Experto: sanción penal por "fake news" es incompatible con libertad expresión

 EFE

Logroño, 5 may (EFE).- El exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA Ignacio Álvarez ha afirmado que "el establecimiento de sanciones penales por difundir 'fake news' es incompatible con los estándares de protección de la libertad de expresión".

Álvarez ha intervenido este miércoles en la segunda sesión del seminario online "Libertad de expresión en la era digital", organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), en el que se ha referido a "Libertad de expresión y 'fake news'".

El abogado y consultor político Armando Briquet y el director de Nueva Revista, Juan Carlos Laviana, también han participado en el seminario, dirigido por la directora para Europa de International Human Rights Legal (IHRLegal), Cruz Sánchez de Lara.

En esta iniciativa, que se ha podido ver en Guatemala, Colombia, Ecuador, México, Estados Unidos, Venezuela, Argentina y España, Álvarez ha indicado que establecer sanciones penales por difundir noticias falsas o "fake news" otorga "discrecionalidad a las autoridades en la determinación de lo que es falso y se usa para censurar expresiones legítimas".

Ha señalado que "los Estados tienen el deber de controlar la propagación de 'fake news' en tanto no incurran en la censura" y, para ello, "pueden promover mecanismos independientes de verificación de la información y apoyar la educación pública en ese sentido".

Los agentes estatales, ha proseguido, "tienen la obligación de no difundir noticias falsas y, a su vez, la exigencia de difundir información veraz o con sustento científico"; mientras que "los intermediarios deben evitar al máximo el bloqueo de contenidos, pero sí establecer otras medidas para hacer frente a las noticias falsas".

Álvarez, también director de International Human Rights Legal (IHR Legal), ha precisado que las noticias falsas son "informaciones publicadas de forma deliberada en medios digitales que no han sido comprobadas ni verificadas y carecen de fuentes identificadas", con el objetivo de "crear sospecha y desestabilización o por diversión".

"Se ha exacerbado la predisposición de las personas para aceptar como ciertas aquellas noticias que corroboran las creencias y la visiones preconcebidas", ha indicado.

Para él, "ahora no solo se elige la fuente, sino que, además, se ha creado una especie de burbuja donde las personas difunden información a otras a las que saben que les gusta leer esas noticias falsas".

El principal problema de las "fake news", ha destacado, es que "atentan contra la democracia, porque la democracia implica que las personas estén debidamente informadas para votar en las elecciones, expresarse, manifestarse y posicionarse en una sociedad democrática".

Por su parte, Briquet, quien preside la Fundación Justicia y Democracia, ha señalado que las "fake news" no son un fenómeno nuevo, sino que este término "empieza a ser un factor de conversación a raíz de las elecciones de 2016 en Estados Unidos y del Brexit" y "no es casualidad que se haya producido en dos actos".

Ha remarcado que "hay distintas y sutiles formas de engañar a los ciudadanos, no solo mentir, sino excluir datos y presentar los hechos de una manera particular".

Por lo que las "fake news" exitosas son "aquellas que usan una apariencia de credibilidad o datos reales para introducir datos falsos que produzcan desinformación en el ciudadano".

"Las redes sociales han jugado un factor muy importante" en las "fake news" porque "los ciudadanos pasamos cada vez más tiempo en ellas y eso también las convierte en un epicentro central en las campañas electorales".

Además, "e produce una dedicación por parte de la campaña para generar contenido, bien sea falso o real, en las redes sociales", ha expresado.

El fenómeno digital, ha incidido, "ha roto la tradicional forma de comunicación", dado que "cualquier ciudadano puede propagar una información" y, por consiguiente, "este es un hecho que no tiene solo características tecnológicas, es un hecho político, social y económico".

"Por eso se dice que debe considerarse una crisis de comunicación pública", ha afirmado Briquet, para quien, en la actualidad, las personas tienen cada vez "menos confianza en las instituciones", lo que tiene "consecuencias en la credibilidad de los medios de comunicación porque pelean por la atención de un ciudadano que está cada vez menos atento".

Los medios de comunicación "se han visto en la necesidad de actuar de forma más rápida y, en buena medida, el sacrificado ha sido el periodismo y el rigor que los medios imponen a la noticia", ha señalado.

Ha defendido que los medios de comunicación tienen "la responsabilidad importante de ponerle rigor a la información y, por consiguiente, serle útil a la sociedad en ese sentido". EFE.