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El lunes, Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó ante el 61º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos un informe actualizado sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
«Desde mi última comparecencia ante este Consejo, la situación en Venezuela ha estado marcada por la intervención militar estadounidense del 3 de enero y sus consecuencias. En respuesta a dicha intervención, las autoridades venezolanas declararon el estado de emergencia. Según informes, las fuerzas de seguridad y los grupos civiles armados utilizaron esta circunstancia como pretexto para tomar medidas intrusivas, lo que contribuyó a generar un clima de temor entre la población. Insto a las autoridades a que reevalúen el decreto para garantizar su necesidad y proporcionalidad», declaró Türk.
“Al mismo tiempo, las autoridades venezolanas han tomado medidas para corregir algunos de los errores del pasado. El 19 de febrero se aprobó una nueva Ley de Amnistía. Lamento que se haya redactado sin la debida consulta a toda la sociedad”, añadió.
Según las autoridades, unas 7.700 personas han sido liberadas incondicionalmente al amparo de la ley. Su oficina ha solicitado la lista oficial de los liberados, así como acceso sin restricciones a varios centros de detención, hasta ahora sin éxito. Instó a una mayor transparencia en lo que respecta a la liberación de los detenidos.
“Hemos confirmado que, desde mi última actualización, unas 950 personas que fueron detenidas arbitrariamente han sido puestas en libertad —algunas bajo estrictas condiciones—, entre ellas defensores de los derechos humanos, figuras políticas, periodistas y sindicalistas”, afirmó.
Entre las figuras destacadas entre los liberados se encuentran Javier Tarrazona, Eduardo Torres, Kennedy Tejeda, Carlos Julio Rojas y Rocío San Miguel.
«Si bien comparto el alivio de quienes han sido liberados y de sus seres queridos, jamás debieron haber sido detenidos. Espero que esta práctica cese para siempre y que las autoridades adopten medidas para garantizar la libertad de opinión, incluyendo la defensa de los derechos humanos», declaró.
Unos 60 presos han podido recibir visitas de sus familiares o comunicarse con ellos, mientras que anteriormente no se tenía información sobre su paradero.
En español afirmó: "Insto a las autoridades a garantizar que todas las reformas económicas y las inversiones, incluidas las que se hagan en los sectores del petróleo, el gas y los minerales esenciales, respeten la soberanía de las y los venezolanos sobre sus recursos naturales. Los ingresos deben utilizarse para promover los derechos económicos, sociales y culturales de todos las y los venezolanos, así como proteger el medio ambiente".
(Traducción: “Insto a las autoridades a que garanticen que todas las reformas económicas e inversiones, incluidas las de los sectores de petróleo, gas y minerales críticos, respeten la soberanía de los venezolanos sobre sus recursos naturales. Los ingresos deben utilizarse para promover los derechos económicos, sociales y culturales de todos los venezolanos, así como para proteger el medio ambiente.”)
“Los venezolanos experimentan una mezcla de esperanza, temor e incertidumbre. Los derechos humanos deben guiar el camino a seguir, y quisiera destacar cinco áreas clave de acción. Primero, las autoridades deben liberar de inmediato y sin condiciones a todos aquellos que aún permanecen detenidos arbitrariamente. Segundo, proteger y ampliar el espacio cívico. Esto es fundamental para reparar el tejido social y fortalecer los procesos democráticos”, expresó la Alta Comisionada.
Instó a las autoridades a que permitieran a la sociedad civil trabajar libremente, a que garantizaran su participación en los asuntos públicos y a que protegieran a las ONG, a los periodistas, a los miembros de los sindicatos y a los defensores de los derechos humanos contra las amenazas y los ataques.
“En tercer lugar, reformas estructurales en los sectores de justicia y seguridad. Esto incluye desmantelar los marcos legales y las prácticas que han permitido la represión de la disidencia política. Dichas reformas son fundamentales para garantizar el acceso a la justicia y reconstruir la confianza en las instituciones. El Gobierno también debería desarmar y disolver a los grupos civiles armados que han intimidado y ejercido control sobre la población”, afirmó.
“En cuarto lugar, garantizar y ampliar el acceso a la atención médica, la alimentación, el trabajo y los servicios básicos. Insto a las autoridades a que garanticen salarios, pensiones y otras medidas de seguridad social adecuadas para cubrir las necesidades básicas, y a que renueven su compromiso con los derechos laborales”, declaró Türk.
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