Mensaje del Secretario General de la OEA sobre Venezuela
NDP OEA
Hay elementos de las dictaduras que son inconfundibles. Hoy debo referirme a uno más en Venezuela: el pase de civiles a la justicia militar.
El régimen cívico-militar de Venezuela representa lo peor de cada dictadura. Eso incluye el control tiránico sobre las libertades politicas y las garantías fundamentales de la gente, la eliminación de la actuación de los poderes del Estado de representación popular, los presos políticos y la tortura, empezando por los colectivos armados, una suerte de camisas negras del fascismo, con orden de atacar civiles durante las manifestaciones.
Las acusaciones de fiscales militares a civiles son un absoluto despropósito en términos jurídicos.
En Venezuela, el Estado de Derecho no existe ni siquiera como apariencia.
Las acusaciones de delitos de vilipendio y de instigación a la rebelión así como otras tipificaciones de similar naturaleza forman parte de un discurso reaccionario desprovisto de fundamentos legales aplicados contra manifestantes. La realidad es que simplemente cumplen con el propósito de privar de su libertad a aquellos que protestan pacíficamente.
Cuando un gobierno considera que su pueblo es la amenaza a su continuidad es porque es un gobierno cuya estrategia es continuar sin el pueblo y partiendo del uso de la fuerza.
Esto constituye una nueva violación de la Constitución, que en su artículo 261 dice claramente que:
“La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”.
Civiles de los Estados de Zulia, Carabobo y Falcon están privados de libertad y sometidos a la justicia militar, cuya cadena de mando comienza en el General en Jefe Vladimir Padrino López (EJ), Máxima Autoridad de la Justicia Militar; continúa con el General de División (EJ) Jorge Timaure Tapia, Presidente de la Corte Marcial; la Capitana de Navío Siria Venero de Guerrero, Fiscal General Militar; y el General de Brigada (GN) Óscar Gil Arias, Defensor Público Militar.
El grupo de personas que detenta el poder en Venezuela no tiene derecho a infligir al país y al continente el perjuicio y el daño que le está provocando.
Esta cadena de mando no tiene derecho a perseguir, no tiene derecho a encarcelar, no tiene derecho a intimidar, a amedrentar y, en definitiva, a terminar de destruir a la hermana nación venezolana y a desestabilizar la región, escudándose en fantasiosas conspiraciones imaginarias y desatendiendo sus responsabilidades. Esta criminalidad dictatorial de asumir justicia a civiles en el poder militar no tendrá impunidad.
Hemos llegado a un punto que no tiene otro retorno que el de las elecciones generales inmediatas para que la gente de Venezuela pueda expresarse y redemocratizar el país.
Procesar civiles desde la justicia militar vulnera todos los principios básicos de democracia y Derechos Humanos. En un nuevo acto autoritario, el regimen vuelve a agredir la soberanía y la democracia en Venezuela, con lo que pierde cada vez más legitimidad.
Ningun civil, ni siquiera los delincuentes comunes, pueden ser sometidos a la decisión de un tribunal que está especificamente diseñado para juzgar a militares por actos cometidos durante su servicio. El ejecutivo intenta llevar a los presos políticos a la justicia militar para poder manipular ilegítimamente las decisiones que allí se tomen, someterlas a sus intereses y mantenerlas silenciados y alejadas de la vida pública.
Del mismo modo, manipular los códigos militares para forzarlos a encajar en casos civiles es desnaturalizar y agredir también a la función militar y a sus servidores, obligándolos a asumir competencias que no les son propias.
El derecho y las garantías básicas de un debido proceso ya no existen en Venezuela desde el momento que un civil es forzado a comparecer ante un tribunal militar. Tampoco existe el derecho a la defensa, que ya hace tiempo vimos languidecer con medidas como la sentencia de prisión de Leopoldo Lopez.
Ya lo dije en el pasado y hoy es más que oportuno reiterarlo: en Venezuela murió el Estado de Derecho.
El régimen atenta contra su Constitución, bloquea un sistema judicial que paradójicamente le es afín y bloquea asimismo cualquier posibilidad de decisión desde el Minsiterio Público, una institucion estatal que ha tenido el valor de intentar salvaguardar la Carta Magna frente a las últimas embestidas del régimen.
Los gobiernos de América Latina lo vivimos en el pasado, hemos luchado contra la impunidad y hemos dicho "Nunca Más" a la dictadura y a la represión. Desde la OEA hemos generado mecanismos para preservar y proteger la democracia en todos y cada uno de los Estados Parte. No podemos guardar silencio frente a un abuso tan evidente de los derechos humanos básicos de los venezolanos.
