Declaración de la Secretaría General de la OEA en el Día Internacional contra la corrupción

 OEA

En este Día Internacional contra la Corrupción reafirmamos la importancia de luchar contra este flagelo. La corrupción no sólo impacta negativamente el crecimiento económico y el desarrollo social de nuestros países, sino que también erosiona el Estado de Derecho y socava la gobernabilidad democrática.

En la OEA entendemos que la lucha contra la corrupción es una tarea de todos. Por supuesto que la institucionalidad pública tiene el mayor peso y la mayor responsabilidad, pero cada sector, cada ciudadano, tiene un rol que cumplir. Por eso es necesario seguir articulando esfuerzos con la sociedad civil, la empresa privada, la academia, los jóvenes, las mujeres.

La lucha contra la corrupción es igualmente esencial para garantizar un terreno de juego equitativo tanto en el ámbito empresarial como en el público. La corrupción distorsiona la competencia, favoreciendo a aquellos con conexiones indebidas en lugar de recompensar la innovación y la eficiencia. Al erradicar prácticas corruptas, fomentamos ambientes empresariales más saludables y sostenibles, donde la meritocracia y la ética prevalecen. De manera más amplia, combatiendo la corrupción sentamos las bases para comunidades más justas, inclusivas y capaces de enfrentar los desafíos globales con mayor integridad.

Los marcos jurídicos robustos y las instituciones sólidas y eficaces son fundamentales para prevenir y combatir la corrupción. Las leyes no sólo establecen conductas ilícitas, sino que también disponen consecuencias y sanciones para quienes las infrinjan. Simultáneamente, las instituciones fuertes son esenciales para la aplicación efectiva de las normas y políticas públicas contra la corrupción.

Desde la OEA apoyamos a nuestros Estados para fortalecer sus marcos jurídicos e instituciones con el propósito de prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Fuimos pioneros al adoptar la primera Convención, con un enfoque integral en la materia, hoy en vigor en 34 Estados de la Región.

Nuestra Organización también fue pionera al establecer el Mecanismo de Seguimiento de la implementación de nuestra Convención por los Estados, conocido por sus siglas como el MESICIC. Hemos desarrollado herramientas de cooperación jurídica internacional, entre las que se destacan Leyes Modelo relacionadas con las declaraciones patrimoniales y de intereses; Guías Legislativas en las materias a que se refiere la Convención; e indicadores para medir los resultados de los Estados, así como también herramientas para la investigación y persecución efectiva de los delitos de corrupción y protección efectiva de los denunciantes y testigos.

Su Comité de Expertos ha adoptado 13 informes por país con evaluaciones y recomendaciones específicas, trabajando siempre con un enfoque integral de prevención, identificación y sanción. Con ese mismo propósito, en los últimos dos años, los Estados Miembros han compartido 149 buenas prácticas para prevenir o investigar, enjuiciar y sancionar la corrupción.

Es por todo esto que la lucha contra la corrupción está en el centro de nuestros esfuerzos. La ética en la actuación pública y privada, la integridad en la gestión de los asuntos comunes, son fundamentales como faro y guía, y son la única forma de realizar el propósito de la dignidad que nosotros resumimos como “más derechos para más gente”.