Datos de la UIP confirman el vínculo entre las democracias en crisis y el auge de los abusos contra los derechos humanos de parlamentarios

Ginebra, 8 de diciembre de 2017
 
Los abusos contra los derechos humanos de parlamentarios alcanzaron un nuevo máximo en 2017, según las estadísticas de la Unión Interparlamentaria (UIP). Solamente los parlamentarios de Camboya, Maldivas, Turquía y Venezuela, donde la situación política ha empeorado cada vez más, suman el 35% de los casos.
 
Asimismo, los casos de abusos contra mujeres parlamentarias han alcanzado un número récord este año, ya que se han triplicado desde 2014. El Salvador, Turquía y Venezuela son los países que han sufrido un gran aumento este año.
 
En el examen anual de la UIP, presentado con anterioridad al Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre, se informa de que, en 2017, el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Organización examinó los casos de 507 parlamentarios en 41 países. Entre ellos, 62 casos nuevos correspondientes a parlamentarios de Malasia, las Maldivas, Palestina, la República Democrática del Congo y Venezuela. En 2013, por ejemplo, hubo un total de 266 casos a examen.
 
El Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios tiene por objetivo ofrecer protección y reparación a los parlamentarios cuyos derechos humanos han sido violados o se encuentran en situación de riesgo. Mediante el diálogo con los países involucrados, el Comité pretende promover soluciones concretas en consonancia con las normas nacionales e internacionales de derechos humanos.
 
“El número sin precedentes de casos que el Comité está abordando es inaceptable. Es otro alarmante recordatorio de que la democracia, sus instituciones y los parlamentarios sufren cada vez una mayor amenaza,” afirmó el Secretario General de la UIP Martin Chungong. “Todos los que pertenecemos a la comunidad parlamentaria debemos esforzarnos más por proteger los principios y valores de la democracia tal como han quedado consagrados en la Declaración Universal sobre la Democracia de la UIP y velar por los derechos de todos nuestros colegas.”
 
El desglose regional de los datos pone de manifiesto que el 39% de los parlamentarios afectados por estas violaciones proceden de las Américas, el 23% de Asia, el 17% de África, el 12% de Europa, el 8% de Oriente Medio y el Norte de África, y el 1% del Pacífico Sur.
 
La mayoría de los parlamentarios afectados pertenecen a la oposición y corresponden al 76% de los casos.
 
En 2017, la UIP aprobó 42 decisiones nuevas. Estas decisiones manifiestan preocupaciones concretas, reconocen los avances y los contratiempos en los casos y piden a las autoridades de los países involucrados que adopten medidas efectivas encaminadas a lograr una resolución satisfactoria de los casos. Asimismo, hacen un llamamiento a la acción dirigido a todos los miembros de la UIP para que ayuden a encontrar soluciones mediante una variedad de medidas disponibles con arreglo al principio de la solidaridad parlamentaria.
 
A lo largo del año, el Comité ha enviado dos misiones sobre el terreno a Mongolia y las Filipinas, y mandado dos observaciones de juicios a Turquía.
 
El Comité cerró 24 casos, de los cuales el 83% se resolvió satisfactoriamente.
 
Desglose regional
 
Américas
Las Américas, por segundo año consecutivo, es la región con el mayor número de parlamentarios afectados por supuestas violaciones. El Comité consideró los casos de 200 parlamentarios procedentes de siete países, en comparación con 155 en 2016. Este aumento se debe al auge repentino de casos nuevos en Venezuela.
 
De estos 200 parlamentarios, el 72% (144) pertenece a la oposición y el 28% (55) a la mayoría.
 
La falta de un juicio imparcial, la revocación o suspensión indebida del mandato parlamentario, la tortura, el maltrato y otros actos de violencia fueron los tipos más frecuentes de supuestos abusos.
 
El Comité aprobó cinco decisiones relativas a 169 parlamentarios en cuatro países.
 
Asia
El Comité examinó un total de 116 casos de parlamentarios procedentes de 13 países en esta región. Corresponden a Afganistán, Bangladesh, Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Pakistán, República de Corea, Sri Lanka y Tailandia. Esta cifra constituye un aumento considerable desde años anteriores, con 78 parlamentarios en 2014, 94 en 2015 y 110 en 2016.
 
Los parlamentarios de la oposición representan el 92% (107) de las denuncias, mientras que el 3% (4) corresponde a la mayoría.
 
