El Consejo adopta leyes de la UE sobre un mejor acceso a las pruebas electrónicas



 EUROPEAN COUNCIL 

El Consejo ha adoptado hoy un reglamento y una directiva sobre el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas (e-evidence). Las pruebas electrónicas se refieren a datos digitales, como correos electrónicos, mensajes de texto y datos de tráfico, que se utilizan para investigar y enjuiciar delitos penales. Las nuevas normas facilitarán a las autoridades policiales y judiciales la obtención de dichas pruebas.


"Las leyes que el Consejo ha adoptado hoy mejorarán el acceso de la policía y las autoridades judiciales a las pruebas electrónicas, especialmente cuando se encuentran en otros países. Se trata de un paso crucial para luchar contra la delincuencia en la UE".

Gunnar Strömmer, Ministro de Justicia de Suecia


Órdenes europeas de producción y conservación

De acuerdo con las nuevas reglas, las autoridades judiciales podrán solicitar pruebas electrónicas directamente a los proveedores de servicios, como empresas de telecomunicaciones o redes sociales, con sede en otro estado miembro. Los proveedores de servicios estarán obligados a responder en un plazo de 10 días, u 8 horas en casos de emergencia.


A través de una orden de conservación europea, las autoridades judiciales pueden impedir que los proveedores de servicios extranjeros eliminen datos. Esto permitiría a las autoridades solicitar esta información en una etapa posterior.


Establecimiento designado y representante legal

Los proveedores de servicios que ofrecen sus servicios en la UE deben designar un representante legal o designar un establecimiento al que las autoridades judiciales puedan enviar sus órdenes de pruebas electrónicas. Su función será la recepción, cumplimiento y ejecución de las órdenes europeas de producción y conservación. El representante legal deberá estar físicamente presente en la UE.


Tanto el establecimiento designado o representante legal como el propio prestador de servicios pueden ser considerados responsables si no cumplen con las órdenes. Los estados miembros deben asegurarse de que existan sanciones en caso de incumplimiento.