CIDH realizó visita a Argentina para supervisar el cumplimiento de sentencias
CIDH
San José, Costa Rica, 3 de noviembre de 2022.- Una delegación de la Corte Interamericana y su Secretaría efectuó una visita a Buenos Aires, Argentina, los días 24 a 26 de octubre de 2022, para realizar audiencias privadas de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias, sostener reuniones con diversas autoridades estatales y participar en actividades académicas. Por la delegación de la Corte, estas actividades estuvieron a cargo de la Jueza Nancy Hernández López, quien estuvo acompañada del Secretario del Tribunal, Pablo Saavedra Alessandri, y la Coordinadora de la Unidad de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de la Secretaría, Gabriela Pacheco Arias.
Se agradece que Argentina haya brindado su anuencia y colaboración para la realización de estas actividades de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias en su territorio. En particular, se reconoce la colaboración de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de la Dirección de Contencioso Internacional en Materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para la organización de los aspectos necesarios para su realización.
I. Audiencias de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias
Durante tres días se celebraron cinco audiencias privadas de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias, las cuales tuvieron lugar en la sede del Archivo Nacional de la Memoria, ubicado en el Espacio Para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA).
Para convocar estas audiencias, la Presidencia del Tribunal tomó en cuenta las solicitudes presentadas al respecto por las partes en distintos casos de Argentina en etapa de Supervisión de Cumplimiento.
El Tribunal ha destacado la importancia de que los Estados permitan este tipo de diligencias en su territorio, ya que esta modalidad de audiencia y actividades de supervisión posibilita una mayor participación de las víctimas y de los distintos funcionarios y autoridades estatales directamente a cargo de la implementación y ejecución de las diversas reparaciones ordenadas en las Sentencia; brinda la oportunidad de establecer un diálogo directo entre las partes, así como una mejor disponibilidad para asumir compromisos dirigidos al pronto cumplimiento de las reparaciones.
1. Audiencia del Caso Mendoza y otros
En la Sentencia, emitida en 2013, se determinó la responsabilidad internacional del Estado por diversas violaciones a derechos humanos relacionadas con la imposición de penas de privación perpetua de la libertad a cinco personas (César Alberto Mendoza, Lucas Matías Mendoza, Ricardo David Videla Fernández, Saúl Cristian Roldán Cajal y Claudio David Núñez) por delitos cometidos durante su infancia.
En la audiencia, celebrada el 24 de octubre de 2022, se supervisaron nueve de las reparaciones ordenadas en la Sentencia, entre las que se encuentran:
medidas de rehabilitación en salud y de opciones educativas o de capacitación formales para las víctimas, y
varias garantías de no repetición relacionadas con la adecuación del régimen penal de la minoridad en Argentina a estándares internacionales, de manera tal que no continúen estando vigentes disposiciones de la Ley No. 22.278 relativas a la determinación de sanciones penales a niños y niñas, contrarias a la Convención Americana y a la Convención sobre los Derechos del Niño; el diseño e implementación de políticas públicas para la prevención de la delincuencia juvenil y difusión de los derechos de la niñez, y la implementación de programas de capacitación en derechos humanos para personal penitenciario y jueces con competencia sobre delitos cometidos por niños y niñas.
En la audiencia se escuchó de forma directa a la víctima Lucas Matías Mendoza, quien expresó sus solicitudes sobre la implementación de las medidas de reparación ordenadas a su favor.
También participaron defensores públicos de la Defensoría General de la Nación, que ostenta la representación legal de las víctimas en el proceso internacional. Asimismo, participaron abogados de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana. En cuanto a la delegación estatal, se contó con la participación de autoridades, funcionarios y funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Al finalizar la audiencia, la Jueza Hernández López convocó a las partes a una audiencia privada virtual el 25 de noviembre de 2022, con el fin de dar un seguimiento constante a algunas de las reparaciones supervisadas y obtener información adicional que el Estado ofreció proporcionar.
2. Audiencia del Caso Bulacio
En la Sentencia, emitida en 2003, se admitió el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado por la detención arbitraria de Walter David Bulacio, joven de 17 años, efectuada por la Policía Federal en la ciudad de Buenos Aires, la violación a su integridad física bajo custodia policial y su posterior muerte. Los hechos ocurrieron dentro del contexto de la práctica policial de detenciones masivas (“razzias”), detenciones por averiguaciones de identidad y detenciones por edictos contravencionales, durante la década de los noventa.
En la audiencia, celebrada el 24 de octubre de 2022, se supervisó el cumplimiento de la garantía de no repetición relativa a la adecuación de la normativa interna a estándares convencionales en temáticas relacionadas con la detención sin orden judicial ni situación de flagrancia y aquellas relacionadas con las condiciones de detención, en particular de niños y niñas.