Las denuncias más frecuentes en esta región hacen referencia a violaciones de la libertad de expresión y arresto y detención arbitrarios, seguidos de tortura y malos tratos.
 
Se han producido varios avances positivos en la región. Cabe destacar que en Mongolia el Gobierno aceptó poner a disposición pública los archivos judiciales relacionados con la investigación sobre el asesinato en 1998 de Zorig Sanjasuuren, parlamentario y líder defensor de la democracia.
 
Se han cerrado varios casos en esta región. El Comité cerró un caso de larga data en Myanmar tras las amplias reformas y la liberación de todos los exparlamentarios electos que se encontraban bajo consideración en este caso.
 
Además, el Comité cerró los casos de tres parlamentarios de la oposición en Malasia, por haber sido puestos en libertad o porque los cargos fueron desestimados conforme a la Ley de Reunión Pacífica.
 
Por último, se han producido avances considerables en el caso contra los sospechosos del asesinato en 2005 del parlamentario de Sri Lanka Pararajasingham. El juicio del caso se ha fijado para este mes.
 
En 2017, el Comité aprobó un total de 16 decisiones relativas a 99 parlamentarios en ocho países y envió dos misiones sobre el terreno.
 
África
El Comité examinó los casos de 88 parlamentarios procedentes de 10 países (Burundi, Camerún, Eritrea, Kenya, Madagascar, Níger, República Democrática del Congo, Rwanda, Zambia y Zimbabwe).
 
Cuatro países siguieron acaparando la mayoría de los casos presentados ante el Comité: la República Democrática del Congo (35), Zambia (14), Madagascar (12) y Eritrea (11).
 
Un total del 65% (57) de los parlamentarios afectados pertenecía a la oposición, y el 34% (30), a la mayoría.
 
Las supuestas violaciones más comunes notificadas fueron la falta de un juicio imparcial y las detenciones arbitrarias.
 
En 2017, el Comité aprobó siete decisiones relativas a 20 parlamentarios en seis países en calidad de casos prioritarios de preocupación urgente, mayormente situados fuera de África.
 
Europa
El Comité examinó los casos de 61 parlamentarios procedentes de tres países (Belarús, Federación de Rusia y Turquía). El examen en curso de un caso colectivo que involucra a 56 parlamentarios y exparlamentarios en Turquía explica el alto número de casos en Europa.
 
Todos los parlamentarios pertenecían a la oposición.
 
En Europa, las categorías más frecuentes de supuestos abusos contra los derechos humanos abarcan las violaciones de la libertad de reunión y expresión, la suspensión indebida del mandato parlamentario y la falta de un juicio imparcial.
 
Se cerraron los casos de los dos parlamentarios opositores turcos Mustafa Balbay y Mehmet Haberal, ya que fueron liberados de su reclusión. Se les retiraron todos los cargos de terrorismo sin fundamento en la fase de apelación tras pasar más de la mitad de su mandato parlamentario detenidos.
 
En 2017, el Comité envió dos misiones de observación de juicio a Turquía, y aprobó cuatro decisiones relativas a 59 parlamentarios en dos países.
 
Oriente Medio y Norte de África
En 2017, el Comité examinó los casos de 39 parlamentarios procedentes de siete países en esta región (Bahrein, Iraq, Israel, Kuwait, Líbano, Palestina y Yemen).
 
Un total del 64% (25) pertenecía a la mayoría, y el 28% (15), a la oposición. La proporción de parlamentarios pertenecientes a la mayoría es mucho más elevada que en otras regiones.
 
El caso del exparlamentario iraquí Mohamed Al-Dainy quedó resuelto. El Sr. Al-Dainy fue condenado a muerte por error en 2010 después de una farsa de justicia, se exilió y más tarde fue encarcelado a su regreso a Iraq. Fue finalmente absuelto en 2017 de todos los cargos y liberado tras un indulto presidencial siete años más tarde.
 
Los arrestos y detenciones arbitrarios siguen siendo las violaciones más frecuentes notificadas en esta región.
El Comité aprobó 10 decisiones relativas a 31 parlamentarios en cinco países.
 
Pacífico
El Comité examinó tres casos del Pacífico Sur, todos ellos en Fiji.
 
Todos los parlamentarios afectados pertenecían a la oposición.
 
Las denuncias guardaban relación con la suspensión indebida de sus mandatos parlamentarios.
 
Para acceder a las decisiones de la UIP relativas a los derechos humanos de los parlamentarios en 2017, visite: http://archive.ipu.org/iss-e/hr-cases.htm