Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos realiza audiencia pública sobre desalojo de la comunidad Tilquiza del Pueblo Ocloya en Argentina

 PARLASUR

Agencia PARLASUR (26/09/2022) La Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR) celebró una audiencia pública este lunes, 26 de septiembre, para abordar la cuestión del desalojo en camino ancestral a la comunidad Tilquiza del Pueblo Ocloya, Jujuy en Argentina. 

La Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Parlamentaria argentina Elena Corregido, dió las bienvenidas a los participantes de la Audiencia Pública y, en seguida, destacó que “queremos escuchar a los protagonistas como el Cacique Néstor Jerez y darle voz a la comunidad Tilquiza del Pueblo Ocloya de Jujuy en esta audiencia pública de la Comisión de Derechos Humanos del PARLASUR.”

El Cacique Néstor Jerez denunció que su comunidad sufre con el cierre de pasos que componen el camino ancestral de la comunidad Tilquiza del Pueblo Ocloya. Asimismo, la Comunidad tradicional informa que las instituciones públicas no están actuando en el sentido de garantizar los derechos de los pueblos ancestrales. El cacique expresó que “vivimos una violación sistematica a nuestros derechos como los reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a hacer público nuestro pedido para impedir el desalojo de nuestro territorio ancestral.”

En seguida, Julián Fernández, Director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), destacó que la institución se ocupa de los conflictos de tierra, en el marco de la Ley 23.302, que ocurren en todos los pueblos indígenas. “En el marco del Convenio 169 de la OIT, junto con la legislación nacional, se ha cambiado el paradigma de tratamiento a favor de las comunidades indígenas en Argentina. Expresamos al Poder Judicial de Jujuy que el Cacique Néstor Jerez ha actuado como representante del ente colectivo de su comunidad”, concluyó el Director del INAI. 

Por su turno, el Secretario Ejecutivo del Comité Nacional contra la Tortura, Alan Iud, informó que “el Comité tiene competencia para actuar en todo el territorio nacional en carácter subsidiario de organismos análogos en nivel provincial. Al tomar conocimiento de la situación, nos comunicamos con el mecanismo local para verificar que estuvieran en contacto con la comunidad. Seguiremos con el monitoreo de la situación y del cumplimiento de los expedientes.”

Seguidamente, Angélica Mendoza, representante del Equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), aseguró que “es evidente la complicidad entre el poder judicial y empresarios y terratenientes que han cometido injusticias contra esa y otras comunidades indígenas en Argentina. Debemos generar una alianza efectiva para enfrentarla.” En el mismo sentido, Mariana Katz, de SERPAJ señaló que “preocupa el aumento de la violencia en la región.”

La delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Anabel Yacianci, declaró que “hemos participado directamente ante las detenciones y situaciones que fueron bastante complicadas. Vamos a seguir acompañando el reclamo y seguir observando el cumplimiento de las responsabilidades del estado provincial.”

Walter Barraza, integrante de la Comunidad Wayra Ryma, del Consejo de la Nación Tonokoté Llutki de Santiago del Estero y referente de Organizaciones de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino (OPINOA), declaró que “hay falta de voluntad política para hacer cumplir con los marcos normativos de protección a los pueblos indígenas por intereses económicos. Necesitamos hacer la defensa de la madre tierra y las primeras víctimas son los pueblos indígenas porque somos los que vivimos en estos territorios.”

Con relación a la importancia del apoyo político a los pueblos ancestrales, la Diputada Nacional Estela Neder, manifestó que “desde nuestro espacio coincidimos que hay que seguir trabajando por la aplicación de las leyes de protección a los pueblos indígenas. Así que los acompañamos y escuchamos atentamente. Estaremos presentes para apoyarlos y seguir en la lucha que el tiempo nos dará para que estas violaciones se terminen.”

Después de la exposición de los invitados, el Parlamentario paraguayo Ricardo Canese, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del PARLASUR, expresó que “la cuestión indígena es preocupante en los países de nuestra región y creo que la Comisión de Derechos Humanos deberá realizar un monitoreo constante sobre ese tema avanzando en otras audiencias públicas sobre los derechos de los pueblos ancestrales.”

Finalmente, la Parlamentaria Elena Corregido realizó el cierre de la Audiencia Pública  para abordar la cuestión del desalojo en camino ancestral a la comunidad Tilquiza del Pueblo Ocloya destacando que “hay situaciones análogas contra las comunidades ancestrales marcadas por la violencia, violaciones y con la justicia a favor de las grandes empresas. Seguiremos avanzando y ustedes tienen que saber que los estamos mirando y que vamos a combatir las situaciones de violencia contra los pueblos indígenas.”