OEA
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) presentó hoy ante el Consejo Permanente, el Informe Periódico 38 sobre las labores de monitoreo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA). Las actividades se realizaron entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2024, donde se llevaron a cabo 943 misiones en terreno y se recorrieron más de 131 mil kilómetros, por vía terrestre y fluvial. La Misión estuvo durante el semestre, en 275 centros poblados de 171 municipios, de 25 departamentos del país.
El Informe 38 visibiliza los desafíos que aún enfrenta la construcción de Paz en Colombia, en medio de graves afectaciones a la población civil y el recrudecimiento de las violencias en el periodo reportado, y destaca los esfuerzos adelantados por el Gobierno nacional para avanzar en las iniciativas y acuerdos de la política de Paz Total, y en otros temas fundamentales como la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, Implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016 y Paz Ambiental.
Entre las afectaciones monitoreadas se reportan desplazamientos forzados y confinamientos de comunidades enteras en departamentos como Antioquia, Arauca, Córdoba, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca. El Informe identificó un aumento en el reclutamiento de personas menores de 18 años, así como la persistencia del uso por parte de los grupos armados de Minas Antipersonal (MAP) y Municiones Usadas Sin Explosionar (MUSE), instaladas para crear cercos defensivos en zonas de tránsito.
“Durante el segundo semestre de 2024, a pesar de los esfuerzos en la Política de Paz Total, la MAPP/OEA observó un fortalecimiento, crecimiento y ampliación del accionar de los grupos armados con graves afectaciones a la población civil, especialmente en aquellos territorios donde sostienen disputas entre ellos” explicó Roberto Menéndez, jefe de Misión de la MAPP/OEA, y reiteró que, hoy más que nunca, la vida y las personas sean el centro de todas las iniciativas de Paz: “La Paz es un camino exigente que demanda un compromiso sostenido y acciones tangibles que protejan la vida y garanticen derechos y transformen las condiciones en los territorios. Este compromiso requiere acelerar la implementación de los acuerdos, reforzar la seguridad y fortalecer la presencia institucional del Estado, especialmente en las regiones más afectadas por la violencia”.
El Informe reseña los avances en el semestre de las iniciativas y diálogos de paz del Gobierno nacional con diferentes actores, como la instalación de la Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial en Nariño, los acuerdos sobre el Cese al Fuego Bilateral de Carácter Local y Temporal y la destrucción de material de guerra con el grupo armado Comuneros del Sur.
También resaltó lo acordado frente a la instalación de Zonas de Ubicación Temporal con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Logros que, aunque responden a áreas específicas, pueden tener un impacto transformador, y ser el punto de partida para avances concretos de Paz.
“Ante el recrudecimiento del conflicto armado en algunos territorios de Colombia, la SG/OEA reitera el llamado al Gobierno y a los grupos armados a mantener los diálogos de paz en todas sus modalidades, priorizando la protección de la población civil y el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los derechos humanos”, instó el Jefe de Misión en su intervención.
Sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz, el Informe 38 destaca los avances en la erradicación de cultivos de uso ilícito, en la territorialización del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, y en el trabajo articulado entre el proceso especial de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Igualmente, se identificaron avances en la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad con la puesta en marcha del Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325 para Colombia, y la territorialización del Programa Integral de Garantías a Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, que contó con la participación de 800 mujeres de 16 departamentos.
Respecto a la Paz Ambiental, el documento resalta el Plan Acción de Biodiversidad 2030, en el que se reconoce la relación entre conflicto armado, circuitos de ilegalidad y pérdida de biodiversidad. El Plan incluye el fomento de la economía agroforestal y la implementación del Acuerdo Final de Paz, así como acciones para impedir que la naturaleza continúe representando un factor de presión, por parte de grupos armados en los actuales diálogos de paz.
Finalmente, entrega 27 recomendaciones a 11 entidades del Estado como la Oficina del Consejero Comisionado de Paz (OCCP), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, entre otros.
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