En la audiencia participó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en su carácter de representante de las víctimas. Asimismo, participaron abogados de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana. En cuanto a la delegación estatal, se contó con la participación de autoridades, funcionarios y funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Al finalizar la audiencia, la Jueza Hernández López convocó a las partes a una audiencia privada virtual el 25 de noviembre de 2022, con el fin de dar un seguimiento constante a la implementación de la referida garantía de no repetición y obtener información adicional que el Estado ofreció, así como para conocer sobre los resultados de la reunión que prontamente celebrarán el Estado y los representantes de las víctimas.
3. Audiencia del Caso Fernández Prieto y Tumbeiro
En la Sentencia, emitida en el 2020, se aceptó el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado por violaciones a diversos derechos en perjuicio de Carlos Alberto Fernández Prieto y de Carlos Alejandro Tumbeiro, ocurridas como consecuencia de restricciones de derechos por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la Policía Federal Argentina en la década de los noventa.
En la audiencia, celebrada el 24 de octubre de 2022, se supervisaron tres garantías de no repetición, relacionadas con:
la adecuación de las normas internas que permiten detener, efectuar registros de vehículos o requisas personales sin orden judicial a los estándares convencionales en la materia;
el diseño e implementación de un sistema de recopilación de datos y cifras vinculado a detenciones y requisas, y
la capacitación en derechos humanos para la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
En la audiencia participaron defensores públicos de la Defensoría General de la Nación, que ostenta la representación legal de las víctimas en el proceso internacional. Asimismo, participaron abogados de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana. En cuanto a la delegación estatal, se contó con la participación de autoridades, funcionarios y funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Ministerio de Seguridad de la Nación.
4. Audiencia del Caso Torres Millacura y otros
En la Sentencia, emitida en el 2011, se aceptó el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado por, entre otros, la desaparición forzada de Iván Torres Millacura, cometida en octubre de 2003 por parte de agentes de la Policía en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut.
En la audiencia, celebrada el 25 de octubre de 2022, se supervisaron cuatro medidas de reparación ordenadas en la Sentencia, entre las cuales se encuentran: la obligación investigar juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos del caso y efectuar la búsqueda efectiva del señor Torres Millacura, de quien hace 19 años se desconoce su paradero.
En la audiencia se escuchó de forma directa a las víctimas María Millacura y Fabiola Valeria Torres, respectivamente, madre y hermana de Iván Torres Millacura, quienes expresaron su percepción sobre el cumplimiento de las reparaciones, fundamentalmente exigiendo la búsqueda del paradero de Iván Torres Millacura.
También participó la representante de las víctimas, Alejandra Gonza de la organización Global Rights Advocacy, y acreditó, entre otros, a abogados del Colectivo Yopoi y de la Defensoría General de la Nación. Asimismo, participaron abogados de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana. En cuanto a la delegación estatal acreditada en la audiencia, se contó con la participación de autoridades, funcionarios y funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Ministerio de Seguridad de la Nación.
5. Audiencia del Caso López y otros
En la Sentencia, emitida en el 2019, se determinó la responsabilidad internacional del Estado por diversas violaciones cometidas en perjuicio de cuatro víctimas (Rolando Néstor Horacio López, Miguel Ángel González Mendoza, José Heriberto Muñoz Zabala y Hugo Alberto Blanco), quienes fueron trasladadas repetidas veces a centros de detención localizados entre 800 y 2000km de distancia de sus familiares, abogados y jueces de ejecución de la pena, sin que se efectuara un control judicial previo.
En la audiencia, celebrada el 26 de octubre de 2022, se supervisaron dos medidas de reparación ordenadas en la Sentencia, una de las cuales es la garantía de no repetición relacionada con el deber del Estado de adoptar medidas de orden legislativo, administrativo o judicial para reglamentar los traslados de personas privadas de libertad condenadas, de acuerdo con la Convención Americana y a los estándares convencionales desarrollados en la Sentencia del caso.
En la audiencia participaron los señores Gustavo L. Vítale y Fernando Luis Diez, representantes legales de las víctimas en el proceso internacional. Asimismo, participaron abogados de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana. En cuanto a la delegación estatal, se contó con la participación de autoridades, funcionarios y funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
II. Reuniones en el Congreso de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de la Nación
El 25 de octubre del 2022, la Jueza Hernández López y la delegación de la Secretaría del Tribunal mantuvieron reuniones en el Congreso de la Nación y con el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Estas reuniones tenían el fin de propiciar un acercamiento con autoridades, funcionarias y funcionarios públicos en lo que respecta a la implementación de determinadas medidas de reparación ordenadas en las Sentencias.
