CIDH repudia asesinato de adolescentes indígenas del pueblo Murui-Muina, por grupos armados ilegales en Colombia

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Washington D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de adolescentes indígenas del pueblo Murui-Muina perpetrado por un grupo armado ilegal en Caquetá, Colombia. La CIDH hace un llamado al Estado para investigar diligentemente estos hechos, a reparar integralmente a las familias de las víctimas y desarrollar acciones destinadas a la prevención del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.

Al menos tres adolescentes indígenas, víctimas de reclutamiento forzado en marzo de 2023, fueron asesinados el 17 de mayo por un grupo armado ilegal luego de que intentaran escapar al reclutamiento y retornar a sus comunidades. Por el momento, la única víctima identificada es Luis Alberto Matías perteneciente a la comunidad Samaritana del Resguardo Alto Predio, en el departamento de Putumayo.

Frente a estos hechos, el Estado informó sobre la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía General de la Nación y sus acciones respecto de la toma de declaraciones y la verificación de la información con el fin de esclarecer los hechos y los responsables de los mismos. El Estado también informó sobre reuniones sostenidas con autoridades locales y con la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), en las que se acordó el futuro desarrollo de acciones conjuntas tendientes a la eliminación del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.

Según información recibida de las organizaciones de sociedad civil, los territorios donde se encuentran las comunidades indígenas y afrocolombianas en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas se caracterizan por ser zonas con poca presencia del Estado, con acceso limitado a servicios básicos como salud, educación, seguridad y justicia.

En este contexto, los grupos armados ilegales han incrementado su presencia territorial y, han avanzado en la imposición de sus condiciones afectando la organización social de las comunidades. Esta connivencia impuesta deslegitima a las autoridades ancestrales y los mecanismos de organización comunitaria, lo que pone en riesgo la propia existencia de las culturas indígenas y tribales de Colombia.

Asimismo, según la información recibida, esta presencia territorial se ha traducido en un incremento de la violencia en contra de las comunidades y de las personas con liderazgo; incluyendo la violencia sexual contra mujeres; el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, entre otras formas de violencia.

En este contexto, la CIDH llama al Estado a investigar con debida diligencia estos hechos y a reparar a las familias. A los efectos de garantizar los derechos de las comunidades étnicas en Colombia, la CIDH exhorta al Estado a fortalecer su presencia integral a nivel territorial, en especial las instituciones dedicadas a garantizar la seguridad y la justicia, así como, aquellas destinadas al efectivo acceso a la salud, educación, trabajo, entre otros.

Finalmente, la Comisión valora los esfuerzos del Estado en la búsqueda de paz y la desarticulación de los grupos armados ilegales, y recuerda el derecho de las víctimas del conflicto armado a participar en estas instancias y en los mecanismos de verificación del cumplimiento de las condiciones que vayan siendo acordadas en los mismos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.