Hay elementos de las dictaduras que son inconfundibles. Hoy debo referirme a uno más en Venezuela: el pase de civiles a la justicia militar.
El régimen cívico-militar de Venezuela representa lo peor de cada dictadura. Eso incluye el control tiránico sobre las libertades politicas y las garantías fundamentales de la gente, la eliminación de la actuación de los poderes del Estado de representación popular, los presos políticos y la tortura, empezando por los colectivos armados, una suerte de camisas negras del fascismo, con orden de atacar civiles durante las manifestaciones.
Las acusaciones de fiscales militares a civiles son un absoluto despropósito en términos jurídicos.
En Venezuela, el Estado de Derecho no existe ni siquiera como apariencia.
Las acusaciones de delitos de vilipendio y de instigación a la rebelión así como otras tipificaciones de similar naturaleza forman parte de un discurso reaccionario desprovisto de fundamentos legales aplicados contra manifestantes. La realidad es que simplemente cumplen con el propósito de privar de su libertad a aquellos que protestan pacíficamente.
Cuando un gobierno considera que su pueblo es la amenaza a su continuidad es porque es un gobierno cuya estrategia es continuar sin el pueblo y partiendo del uso de la fuerza.
Esto constituye una nueva violación de la Constitución, que en su artículo 261 dice claramente que:
“La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar”.
Civiles de los Estados de Zulia, Carabobo y Falcon están privados de libertad y sometidos a la justicia militar, cuya cadena de mando comienza en el General en Jefe Vladimir Padrino López (EJ), Máxima Autoridad de la Justicia Militar; continúa con el General de División (EJ) Jorge Timaure Tapia, Presidente de la Corte Marcial; la Capitana de Navío Siria Venero de Guerrero, Fiscal General Militar; y el General de Brigada (GN) Óscar Gil Arias, Defensor Público Militar.
El grupo de personas que detenta el poder en Venezuela no tiene derecho a infligir al país y al continente el perjuicio y el daño que le está provocando.
Esta cadena de mando no tiene derecho a perseguir, no tiene derecho a encarcelar, no tiene derecho a intimidar, a amedrentar y, en definitiva, a terminar de destruir a la hermana nación venezolana y a desestabilizar la región, escudándose en fantasiosas conspiraciones imaginarias y desatendiendo sus responsabilidades. Esta criminalidad dictatorial de asumir justicia a civiles en el poder militar no tendrá impunidad.
Hemos llegado a un punto que no tiene otro retorno que el de las elecciones generales inmediatas para que la gente de Venezuela pueda expresarse y redemocratizar el país.
Procesar civiles desde la justicia militar vulnera todos los principios básicos de democracia y Derechos Humanos. En un nuevo acto autoritario, el regimen vuelve a agredir la soberanía y la democracia en Venezuela, con lo que pierde cada vez más legitimidad.
Ningun civil, ni siquiera los delincuentes comunes, pueden ser sometidos a la decisión de un tribunal que está especificamente diseñado para juzgar a militares por actos cometidos durante su servicio. El ejecutivo intenta llevar a los presos políticos a la justicia militar para poder manipular ilegítimamente las decisiones que allí se tomen, someterlas a sus intereses y mantenerlas silenciados y alejadas de la vida pública.
Del mismo modo, manipular los códigos militares para forzarlos a encajar en casos civiles es desnaturalizar y agredir también a la función militar y a sus servidores, obligándolos a asumir competencias que no les son propias.
El derecho y las garantías básicas de un debido proceso ya no existen en Venezuela desde el momento que un civil es forzado a comparecer ante un tribunal militar. Tampoco existe el derecho a la defensa, que ya hace tiempo vimos languidecer con medidas como la sentencia de prisión de Leopoldo Lopez.
Ya lo dije en el pasado y hoy es más que oportuno reiterarlo: en Venezuela murió el Estado de Derecho.
El régimen atenta contra su Constitución, bloquea un sistema judicial que paradójicamente le es afín y bloquea asimismo cualquier posibilidad de decisión desde el Minsiterio Público, una institucion estatal que ha tenido el valor de intentar salvaguardar la Carta Magna frente a las últimas embestidas del régimen.
Los gobiernos de América Latina lo vivimos en el pasado, hemos luchado contra la impunidad y hemos dicho "Nunca Más" a la dictadura y a la represión. Desde la OEA hemos generado mecanismos para preservar y proteger la democracia en todos y cada uno de los Estados Parte. No podemos guardar silencio frente a un abuso tan evidente de los derechos humanos básicos de los venezolanos.
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