1. Reunión en el Congreso de la Nación Argentina
En esta reunión la delegación de la Corte IDH tuvo la oportunidad de dialogar con un grupo de Senadores y Senadoras del Congreso de la Nación Argentina sobre la implementación de siete garantías de no repetición que implican reformas o adopción de normativa interna ordenadas en las sentencias de los casos Bulacio, Fornerón e hija, Mendoza y otros, López y otros, Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat, y Fernández Prieto y Tumbeiro.
Dichas garantías de no repetición guardan relación con la adecuación normativa a los parámetros convencionales en temas tales como: detención de niños y niñas sin orden judicial ni situación de flagrancia; condiciones de detención de niños y niñas; reformas al régimen penal de minoridad; tipificación del delito de venta de niños y niñas; detenciones de personas y requisas; la garantía del derecho de recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior; el derecho de propiedad comunitaria indígena, y la regulación sobre lugar de cumplimiento de la pena y traslados de personas privadas de libertad condenadas a lugares que permitan garantizar el contacto con sus familias, abogados y jueces de ejecución de la pena.
En la reunión participaron, entre otras personas, el Senador Óscar Isidro Parilli, Presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado; Martín Fresneda, Director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado; así como un grupo de senadores y senadoras que integran la Comisión de Derechos y Garantías y la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y diversas autoridades del Senado.
Particularmente importante fue el trabajo adelantado por el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, al identificar las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana e impulsar su cumplimiento, particularmente en lo que respecta a los Casos Fornerón y Lhaka Honhat.
En la reunión, tanto la Jueza Hernández López como los miembros del Congreso de la Nación, hicieron énfasis en la importancia del proyecto de ley, presentado por el Ejecutivo, que se encuentra en trámite legislativo para la tipificación del delito de venta de niños y niñas, lo cual se relaciona con el cumplimiento de una garantía de no repetición ordenada en el caso Fornerón. Asimismo, se destacó la relevancia que tiene para el cumplimiento de las sentencias de varios casos la puesta en vigencia del artículo 318 del Código Procesal Penal Federal, que contempla las causales de impugnación de la sentencia penal condenatoria, de forma tal que se garantice el derecho a recurir el fallo ante un juez o tribunal superior.
Se agradece la colaboración de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Dirección General de Relaciones Internacionales y el Observatorio de Derechos Humanos del Senado para la organización de este encuentro, que constituyó la primera oportunidad en que miembros de la Corte IDH y su Secretaría han sido recibidos por miembros del órgano legislativo de un Estado para dialogar sobre el cumplimiento de reparaciones específicas ordenadas por el Tribunal internacional.
2. Reunión con el Ministerio Público Fiscal
En esta reunión, la delegación de la Corte fue recibida por el Procurador General de la Nación interino, señor Eduardo Ezequiel Casal, y se tuvo la oportunidad de dialogar con autoridades y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación y los fiscales con competencia en las investigaciones y procesos dirigidos a identificar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en perjuicio de las víctimas de los casos Garrido y Baigorria, Torres Millacura y otros y Acosta Martínez y otros, así como en relación con la búsqueda de paradero de las víctimas de desaparición forzada en los dos primeros casos.
En los Casos Garrido y Baigorria y Torres Millacura y otros, el Estado tiene las obligaciones de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de la desaparición forzada de los señores Adolfo Garrido y Raúl Baigorria ocurrida en abril de 1990 luego de su detención por parte de agentes de la Dirección Motorizada de la Policía de Mendoza, y de Iván Torres Millacura, ocurrida en octubre de 2003, cometida por agentes de la Policía de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut. El Estado debe además realizar las investigaciones necesarias para determinar el paradero de estas personas. En el caso Acosta Martínez y otros, el Estado debe investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de la privación de libertad ilegal, arbitraria y discriminatoria – por estar basada en estereotipos raciales-; afectación a la integridad personal y posterior muerte de José Delfín Acosta Martínez, ocurrida en abril de 1996, mientras se encontraba bajo custodia de autoridades estatales de la Policía Federal de la Ciudad de Buenos Aires.
Participaron en la reunión, entre otras personas, el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Ezequiel Casal; Juan Manuel Olima Espel, Secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación; el titular y los secretarios de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), Alberto Adrián María Gentili, Emiliano Decanini y Gabriel Laino, y el auxiliar fiscal de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10, Juan José Taboada Areu. Asimismo, de manera remota, participaron el titular de la Fiscalía Federal N°2 de Mendoza, Fernando Gabriel Alcaraz Miguez, y los fiscales subrogantes de la Fiscalía Federal y la Fiscalía General ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, Silvina Ávila y Mariano Sánchez, respectivamente.
