En lo que va de año, las fuerzas policiales en Venezuela han cometido más de 200 asesinatos

 

ONU

Al mismo tiempo, la persecución de losllamados  “enemigos internos” u opositores se está extiendo a quienes hacen labores humanitarias. La misión independiente que examina la situación de los derechos humanos en el país asegura que, pese a las declaraciones oficiales sobre el respeto de estos derechos, Nicolás Maduro y su Gobierno continúan tergiversando la gravedad de la situación y negando toda transgresión.

En Venezuela continúa la represión contra las personas percibidas como “enemigos internos” u opositores al Gobierno, un concepto que cada vez parece ser más amplio y que se está extendiendo a la persecución de personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de garantías fundamentales, alertó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos la presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.

Durante una actualización oral ante ese organismo, Marta Valiñas destacó que siguen marcha los procedimientos penales en más de dos tercios de los 110 casos de detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares investigados en el informe previo de la Misión, publicado en septiembre de 2020, donde se denunciaron múltiples violaciones humanitarias cometidas por agentes estatales venezolanos desde 2014, algunas de ellas a gran escala y constituyentes de crímenes de lesa humanidad.

“Para las y los que siguen encarcelados, los retrasos en los procesos judiciales han causado daños graves y, en algunos casos, irreparables”. Como ejemplo, citó el caso de Salvador Franco, un hombre indígena pemón detenido arbitrariamente y en prisión preventiva desde diciembre de 2019 que falleció en enero tras no recibir atención médica por su grave situación de salud.

Más de 200 asesinatos consumados por las fuerzas del orden

Valiñas también recordó que el pasado informe destacaba un grave patrón de ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad venezolanas en el contexto de las operaciones de seguridad, y explicó que desde el comienzo de año la Misión identificó más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales de los que se investigarán las circunstancias, junto a la apertura de indagaciones sobre otras fuerzas policiales además de las Fuerzas de Acciones especiales.

“Además, hemos recibido informes de que las y los funcionarios públicos siguen incurriendo en prácticas que obstaculizan la rendición de cuentas por ejecuciones ilegales y que pueden revictimizar a los familiares que buscan justicia para sus seres queridos”

La presidenta de la Misión igualmente manifestó su preocupación por las personas detenidas en los centros de inteligencia militar y civil y señaló que continuará investigando las denuncias de tortura y tratos y penas crueles y las nuevas acusaciones de actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas. 

A su vez, explicó que continúa la búsqueda de informaciones ligadas a los esfuerzos gubernamentales de prevención y remedio de las violaciones, y para investigar y sancionar a los y las responsables de los abusos.

“Esperamos que se den pasos adicionales hacia la justicia y la rendición de cuentas. El Estado dijo en su respuesta pública a nuestro informe emitido el pasado mes de septiembre que está investigando más de 600 casos de violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades estatales. Hemos solicitado al Estado que nos proporcione más información sobre estas investigaciones”, anunció.

La sociedad civil sigue protestando

Al mismo tiempo, recordó que las movilizaciones de los venezolanos contra la situación política en el país, el colapso de los servicios básicos y la crisis del combustible, con demandas relacionadas con el trabajo, la salud y la alimentación, se saldaron con más de 100 casos de detenciones en las protestas desde septiembre, según los datos de las organizaciones de la sociedad civil.

Desde la publicación del último informe, la Misión identificó 36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias e indicó que algunas “parecen haber tenido una motivación política”. Entre los arrestados también se encuentran nueve periodistas que fueron víctimas de acoso, suspensión de su trabajo, allanamiento de sus oficinas y confiscación de sus equipos.

“El concepto estatal de “enemigo interno” parece ser cada vez más amplio. La Misión de Determinación de los Hechos está preocupada por lo que parece ser una tendencia creciente: la persecución de personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de derechos humanos”.

Esta inclinación se vio reflejada en una mayor dificultad en las condiciones para el registro, el financiamiento y el funcionamiento de las ONG, y la detención de trabajadores de las organizaciones no gubernamentales acusados de cometer delitos sujetos a la Ley contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Tras la celebración de los comicios del pasado 6 de diciembre, donde los partidos alineados con el gobierno obtuvieron más del 90% de los escaños de la Asamblea Nacional, Valiñas destacó que sea producido una concentración de poder que ha generado un clima político que continúa excluyendo a las voces disidentes.

Venezuela debe reconocer sus errores

La presidenta de la Misión concluyó su intervención ante el Consejo manifestando su esperanza de que Venezuela resuelva su crisis de derechos humanos, determine los hechos y reconozca que se han cometido errores como “un primer paso crucial”.

