CIDH rechaza continua represión y violaciones de derechos humanos en Nicaragua

 

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Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechaza continua represión y violaciones de derechos humanos en Nicaragua.

El 9 de junio, la CIDH recibió información sobre la publicación del requerimiento realizado por la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua a la Procuraduría General de la República para formalizar el decomiso de todos los bienes inmuebles, acciones y sociedad mercantiles de las 222 personas excarceladas y expulsadas arbitrariamente en febrero pasado. Dichas sanciones afectan los bienes en mancomunidad, derechos de terceras personas y, además, dejan en situación de mayor vulnerabilidad a estas personas, así como a sus familiares que permanecen en el país. Como fue señalado por la CIDH, la confiscación de los bienes y el patrimonio constituye una sanción penal arbitraria y desproporcionada que resulta contraria el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Preocupa también la política arbitraria que mantienen las autoridades respecto del libre ingreso o salida del país de la población. Al respecto, la CIDH, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) continúa recibiendo información sobre el retiro y retención arbitraria de pasaportes o la negativa de expedición como mecanismo para impedir la salida de personas al exterior.

MESENI ha recibido información sobre casos de prohibición de retorno de personas nicaragüenses, quienes se enfrentan a una situación de desplazamiento forzado, obligadas a buscar regularizar su situación migratoria o acceder a mecanismos de protección internacional en otros países. Algunas personas a las que el Estado impidió arbitrariamente el retorno, señalaron al MESENI encontrarse bajo una "apatridia de facto" debido a la imposibilidad de renovar los pasaportes vencidos o acceder a otros documentos de identidad por encontrarse fuera del país y por la negativa del Estado de expedir esta documentación. Estas acciones han derivado también en la separación forzada de múltiples familias nicaragüenses.

La Convención Americana consagra el derecho a la nacionalidad y establece expresamente una garantía contra su privación arbitraria; asimismo, los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas establecen que toda persona tiene un derecho inderogable a tener una nacionalidad y no ser apátrida, a conservar su nacionalidad, no pudiendo denegarse, perder o ser privada arbitrariamente de ella. Estos Principios también reconocen el derecho de toda persona a regresar al Estado de su nacionalidad.

Por otra parte, preocupa a la CIDH la información recibida sobre nuevas detenciones arbitrarias de personas defensoras, periodistas e integrantes de la iglesia católica. Entre los meses de abril y mayo, más de 140 personas fueron detenidas en las celebraciones de semana santa, en la conmemoración del aniversario de las protestas de 2018, así como en operativos policiales ocurridos de forma simultánea en diferentes departamentos. Dichas detenciones masivas se caracterizaron por el uso desproporcionado de la fuerza y allanamientos violentos.

Si bien algunas detenciones habrían sido temporales, la información recibida apunta a que decenas de personas fueron judicializadas en audiencias secretas, procesos expeditos, sin el cumplimiento de las garantías judiciales. En otros casos, las autoridades habrían impuesto discrecionalmente la medida cautelar de "casa por cárcel" y órdenes de presentación diaria en estaciones policiales, lo que las mantendría en una situación de zozobra, asedio y persecución permanente. A la fecha, prevalecería un contexto generalizado de falta de información oficial sobre el paradero de las personas detenidas y su situación jurídica, lo que dificultaría el trabajo de la sociedad civil para documentar nuevos casos de personas presas políticas.

En este contexto, en el mes de mayo, la Corte Suprema de Justicia ordenó la inhabilitación vitalicia de 26 abogadas y abogados, con lo cual buscaría perpetrar un ambiente de miedo y autocensura en contra de quienes ejercen la defensa de personas opositoras políticas o siguen trabajando en Nicaragua.

Las comunidades indígenas en la Costa Caribe también han informado sobre el agravamiento de la represión por detenciones arbitrarias, asedio policial, hostigamiento y la persistencia de agresiones, amenazas y secuestros por parte de colonos armados que actúan con la tolerancia de las autoridades estatales. Ante la gravedad de la información recibida, la CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ampliar las medidas provisionales en el Asunto "Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región Costa Caribe Norte respecto de Nicaragua" a fin de incluir los pobladores de las comunidades indígenas Musawas y Wilú del Territorio Mayangna Sauni As, de la Región de la Costa Caribe Norte en Nicaragua.

Finalmente, la CIDH observa que continúa la represión contra los sectores críticos de la iglesia católica nicaragüense. La Policía Nacional ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de diferentes diócesis con motivo de investigaciones relacionadas con "actos de Traición a la Patria"; en mayo, los sacerdotes Eugenio Rodríguez Benavides, párroco de la Divina Providencia de Jalapa, en el departamento de Nueva Segovia, y Leonardo Guevara Gutiérrez, párroco de de Estelí habrían sido detenidos; mientras que, el obispo Rolando Álvarez Lagos, privado de la libertad y beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, permanecería incomunicado desde el 25 de marzo de 2023, sin derecho a recibir visitas y en una celda de castigo en el Sistema Penitenciario Nacional.

Ante la persistencia de la represión en el país, la CIDH hace un llamado a los Estados de la región, a la comunidad internacional y a los Órganos Políticos de la OEA para promover el retorno a la democracia, la plena vigencia del Estado de derecho en Nicaragua. Asimismo, urge al Estado nicaragüense a poner fin a la persecución de las personas opositoras políticas en el país y a la liberación de todas las personas detenidas de manera arbitraria.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.