Venezuela: la UE añade a la lista de sanciones a siete miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia
CONSILLIUM EUROPE
El Consejo ha añadido a la lista de personas sujetas a medidas restrictivas a siete miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia venezolanas. Entre las medidas previstas figuran la prohibición de viajar y la inmovilización de bienes. Las personas incluidas en la lista están implicadas en torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos. Cuatro de ellas están relacionadas con la muerte del capitán Acosta Arévalo.
La decisión de hoy, que eleva a veinticinco el número total de personas sujetas a sanciones en vista de la situación en Venezuela, es derivación directa de la Declaración emitida por la Alta Representante en nombre de la UE el 16 de julio de 2019, en la que la UE indica que está preparada para empezar a trabajar en la aplicación de medidas selectivas respecto de los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos.
La Declaración destaca que el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirma con claridad y detalle el grado y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, el deterioro del estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas en el país. Además, la Declaración menciona que la trágica muerte del capitán Acosta Arévalo mientras estaba bajo la custodia de las fuerzas de seguridad de Venezuela constituye un ejemplo patente del deterioro continuo de la situación de los derechos humanos.
En noviembre de 2017, la UE impuso a Venezuela medidas restrictivas consistentes en un embargo de armas y equipos destinados a la represión interna, así como en la prohibición de viajar y la inmovilización de activos respecto de las personas incluidas en la lista. Estas medidas restrictivas tienen como finalidad promover una solución política, pacífica y democrática, mediante la celebración de unas elecciones presidenciales creíbles y transparentes bajo observación internacional, que permitan restablecer la democracia, el estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela. Son flexibles y reversibles, y se han concebido de forma que no perjudiquen a la población venezolana.
El Consejo ha añadido a la lista de personas sujetas a medidas restrictivas a siete miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia venezolanas. Entre las medidas previstas figuran la prohibición de viajar y la inmovilización de bienes. Las personas incluidas en la lista están implicadas en torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos. Cuatro de ellas están relacionadas con la muerte del capitán Acosta Arévalo.
La decisión de hoy, que eleva a veinticinco el número total de personas sujetas a sanciones en vista de la situación en Venezuela, es derivación directa de la Declaración emitida por la Alta Representante en nombre de la UE el 16 de julio de 2019, en la que la UE indica que está preparada para empezar a trabajar en la aplicación de medidas selectivas respecto de los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos.
La Declaración destaca que el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirma con claridad y detalle el grado y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, el deterioro del estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas en el país. Además, la Declaración menciona que la trágica muerte del capitán Acosta Arévalo mientras estaba bajo la custodia de las fuerzas de seguridad de Venezuela constituye un ejemplo patente del deterioro continuo de la situación de los derechos humanos.
En noviembre de 2017, la UE impuso a Venezuela medidas restrictivas consistentes en un embargo de armas y equipos destinados a la represión interna, así como en la prohibición de viajar y la inmovilización de activos respecto de las personas incluidas en la lista. Estas medidas restrictivas tienen como finalidad promover una solución política, pacífica y democrática, mediante la celebración de unas elecciones presidenciales creíbles y transparentes bajo observación internacional, que permitan restablecer la democracia, el estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela. Son flexibles y reversibles, y se han concebido de forma que no perjudiquen a la población venezolana.
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