DACA se convierte en regulación federal, pero el futuro aún es incierto

 VOA - ALINE BARRIOS

La nueva versión de DACA está lista desde agosto y entró en vigor el lunes pasado. Los republicanos que se oponen a ella manifiestan que se usaron recursos estatales para personas que estaban ilegales en el país al momento de servirse de ellos.

WASHINGTON — 

La administración del presidente Joe Biden ha revisado un programa que protegía de la deportación a cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños, con la esperanza de satisfacer uno de los argumentos presentados por los estados liderados por republicanos en los tribunales federales de que el programa no se creó correctamente.

Los funcionarios de Biden emitieron la nueva versión de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, a fines de agosto y entró en vigencia el lunes. Pasó por un período de comentarios públicos como parte de un proceso formal de elaboración de reglas para aumentar sus probabilidades de sobrevivir a una batalla legal en curso.

Aquellos que apoyan el programa dicen que la nueva regla no cambia nada del memorando de 2012 emitido bajo la administración del presidente Barack Obama cuando creó DACA. El futuro del programa aún está en manos de los tribunales después del lunes, cuando se convierta oficialmente en una regulación federal.

“A través de la codificación de DACA, el gobierno realmente trató de resolver todo eso, [pero] no se ocupa del tema de los otros argumentos que están dando los estados, que es que están perdiendo dinero”, explicó a la VOA Félix Villalobos, el director de la unidad de servicios afirmativos en RAICES, un grupo sin fines de lucro por los derechos de los inmigrantes.

En 2018, Texas y otros estados liderados por republicanos demandaron al gobierno federal argumentando que DACA había perjudicado financieramente a los estados porque estaban gastando recursos de educación, atención médica y otros servicios en inmigrantes indocumentados, a quienes se les permitió permanecer ilegalmente en el país.

También argumentaron que solo el Congreso tiene la autoridad para otorgar beneficios migratorios.

Sin embargo, el 20 de octubre una coalición de decenas de corporaciones influyentes, incluidas Apple, Amazon, Google y Microsoft envió una carta a los republicanos y demócratas en el Congreso instando a una solución bipartidista para los casi 600.000 inmigrantes que están inscritos en DACA.

Los gigantes del mercado dijeron que terminar el programa o no tener una solución permanente para los beneficiarios de DACA dañaría a las comunidades y las empresas que perderían a las personas que se han convertido en miembros productivos de la economía estadounidense.

“Cuando expire el permiso de trabajo del último beneficiario de DACA, EEUU habrá perdido más de 500.000 empleos, y su economía perderá hasta 11.700 millones de dólares anuales, o aproximadamente 1.000 millones mensuales, en salarios de los beneficiarios de DACA empleados anteriormente. (Para poner esto en perspectiva, solo en Texas, 400 trabajadores de la salud y 300 maestros se verán obligados a dejar sus trabajos cada mes)”, dice la carta.

El análisis del Instituto de Políticas Migratorias, un centro de estudios independiente con sede en Washington, encontró que los titulares de DACA aportan casi 42.000 millones de dólares al producto interno bruto de EEUU cada año y agregan 3.400 millones al balance general federal.

Según los expertos en inmigración, el beneficiario promedio de DACA ha vivido en EEUU durante más de 20 años. Para cumplir con los requisitos del programa DACA, el solicitante debe estar inscrito en la escuela secundaria, tener un diploma de escuela secundaria o su equivalente, o haber servido en el ejército de EEUU.

Aquellos con antecedentes penales (un delito grave, un delito menor grave o tres delitos menores) no son elegibles para DACA. También deben haber tenido menos de 31 años el 15 de junio de 2012, haberse mudado a EEUU antes de cumplir los 16 y haber vivido continuamente en el país desde el 15 de junio de 2007.

Los beneficiarios actuales de DACA todavía están protegidos contra la deportación, se les permite trabajar y pueden renovar sus solicitudes de DACA cada dos años, ya que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) continúa procesando las solicitudes para aquellos que cumplen con los requisitos originales y no han salido del país desde su última renovación.

Debido a la orden judicial actual, USCIS no acepta nuevas solicitudes.

Desafío legal

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos ordenó el 5 de octubre que el tribunal inferior revisara las evaluaciones de Biden a DACA.

Los tres jueces confirmaron la conclusión inicial del juez federal de distrito con sede en Texas Andrew Hanen de que DACA era ilegal y acordaron que el programa no había pasado por los períodos de aviso público y comentarios requeridos por la Ley federal de procedimientos administrativos. Hanen dejó el programa vigente para aquellos que ya se benefician de él, en espera de la apelación.

"Un tribunal de distrito está en la mejor posición para revisar el expediente administrativo en el proceso de elaboración de normas", según la opinión de la jueza principal del 5.º circuito, Priscilla Richman.

Hanen tiene el caso de vuelta para ver la nueva versión y tomar otra decisión. No se ha anunciado una nueva audiencia.

“Y así, el caso sigue vivo”, dijo Villalobos, de RAICES.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, cuya oficina presentó la demanda de 2018, dijo en un comunicado que “esta demanda se trataba del estado de derecho, no del razonamiento detrás de ninguna política de inmigración. El tribunal de distrito reconoció que solo el Congreso tiene la autoridad para redactar leyes de inmigración, y el presidente no es libre de ignorar esas leyes debidamente promulgadas como lo crea conveniente”.

Desde 2001 se han presentado en el Congreso unas 11 versiones de la Ley de Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros (DREAM). La medida proporciona un camino hacia el estatus legal para las personas indocumentadas que llegaron a EEUU como menores de edad.

A pesar del apoyo bipartidista, cada vez que se presentó el proyecto de ley, no se convirtió en ley.

“Lo que todos esperan que suceda es que esto continúe hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema ha fallado de manera muy estrecha en el pasado y ha podido establecer que el programa debe continuar”, dijo a la VOA Erendira Rendón, del Proyecto Resurrección con sede en Chicago. “Entonces, es posible que DACA termine siendo cancelado por completo, incluso para las personas que ya lo tienen”.