 “Hace unos días, el presidente Maduro se dirigió a este Consejo y expuso una visión para Venezuela con los derechos humanos como pilar central. Mientras lo hacía, él y su gobierno continuaron tergiversando la gravedad de la situación y negando toda transgresión”.

Valiñas destacó que los derechos humanos deberían estar en el centro de la recuperación en el país sudamericano, pero que negar la realidad y refutar las críticas no ayuda a amparar los derechos fundamentales de las personas en riesgo.

“Las víctimas tienen derecho a la verdad y a la justicia, al igual que lo tiene el pueblo de Venezuela en su conjunto”, finalizó.

Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet 

Español

46 ° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

Ginebra, 10 de marzo de 2021

Señora presidenta,

En mi reciente presentación sobre Venezuela ante este Consejo, reconocí las medidas positivas tomadas por el Gobierno. Continuaremos brindando asistencia técnica.

Continúan los informes de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas fueron presuntamente asesinadas durante un operativo realizado en el barrio caraqueño de La Vega. Recordando los anuncios de reformas policiales, pido investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir otros sucesos similares y poner fin a esta práctica.

Desde septiembre, el acceso a servicios básicos como asistencia médica, agua, gas, alimentos, gasolina, ha seguido siendo más escaso y aún más limitado por el efecto de la pandemia. Esto contribuyó a provocar protestas sociales y agravó gravemente la situación humanitaria.

Algunas asociaciones informan que el salario promedio ahora estaría por debajo de 1 dólar estadounidense por mes, mientras que se estima que el precio de la canasta de alimentos aumentó en 1.800% durante el último año. Aproximadamente un tercio de los venezolanos viviría ahora en situación de inseguridad alimentaria.

La trágica muerte de al menos 28 migrantes venezolanos en el mar Caribe en diciembre de 2020 fue otro recordatorio de las difíciles decisiones que algunos tienen que tomar y de su mayor vulnerabilidad a las redes de tráfico y tráfico de migrantes. El Fiscal General denunció prácticas de soborno, corrupción e intimidación a las víctimas.

Acojo con satisfacción las soluciones ad hoc adoptadas para reducir las demoras judiciales y el hacinamiento en los centros de detención. Un país es juzgado por la forma en que trata a los más vulnerables, incluidos los detenidos. Sigo preocupado por los informes de muertes en detención debido a la desnutrición, la tuberculosis y otras enfermedades. Asegurar suficiente comida y atención médica es crucial para prevenir otras muertes trágicas como la de Salvador Franco. Reitero mi llamado a la liberación incondicional de todos los detenidos arbitrariamente y doy la bienvenida al nuevo acceso de mi Oficina a los centros de detención policial.

En este contexto, la asistencia humanitaria es aún más esencial. Me preocupan las iniciativas recientes para imponer restricciones indebidas a la capacidad de funcionamiento de las ONG, incluida la congelación de activos. Pido la reanudación de los proyectos suspendidos.

Me preocupa multiplicar los signos de la reducción del espacio cívico. Desde septiembre, mi Oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, descalificación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o simpatizantes de la oposición, incluidos miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015. y sus familiares.

Hasta el día de hoy, cinco activistas continúan enfrentando cargos relacionados con terrorismo y lavado de dinero por haber brindado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU. Más ONG son objeto de investigaciones por motivos similares.

Solo en enero, se llevaron a cabo al menos tres operaciones de búsqueda e incautación en las instalaciones de los medios de comunicación. En diversos grados, se incautaron equipos, se sellaron las oficinas, se intimidó al personal y se suspendió la transmisión.

Esto no ayuda a aliviar las tensiones, al contrario. La mera amenaza de detención tiene un efecto paralizante sobre todos aquellos que se dedican a actividades legítimas y esenciales.

El día de las elecciones de diciembre, mi Oficina documentó al menos 15 casos de intimidación y acoso a periodistas, así como declaraciones que condicionan el acceso a los programas sociales a la votación. De cara al próximo ciclo electoral, recuerdo a las autoridades su obligación de proteger las libertades fundamentales y garantizar las condiciones para una participación significativa en la vida pública, incluidas las voces disidentes. El nombramiento del próximo Consejo Nacional Electoral es una prueba de la credibilidad de las próximas elecciones.

Apoyo un diálogo inclusivo para abordar las causas fundamentales de los desafíos actuales. Una amplia participación dará fe de su autenticidad y servirá como garante del éxito.

Gracias.