¿Qué países apoyan prorrogar el mandato de la Misión Independiente sobre Venezuela?

 VOA - CAROLINA ALCALDE

Un informe reciente de la Misión Internacional Independiente sobre la Determinación de los hechos sobre Venezuela responsabiliza directamente a Nicolás Maduro de orquestar un plan para reprimir a la disidencia en Venezuela.

CARACAS — 

Un proyecto resolución para renovar por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente sobre la Determinación de los hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés) es respaldado por 39 países, 13 de ellos con voto en el Consejo de DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ONU), explicó la organización Provea.

Los países que respaldan el proyecto de resolución son: Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chequia, Chile, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Irlanda, Islandia, Israel, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania, Suecia y Uruguay.

De acuerdo a Provea, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, no es necesario que los países sean miembros del Consejo de DDHH para apoyar un proyecto de resolución, pero no pueden participar en la votación, limitada a los 47 Estados miembros del Consejo de DDHH.

Para aprobar el proyecto de resolución que será sometido a votación entre jueves y viernes, se requieren “más votos positivos que negativos”, explica Provea.

El documento que manifiesta preocupación por las “continuas y graves violaciones y transgresiones de los derechos humanos” en Venezuela, expone la necesidad de que el mandato de la FFM sea prorrogado “con miras a combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

Insta además al Estado venezolano a liberar “inmediatamente” a todos los presos políticos y a todas las demás personas privadas de libertad de manera ilegal o arbitraria, dando prioridad a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Solicita también al Alto Comisionado de DDHH de la ONU que siga vigilando la situación de los derechos humanos en Venezuela, informando al respecto y proporcionando cooperación técnica con miras a mejorarla.

La FFM ha elaborado informes en los que concluye que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad. El más reciente concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron “crímenes de lesa humanidad” y señala al presidente Nicolás Maduro de encabezar planes de represión contra la disidencia.

A finales del mes pasado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro reiteró su “absoluto desconocimiento” al mecanismo y alertó que tomarán las medidas “políticas y diplomáticas pertinentes en el ámbito bilateral y multilateral frente a una eventual prolongación del mandato de este mecanismo injerencista”.

La FFM fue creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de DDHH de la ONU, por un periodo de dos años para evaluar presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2014 y fue prorrogado hasta septiembre del 2022.