Deudores venezolanos piden a EE.UU. levantar restricciones a bono 2020
VOA
Un grupo de acreedores pidió el lunes al gobierno de Estados Unidos que levante la prohibición a las transacciones relacionadas con el bono PDVSA 2020 y criticó la estrategia del gobierno encargado de Juan Guaidó frente a la deuda del país suramericano.
El 24 de octubre, el Departamento de Tesoro bloqueó por tres meses las transacciones relacionadas con el bono, el cual entró en default el mes pasado después de que se no se cancelara un pago de 913 millones de dólares.
Días después, representantes del gobierno interino presentaron una demanda en Nueva York buscando la nulidad del bono, que está asegurado por un 50,1% de las acciones de CITGO, una refinería filial de PDVSA y el activo más preciado de Venezuela en el exterior.
La combinación entre la modificación a las sanciones y la demanda “desarmaron a los tenedores el bono 2020”, escribió el Comité de Acreedores de Venezuela en un comunicado.
El grupo, que tiene más de 8.000 millones de dólares en deuda venezolana,está liderado por las firmas T. Rowe Price y Greylock Capital.
La acción legal tomada por la junta ad-hoc de PDVSA —nombrada por la opositora Asamblea Nacional—busca que una corte estadounidense falle declarando la nulidad del bono PDVSA 2020 y prohiba que los acreedores ejerzan su derecho a quedarse con la mitad de las acciones de CITGO.
Los representantes de Guaidó esperan que la corte tome una decisión antes de que se agoten los tres meses que dura la prohibición de Tesoro.
“Tenemos 90 días para que logremos que la corte nos de la razón y podamos desconocer la deuda”, dijo a la Voz de América Javier Tronconis, comisionado para la gestión de activos del gobierno interino.
En contraste, los acreedores calificaron la demanda de “innecesaria” y dudan de que los abogados que representan los intereses del gobierno encargado obtengan un resultado positivo.
“No sé realmente hacia dónde va esto”, dijo Ajata Mediratta, socio gerente de Greylock Capital a la VOA.
“No está claro que la demanda tenga algún mérito legal, pero puede puede ser una táctica para ganar tiempo o algo de influencia en la negociación”, agregó.
Negociaciones estancadas
Las conversaciones entre el equipo que nombró el presidente interino para llegar a un acuerdo con los tenedores del bono 2020 sobre la deuda venezolana no llegaron están, hasta ahora, estancadas.
“La situación actual hace muy difícil tener una negociación”, dijo Ajatta, “el gobierno oficialmente reconocido no tiene poder y las sanciones de EE.UU. limitan nuestra habilidad para interactuar con la gente que está en el poder”.
En su carta, el comité de acreedores —que tienen deudas distintas al bono 2020— es tajante: “si el gobierno de Guaidó busca participar con los acreedores del país de buena fe (…) tendrá que cambiar su enfoque dramáticamente”.
El gobierno de EE.UU. ha defendido la política de sanciones hacia Venezuela como una estrategia para presionar la salida del presidente de Nicolás Maduro del poder, llevando hacia una solución política.
Respecto a la prohibición temporal de las transacciones con el bono 2020, la OFAC menciona específicamente que, de llegar a un acuerdo de refinanciación, la agencia “animaría a las partes a aplicar para una licencia específica”.
A pesar de que los inversores entienden el razonamiento detrás de las sanciones, afirmó Ajatta “la manera tosca en que se han implementado está hiriendo a los inversores estadounidenses y no parece que haya incrementado la posibilidad de un cambio de régimen”.
Un grupo de acreedores pidió el lunes al gobierno de Estados Unidos que levante la prohibición a las transacciones relacionadas con el bono PDVSA 2020 y criticó la estrategia del gobierno encargado de Juan Guaidó frente a la deuda del país suramericano.
El 24 de octubre, el Departamento de Tesoro bloqueó por tres meses las transacciones relacionadas con el bono, el cual entró en default el mes pasado después de que se no se cancelara un pago de 913 millones de dólares.
Días después, representantes del gobierno interino presentaron una demanda en Nueva York buscando la nulidad del bono, que está asegurado por un 50,1% de las acciones de CITGO, una refinería filial de PDVSA y el activo más preciado de Venezuela en el exterior.
La combinación entre la modificación a las sanciones y la demanda “desarmaron a los tenedores el bono 2020”, escribió el Comité de Acreedores de Venezuela en un comunicado.
El grupo, que tiene más de 8.000 millones de dólares en deuda venezolana,está liderado por las firmas T. Rowe Price y Greylock Capital.
La acción legal tomada por la junta ad-hoc de PDVSA —nombrada por la opositora Asamblea Nacional—busca que una corte estadounidense falle declarando la nulidad del bono PDVSA 2020 y prohiba que los acreedores ejerzan su derecho a quedarse con la mitad de las acciones de CITGO.
Los representantes de Guaidó esperan que la corte tome una decisión antes de que se agoten los tres meses que dura la prohibición de Tesoro.
“Tenemos 90 días para que logremos que la corte nos de la razón y podamos desconocer la deuda”, dijo a la Voz de América Javier Tronconis, comisionado para la gestión de activos del gobierno interino.
En contraste, los acreedores calificaron la demanda de “innecesaria” y dudan de que los abogados que representan los intereses del gobierno encargado obtengan un resultado positivo.
“No sé realmente hacia dónde va esto”, dijo Ajata Mediratta, socio gerente de Greylock Capital a la VOA.
“No está claro que la demanda tenga algún mérito legal, pero puede puede ser una táctica para ganar tiempo o algo de influencia en la negociación”, agregó.
Negociaciones estancadas
Las conversaciones entre el equipo que nombró el presidente interino para llegar a un acuerdo con los tenedores del bono 2020 sobre la deuda venezolana no llegaron están, hasta ahora, estancadas.
“La situación actual hace muy difícil tener una negociación”, dijo Ajatta, “el gobierno oficialmente reconocido no tiene poder y las sanciones de EE.UU. limitan nuestra habilidad para interactuar con la gente que está en el poder”.
En su carta, el comité de acreedores —que tienen deudas distintas al bono 2020— es tajante: “si el gobierno de Guaidó busca participar con los acreedores del país de buena fe (…) tendrá que cambiar su enfoque dramáticamente”.
El gobierno de EE.UU. ha defendido la política de sanciones hacia Venezuela como una estrategia para presionar la salida del presidente de Nicolás Maduro del poder, llevando hacia una solución política.
Respecto a la prohibición temporal de las transacciones con el bono 2020, la OFAC menciona específicamente que, de llegar a un acuerdo de refinanciación, la agencia “animaría a las partes a aplicar para una licencia específica”.
A pesar de que los inversores entienden el razonamiento detrás de las sanciones, afirmó Ajatta “la manera tosca en que se han implementado está hiriendo a los inversores estadounidenses y no parece que haya incrementado la posibilidad de un cambio de régimen”.
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