Berlín, 12 mar (dpa) - El copresidente de los socialdemócratas alemanes Lars Klingbeil arremetió contra Teherán por la condena de una joven estudiante y llamó a que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CRGI) sea incluido en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea (UE).
"La Guardia Revolucionaria iraní debe ser incluida en la lista de organizaciones terroristas de la UE", dijo Klingbeil a medios del grupo de comunicación alemán Funke en declaraciones publicadas hoy.
El político alemán se mostró profundamente conmocionado por la sentencia contra Samaneh Asghari, una joven estudiante de ingeniería a la que había apadrinado políticamente en enero.
"El régimen iraní la ha condenado a 18 años y tres meses de prisión a pesar de las acusaciones absolutamente infundadas", sostuvo Klingbeil.
Según sus palabras, las valientes mujeres de Irán que llevan meses protestando no han exigido más que igualdad, una vida autodeterminada y libertades políticas. Klingbeil demandó la liberación inmediata de Asghari.
Las CRGI son las fuerzas armadas de élite de Irán. Creadas tras la Revolución Islámica de 1979, se supone que deben impedir un golpe de Estado y proteger la ideología teocrática del Estado. Ha sido objeto de crecientes críticas por su participación en la represión de los recientes disturbios en Irán.
El estallido de protestas en todo el país en septiembre del año pasado fue desencadenado por la muerte de la joven kurda iraní Jina Mahsa Amini tras ser detenida por violar los códigos de vestimenta islámicos.
El régimen de Teherán respondió con una fuerte ola de represión de las manifestaciones y ejecuciones de varios manifestantes.
En enero, los legisladores de la UE aprobaron una resolución no vinculante en la que pedían que se incluyera a la CRGI en la lista de organizaciones terroristas del bloque.
Sin embargo, según el servicio de acción exterior de la UE, la legislación europea estipula como requisito previo para añadir una organización a la lista que exista una disposición de una autoridad nacional competente, como una resolución judicial o una orden de proscripción de una autoridad administrativa.
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