Adicionalmente, participó en la reunión la Agente alterna del Estado en los casos ante la Corte, señora Gabriela Kletzel, Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La delegación de la Corte destacó la importancia de este tipo de reuniones, así como los avances en las investigaciones, y agradeció la disposición de la institución para poder continuar trabajando de manera conjunta, tanto con este Tribunal interamericano como con los demás organismos estatales involucrados en la investigación y juzgamiento de las violaciones a derechos humanos ocurridas en estos tres casos, así como en la búsqueda del paradero de las víctimas de las desapariciones forzadas perpetradas en 1990 y 2003, respectivamente, en perjuicio de los señores Garrido y Baigorria y Torres Millacura.
III. Reuniones protocolarias con autoridades estatales
En la visita, la Jueza Hernández López también tuvo la oportunidad de mantener distintas reuniones de carácter protocolario.
1. Reunión con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación
El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, señor Horacio Pietragalla Corti, acompañado de las Agentes alternas en los casos de Argentina: Andrea Pochak, Subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos Gabriela Kletzel, Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales en Materia de Derechos Humanos, recibieron a la Jueza Hernández López, el Secretario de la Corte y la Coordinadora de la Unidad de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de la Secretaría del Tribunal. La reunión se efectuó el 25 de octubre en la Secretaría de Derechos Humanos.
2. Reunión con el Secretario de Relaciones Exteriores de la Nación
La Jueza Hernández López sostuvo una reunión con el señor Pablo Anselmo Tettamanti, Secretario de Relaciones Exteriores. El encuentro tuvo lugar el 26 de octubre en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Participaron también de la reunión Gabriela Pacheco Arias, Coordinadora de la Unidad de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de la Secretaría, Javier Salgado, Agente de los casos de Argentina y Director de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y Cecilia Meirovich, Directora General de Derechos Humanos de dicho Ministerio.
3. Reunión con la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
El 26 de octubre, la Jueza Hernández López y la Coordinadora de la Unidad de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de la Secretaría del Tribunal tuvieron una reunión informal con la señora Marisa Graham, Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y el señor Facundo Hernández, Defensor Adjunto. Se conversó, de forma general, sobre las labores de protección y promoción que realiza dicha institución nacional, así como también sobre el papel que- desde el ámbito de sus competencias- podría tener en el cumplimiento de garantías de no repetición, principalmente de adecuación del derecho interno relacionadas con derechos de la niñez, que están pendientes de cumplimiento en casos de Argentina.
IV. Reunión con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR
La Jueza Hernández López, acompañada de la Coordinadora de la Unidad de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de la Secretaría del Tribunal, sostuvo una reunión el 26 de octubre con los señores Remo Carlotto y Javier Palummo, respectivamente Director Ejecutivo y Jefe del Departamento de Investigación y Gestión de la Información del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR, cuya sede se encuentra en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Tomando en cuenta el enfoque de dicha Institución en el fortalecimiento de las políticas públicas en derechos humanos y sus objetivos de trabajo en esta materia, durante la reunión se efectuó un primer acercamiento sobre posibles líneas de cooperación con la Corte y los Estados en materia de capacitación dirigida al cumplimiento de las reparaciones de la Corte que involucran la implementación de políticas públicas.
V. Seminario “Personas privadas de libertad. Desafíos de los estándares de la Corte IDH para la justicia penal”
Por otra parte, aprovechando esta visita, la Corte Interamericana, en conjunto con el Ministerio Público de la Defensa y la Cámara Federal de Casación Penal, organizaron el seminario “Personas privadas de libertad. Desafíos de los estándares de la Corte IDH para la justicia penal”. Este seminario tuvo lugar el 24 de octubre en el salón auditorio Manuel Belgrano del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Por parte de la Corte Interamericana participaron la Jueza Nancy Hernández López, el Secretario Pablo Saavedra Alessandri y la Secretaria Adjunta Romina I. Sijniensky. El programa de dicho seminario está disponible en el siguiente enlace:
https://www.mpd.gov.ar/index.php/noticias-feed/6363-jornada-personas-privadas-de-libertad-desafios-de-los-estandares-de-la-corte-idh-para-la-justicia-penal.
VI. Visita al Museo Sitio de Memoria ESMA
La Jueza Hernández López y la abogada de la Secretaría del Tribunal tuvieron la oportunidad de efectuar una visita guiada al Museo Sitio de Memoria ESMA, localizado en el edificio en el cual funcionó entre 1976 y 1983 el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Asimismo, fueron atendidas por la Directora Ejecutiva del Museo, señora Mayki Gorosito.
Además de difundir las graves violaciones cometidas en Argentina durante la dictadura cívico-militar, el museo constituye un monumento histórico y sus instalaciones son preservadas por constituir prueba en las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante dicha dictadura.
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El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.
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