Los estados podrán procesar a los inmigrantes por robo de identidad
VOA
El martes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos amplió la capacidad de los estados de usar leyes penales contra inmigrantes ilegales y otras personas que no tienen autorización de trabajo en los Estados Unidos en un fallo relativo a juicios por robo de identidad en Kansas.
En la decisión, los jueces confirmaron la autoridad de los estados para procesar a los inmigrantes por robo de identidad al solicitar un trabajo. El tribunal determinó que Kansas no invadió ilegalmente la autoridad federal en política migratoria al acusar a tres hombres de usar los números de la Seguridad Social de otras personas.
La administración del presidente Donald Trump respaldó a Kansas en el caso. Trump ha convertido sus políticas de mano dura hacia la inmigración en una pieza central de su presidencia y campaña de reelección de 2020.
Kansas es uno de varios estados conservadores que han tratado de tomar medidas enérgicas contra los inmigrantes ilegales.
Los jueces revocaron una decisión previa de la Corte Suprema de Kansas de 2017 que anuló las condenas de los tres trabajadores del restaurante, al encontrar que una ley federal de 1986, llamada Ley de Reforma y Control de la Inmigración, no impidió que los estados llevaran a cabo tales enjuiciamientos.
Aunque el fraude laboral relacionado con la inmigración es un asunto federal, Kansas sostuvo que sus enjuiciamientos no estaban relacionados con la inmigración y no entraban en conflicto con la ley federal de inmigración. Kansas había argumentado que un fallo a favor de los inmigrantes socavaría su capacidad para combatir el creciente problema del robo de identidad.
Los grupos de derechos de los inmigrantes han dicho que dar a los estados el poder para enjuiciar el fraude laboral les permitiría tomar la política de inmigración en sus propias manos.
Los tres acusados, Ramiro García, Donaldo Morales y Guadalupe Ochoa-Lara, no estaban autorizados a trabajar en EE.UU. y les proporcionaron a sus empleadores números de la Seguridad Social que no eran los suyos.
El número de la Seguridad Social se emplea para identificar a las personas con fines laborales y fiscales. Las personas que ingresan ilegalmente al país no reciben esta identificación, que el gobierno de los Estados Unidos sí les da a todos los residentes legales.
El martes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos amplió la capacidad de los estados de usar leyes penales contra inmigrantes ilegales y otras personas que no tienen autorización de trabajo en los Estados Unidos en un fallo relativo a juicios por robo de identidad en Kansas.
En la decisión, los jueces confirmaron la autoridad de los estados para procesar a los inmigrantes por robo de identidad al solicitar un trabajo. El tribunal determinó que Kansas no invadió ilegalmente la autoridad federal en política migratoria al acusar a tres hombres de usar los números de la Seguridad Social de otras personas.
La administración del presidente Donald Trump respaldó a Kansas en el caso. Trump ha convertido sus políticas de mano dura hacia la inmigración en una pieza central de su presidencia y campaña de reelección de 2020.
Kansas es uno de varios estados conservadores que han tratado de tomar medidas enérgicas contra los inmigrantes ilegales.
Los jueces revocaron una decisión previa de la Corte Suprema de Kansas de 2017 que anuló las condenas de los tres trabajadores del restaurante, al encontrar que una ley federal de 1986, llamada Ley de Reforma y Control de la Inmigración, no impidió que los estados llevaran a cabo tales enjuiciamientos.
Aunque el fraude laboral relacionado con la inmigración es un asunto federal, Kansas sostuvo que sus enjuiciamientos no estaban relacionados con la inmigración y no entraban en conflicto con la ley federal de inmigración. Kansas había argumentado que un fallo a favor de los inmigrantes socavaría su capacidad para combatir el creciente problema del robo de identidad.
Los grupos de derechos de los inmigrantes han dicho que dar a los estados el poder para enjuiciar el fraude laboral les permitiría tomar la política de inmigración en sus propias manos.
Los tres acusados, Ramiro García, Donaldo Morales y Guadalupe Ochoa-Lara, no estaban autorizados a trabajar en EE.UU. y les proporcionaron a sus empleadores números de la Seguridad Social que no eran los suyos.
El número de la Seguridad Social se emplea para identificar a las personas con fines laborales y fiscales. Las personas que ingresan ilegalmente al país no reciben esta identificación, que el gobierno de los Estados Unidos sí les da a todos los residentes legales.
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