Berlín/Múnich, 25 may (dpa) - Los activistas climáticos del grupo "Letzte Generation" (Última Generación) subrayaron hoy que no hay que temer a la radicalización y que continuarán con las protestas tras las redadas realizadas ayer miércoles por la Policía.
El grupo declaró que el registro de 15 viviendas infligió heridas en la confianza en un Estado "que trata a los manifestantes pacíficos como delincuentes". Los activistas añadieron que, tras el operativo policial, están recibiendo un gran apoyo y que ampliarán las protestas, bloqueos y manifestaciones por toda Alemania en los próximos días y semanas.
El grupo llama regularmente la atención sobre las consecuencias del calentamiento global con sentadas y acciones en museos. A menudo se adhieren con pegamento al asfalto de las carreteras o se pegan incluso a obras de arte.
Actualmente, sus principales reivindicaciones son un límite de velocidad de 100 kilómetros por hora en todas las autopistas del país y un billete mensual subvencionado y permanente de nueve euros (9,65 dólares) para el transporte público.
Kevin Kühnert, secretario general del Partido Socialdemócrata del canciller Olaf Scholz, puso en duda que estas protestas sirvan para avanzar en la protección del clima. Kühnert señaló en un podcast de dpa que "no ve" que estas medidas lleven a la gente con ingresos y situación de vivienda medios a reconsiderar ahora su coche, su casa, su consumo y que eso la haga estar dispuesta a hacer cambios.
El líder de la conservadora CDU, Friedrich Merz, rechazó una reunión con Última Generación por considerarla inútil. "Son delincuentes y no interlocutores", señaló Merz al canal n-tv, apuntando que existe el derecho a protestar y que el Tribunal Constitucional Federal también declaró permisibles los bloqueos de corta duración de la vida pública.
"Pero los daños masivos a la propiedad, dañar obras de arte, hacer pintadas en placas conmemorativas, pegarse en las autopistas y hasta en los mismos coches son simplemente delitos penales, y eso ya no tiene nada que ver con la protesta legítima", sostuvo el dirigente conservador.
A su vez, el vicepresidente del Partido Liberal, Johannes Vogel, comentó en un programa de la cadena pública ARD que cada acción de los activistas medioambientales provoca "un ciudadano más enfadado en este país y que la gente se vuelva contra el objetivo de la protección del clima".
Alrededor de 170 agentes registraron ayer miércoles 15 viviendas y locales comerciales del grupo de activistas en siete estados federados durante redadas, según informaron la Fiscalía de Múnich y la Oficina Regional de la Policía Criminal de Baviera. Se acusa a ciertos miembros de Última Generación de formar o apoyar una organización criminal.
A su vez, el investigador sobre extremismo Matthias Quent alertó en declaraciones a dpa sobre el peligro de que la actuación de los investigadores pueda llevar a la radicalización de individuos en la comunidad de los activistas.
El grupo rechazó tales especulaciones y explicó: "Si ayer algunos se preguntaban si Última Generación está cambiando ahora, incluso pasando a la clandestinidad, entonces no han entendido lo que es realmente Última Generación. Última Generación procede del centro de la sociedad".
La ministra del Interior, Nancy Faeser, indicó que la redada demostró "que el Estado constitucional no se deja tocar las narices", mientras que el canciller Scholz calificó el lunes las pegadas del grupo de "completamente disparatadas".
Entre los juristas se discute si Última Generación puede clasificarse como organización criminal en virtud del artículo 129 del Código Penal. Aún no se ha dictado sentencia judicial al respecto. Sin embargo, varias fiscalías investigan al respecto, mientras que otras no ven aún ninguna sospecha inicial.
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