 2025, que anuló la negativa total del acceso a los documentos de la SEPI, ordenando entregar toda la documentación, al considerar que la confidencialidad prevista en el decreto "no es absoluta" y que no se acreditó el perjuicio que la publicación causaría.
A esta segunda sentencia, el abogado del Estado y Plus Ultra presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En julio, la sala de lo Contencioso-Administrativo admitió a trámite el recurso. Los jueces del Alto Tribunal deben aclarar qué está antes, si el carácter reservado que prevé el Real Decreto-Ley 25/2020 para las operaciones del Fondo Covid o la Ley de Transparencia.
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