CIDH y REDESCA: Brasil debe garantizar la supervivencia del pueblo yanomami

 CIDH

Washington, DC - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresan su consternación ante la grave crisis humanitaria provocada por la discriminación étnico-racial que ya ha provocado 570 muertes de niños Yanomami; y apelar al Estado a realizar todos los esfuerzos posibles para asegurar la supervivencia de esta población.

En un período de 4 años, niñas, niños y adultos mayores fallecieron por causas relacionadas con la desnutrición y la falta de atención médica a enfermedades prevenibles y tratables en sus territorios. De este total,  99  niñas y niños fallecieron en 2022, lo que supone un incremento del 29% respecto a años anteriores. Según  información  de las autoridades del estado de Roraima, 30.400 personas pertenecientes al pueblo yanomami enfermaron de malaria, de un total de  44.069  casos registrados de la enfermedad en los últimos dos años, lo que implicaría personas infectadas más de una vez.

En este contexto, las mujeres y las niñas enfrentan riesgos específicos, como lo demuestra el asesinato y la violación de una niña de 12 años en 2022 en la comunidad de Aracaçá sin noticias del progreso de la investigación hasta la fecha. Respecto a estos casos de violencia de género, el Estado informó sobre el avance de dos investigaciones policiales, una noticia policial, una causa penal y una noticia fáctica, todas referidas a situaciones denunciadas en territorio indígena yanomami.

La CIDH y la REDESCA señalan que el hambre y la grave inseguridad alimentaria que sufre el pueblo yanomami están directamente relacionadas con la discriminación étnico-racial que, a su vez, permite la invasión de mineros ilegales -estimados en  20.000  personas que ocupan el territorio indígena-, habiendo causado daños a miles de hectáreas y afectó sus fuentes tradicionales de alimentación y sustento. La minería ilegal también ha contribuido a la propagación de enfermedades contagiosas y al aumento de la violencia entre comunidades. Las cifras de muertes y problemas de salud pueden ser aún mayores debido al subregistro y la falta de  información oficial  en zonas del territorio yanomami, donde la minería ilegal ha impedido el trabajo de los equipos de salud e incluso destruido puestos de atención médica.

Asimismo, la CIDH y la Relatoría Especial advierten que, luego de la reciente visita de representantes del gobierno federal al territorio yanomami, y dada la gravedad de la situación, se  aprobó el Decreto Federal  No. Operativos de Salud Pública para coordinar la respuesta a la crisis. Según la  información disponible  , más de mil indígenas yanomami en estado crítico de salud fueron rescatados y trasladados a centros de atención para evitar posibles muertes.

Estos casos se habrían producido tras la omisión de los últimos dos años por parte de las autoridades, quienes, a pesar de múltiples denuncias y pedidos de protección por parte del pueblo yanomami, desconocieron la situación de violencia, agresiones y asesinatos contra miembros de esta población. Esta omisión motivó la apertura de una  investigación  por parte de la Policía Federal sobre la posible comisión del delito de genocidio por parte de funcionarios del gobierno anterior.

Brasil es parte de  varios  instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos que establecen sus obligaciones en materia de protección y garantía de la vida; integridad física y mental; contra la violencia y el genocidio; así como el  disfrute  del más alto nivel posible de salud física, mental y espiritual de los pueblos indígenas. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgó  medidas provisionales en 2022, requiriendo al Estado adoptar medidas que protejan efectivamente la supervivencia de los miembros de los pueblos yanomami, ye'kwana y munduruku, en vista de la situación muy grave y urgente que han enfrentado históricamente.

La Comisión y la REDESCA exhortan al Estado de Brasil a intensificar sus esfuerzos para remediar y revertir la crisis humanitaria y de derechos humanos que afecta a la población yanomami. Específicamente, llaman a la protección de los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la alimentación, el agua y el medio ambiente, así como a las tierras, territorios y recursos naturales de esta población. Asimismo, solicitan la investigación y sanción de los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos contra el pueblo yanomami, ya sea por acción u omisión de agentes estatales o particulares; así como garantizar el acceso a la justicia y la reparación con un enfoque intercultural, interseccional e intergeneracional.

Además, el Estado brasileño debe cumplir con sus obligaciones de prevención, control, investigación, sanción y reparación contra las actividades empresariales de las personas físicas, en los términos establecidos en el  informe  sobre Empresas y Derechos Humanos. En ese sentido, Brasil debe adoptar las medidas necesarias para frenar la minería ilegal que se desarrolla en territorio yanomami.

Asimismo, la CIDH y la REDESCA instan a Brasil a ratificar de manera urgente el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú) para fortalecer la garantía de los derechos de acceso y protección de los defensores ambientales frente a la minería ilegal.

La CIDH y la REDESCA se ponen a disposición para cooperar con el Estado brasileño en relación con esta crítica situación del pueblo Yanomami y manifiestan su interés de poder realizar a la brevedad una visita de trabajo, para verificar in loco el alcance de la crisis y poder contribuir a soluciones que tengan un enfoque de derechos.

La REDESCA es una Oficina autónoma de la CIDH, creada específicamente para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promover y proteger los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en las Américas.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato se deriva de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana está encargada de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano asesor de la OEA en esta materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y que no representan a sus países de origen o residencia.