Paraguay, Venezuela y El Salvador convierten las cuarentenas en represión, según AI

 

RFI

Decenas de miles de personas han sido detenidas desde marzo en centros de cuarentena, almacenes o polideportivos, gestionados por los gobiernos salvadoreño, venezolano y paraguayo. Lugares “inadecuados y sin garantías suficientes frente a las violaciones de derechos humanos”, según afirma Amnistía Internacional. 

‘’Condiciones insalubres y a veces inhumanas, sin alimentación, agua ni asistencia médica suficientes’’, denuncia en el informe llamado ‘Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante Covid-19 en las Américas’ publicado este lunes. La ONG asegura que esto puede constituir malos tratos y que incluso estos espacios, lejos de ser lugares de protección contra el virus, se vuelven en terrenos donde se corre el peligro de contraerlo por las condiciones sanitarias. En esos centros se encerraron a migrantes, refugiados y a personas que volvían al país. 

“Cuando los Estados confinan a decenas de miles de personas sin garantizar en cada caso la necesidad y proporcionalidad de la medida, las recluyen en condiciones terribles bajo supervisión militar o policial y las discriminan o usan la cuarentena como castigo, están convirtiendo una intervención de salud pública en una táctica represiva y punitiva”, afirma Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

En el caso de Venezuela, AI ha calculado que se ha puesto en cuarentena a 90.000 personas al volver al país desde Perú o Colombia, países vecinos en los que habían perdido su empleo. Al llegar, fueron encerrados en centros de confinamiento controlados por militares y que esos lugares eran insalubres y, a veces, inhumanos. 

En El Salvador, a finales de agosto había más de 16.000 personas en cuarentena, algunas sospechosas de haber estado con personas positivas, otras que volvían del extranjero e incluso aquellas acusadas de haber incumplido el confinamiento obligatorio. 

“Me gustaría olvidar todo esto, pero no puedo”, dijo Ana Cristina a Amnistía Internacional. Esta mujer, según el informe, pasó 40 días durmiendo en un colchón sucio tirado en el suelo del centro de cuarentena de El Salvador. Fue detenida a mediados de abril acusada de no respetar el confinamiento pero ella asegura que había salido a comprar comida y medicamentos, algo permitido por las autoridades.

A 8.000 personas se les impuso una cuarentena a finales de junio. La mayoría habían regresado al país después de haber perdido el trabajo en el sector informal del vecino Brasil. 

Para hacer el informe Amnistía Internacional examinó decenas de videos en redes sociales y directamente enviados a la organización por personas que estaban internadas en los centros. También entrevistó por teléfono a 14 personas. A través de sus testimonios, pudo comprobar, según afirman, que mucha gente pasó más de dos semanas, periodo recomendando por la OMS, encerrados en los centros, incluso algunos pasaron un mes. 

“Aunque estos gobiernos hayan tenido que reaccionar rápidamente ante una pandemia sin precedentes, Amnistía Internacional concluye que su imposición de cuarentenas gestionadas por el Estado se ha caracterizado por la arbitrariedad, sumada a su aplicación por fuerzas policiales y militares”, sostiene Erika Guevara.