Legisladores guatemaltecos proponen cárcel por discurso político
VOA
Cinco legisladores presentaron el martes una legislación que castigaría con el tiempo de prisión ciertos tipos de discursos que criticaban a los funcionarios electos y los candidatos en Guatemala, lo que generó acusaciones de que violaría las medidas constitucionales que garantizaban la libertad de expresión.
La iniciativa apunta a "aquellos que realizan actos de presión, persecución y hostigamiento" contra políticos "en cualquier medio de difusión y / o en plataformas digitales, con el fin de impedir el ejercicio de sus derechos políticos".
Requiere sentencias de dos a tres años.
Eva Monte, una legisladora que ha apoyado al presidente Jimmy Morales, negó que la ley reprimiera la libertad de expresión y dijo que su objetivo es acabar con la difamación.
"Esto servirá para castigar, por ejemplo, cuando un candidato o político está vinculado a casos de corrupción, pero en realidad no está siendo investigado o acusado", dijo Monte. "Eso sería un tipo de coerción y debería ser castigado". '
"Esto también busca proteger a los legisladores, al vicepresidente y al presidente", agregó.
Se sospecha que Morales aceptó contribuciones de financiamiento de campaña ilícitas, pero el Congreso no aprobó la solicitud de retirar la inmunidad de enjuiciamiento que disfruta como presidente en ejercicio. El presidente niega el mal comportamiento.
El fiscal de derechos humanos Jordan Rodas advirtió que la medida es inconstitucional.
"Va en contra de la libre expresión del pensamiento '', dijo Rodas." Los políticos deberían preocuparse por sus acciones para evitar las críticas ''.
El proyecto de ley va primero a una comisión del Congreso para el análisis de su constitucionalidad. Dos iniciativas similares a principios de este año fueron muy criticadas, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no lograron la aprobación de los legisladores.
En medio de las denuncias de posible actividad ilegal contra Morales, familiares y socios políticos, el presidente se ha movido para desafiar a una comisión de Estados Unidos que investiga la corrupción en el país.
El presidente recientemente se negó a renovar el mandato de la comisión por otros dos años, dándole hasta el final de su actual mandato en septiembre próximo para concluir sus actividades y abandonar el país.
Cinco legisladores presentaron el martes una legislación que castigaría con el tiempo de prisión ciertos tipos de discursos que criticaban a los funcionarios electos y los candidatos en Guatemala, lo que generó acusaciones de que violaría las medidas constitucionales que garantizaban la libertad de expresión.
La iniciativa apunta a "aquellos que realizan actos de presión, persecución y hostigamiento" contra políticos "en cualquier medio de difusión y / o en plataformas digitales, con el fin de impedir el ejercicio de sus derechos políticos".
Requiere sentencias de dos a tres años.
Eva Monte, una legisladora que ha apoyado al presidente Jimmy Morales, negó que la ley reprimiera la libertad de expresión y dijo que su objetivo es acabar con la difamación.
"Esto servirá para castigar, por ejemplo, cuando un candidato o político está vinculado a casos de corrupción, pero en realidad no está siendo investigado o acusado", dijo Monte. "Eso sería un tipo de coerción y debería ser castigado". '
"Esto también busca proteger a los legisladores, al vicepresidente y al presidente", agregó.
Se sospecha que Morales aceptó contribuciones de financiamiento de campaña ilícitas, pero el Congreso no aprobó la solicitud de retirar la inmunidad de enjuiciamiento que disfruta como presidente en ejercicio. El presidente niega el mal comportamiento.
El fiscal de derechos humanos Jordan Rodas advirtió que la medida es inconstitucional.
"Va en contra de la libre expresión del pensamiento '', dijo Rodas." Los políticos deberían preocuparse por sus acciones para evitar las críticas ''.
El proyecto de ley va primero a una comisión del Congreso para el análisis de su constitucionalidad. Dos iniciativas similares a principios de este año fueron muy criticadas, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no lograron la aprobación de los legisladores.
En medio de las denuncias de posible actividad ilegal contra Morales, familiares y socios políticos, el presidente se ha movido para desafiar a una comisión de Estados Unidos que investiga la corrupción en el país.
El presidente recientemente se negó a renovar el mandato de la comisión por otros dos años, dándole hasta el final de su actual mandato en septiembre próximo para concluir sus actividades y abandonar el país.
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