CIDH presenta su informe de progreso 2020, cuarto año de implementación del Plan Estratégico 2017-2021

 NDP CIDH

27 de febrero de 2021

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta su informe de balance del cuarto año de implementación del Plan Estratégico 2017-2021 y los principales resultados de su trabajo durante 2020, con el propósito de ampliar la transparencia y rendición de cuentas a la comunidad internacional de derechos humanos.

Ante la gravedad de la situación que atraviesa la región y el mundo debido a las afectaciones a la salud de millones de personas como consecuencia de la pandemia de COVID-19, en marzo de 2020 la CIDH adoptó medidas excepcionales para continuar cumpliendo con su mandato de protección y defensa de los derechos humanos a lo largo del año.

Incluso en este contexto adverso, el 2020 se destaca por los avances alcanzados en la superación del atraso procesal, así como el desarrollo de estándares y la decisión de casos históricos en la región. Por primera vez se ha conseguido evaluar "en tiempo real" las peticiones recibidas, lo que representa un logro histórico. En adición, el sostenido aumento en la cantidad de informes de admisibilidad y sobre el fondo adoptados por la Comisión y de peticiones nuevas notificadas a los Estados refleja estos avances continuados, así como la marcada reducción en el tiempo de evaluación de las solicitudes de medidas cautelares.

En lo que respecta al mandato de monitoreo, durante 2020 se ha continuado fortaleciendo el trabajo integrado y coordinado, con importantes resultados en la respuesta a situaciones de derechos humanos en la región, particularmente en el marco de la pandemia de COVID-19.

A pesar de la pandemia, durante 2020 la CIDH ha logrado mantener y ampliar sus canales de diálogo con los Estados miembros de la OEA y con la sociedad civil interamericana, implementando diferentes espacios para atender a las preocupaciones y recibir información actualizada en materia de derechos humanos, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19.

La CIDH ha respondido en forma oportuna a las crisis de derechos humanos, a través de la integración de sus mecanismos en Salas de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROIs). Cabe destacar a la instalación de la SACROI COVID-19, la primera de naturaleza temática, que se ocupa de dar seguimiento a la situación de los derechos humanos en el contexto de la pandemia, reforzando la integralidad e interseccionalidad de los derechos humanos. Entre los principales resultados de esta SACROI se cuenta la elaboración de la Resolución 1/20 - Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. La misma desarrolla una serie de estándares interamericanos y formula 85 recomendaciones a los Estados en el marco de la pandemia. En ese marco también corresponde resaltar la adopción de la Resolución 4/20 - Derechos Humanos de las personas con COVID-19. El trabajo de la SACROI COVID-19 ha contado con la activa participación de las Relatorías Especiales sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) y para la Libertad de Expresión (RELE). Asimismo, se han instalado 3 nuevas SACROI para países: Colombia, para dar seguimiento cercano a la situación de derechos humanos en el país, en atención al alto número de asesinatos y agresiones a líderes sociales y defensores de derechos humanos; Estados Unidos, ante la situación de protestas masivas en el país, desencadenadas por varias muertes, entre ellas el asesinato de George Floyd, que refleja el racismo estructural y la violencia sistémica contra afrodescendientes; y Perú, para dar seguimiento a la situación de derechos humanos en el contexto de la crisis institucional tras la declaratoria de vacancia de la presidencia.

También se destaca la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, así como la reactivación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa.

El lanzamiento oficial del SIMORE Interamericano en 2020 ha constituido un logro estratégico en materia de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones. Se trata de una herramienta informática que sistematiza más de 4.700 recomendaciones emitidas en sus informes de fondo publicados, acuerdos de solución amistosa, informes de país, capítulos IV.B de los informes anuales, informes temáticos y resoluciones, y que posibilita a Estados y organizaciones de la sociedad civil enviar información a la CIDH sobre los avances y desafíos en la implementación de dichas recomendaciones.

Asimismo, la CIDH ha realizado 4 Períodos de Sesiones durante 2020: el 175 Período de Sesiones tuvo lugar en Puerto Príncipe, Haití, mientras que los siguientes tres Períodos de Sesiones (176, 177 y 178) fueron desarrollados en formato virtual, ante las restricciones a la movilidad internacional impuestas por la situación sanitaria. Durante 2020 la CIDH también mantuvo sesiones internas de manera periódica y en formato virtual.

Durante 2020, la CIDH ha realizado 2 visitas in loco, a Chile, y a la frontera colombo-venezolana, así como 2 visitas de trabajo, una a Perú (con medidas de distanciamiento social) y otra a México (en formato virtual).

Durante 2020 la CIDH ha publicado 4 informes temáticos y otros documentos: Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; Informe sobre Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018; Informe sobre Debido Proceso en Procedimientos para la Determinación de la Condición de Refugiado, Protección Complementaria y Apátrida; el Compendio derechos laborales y sindicales; y el Informe sobre Derecho a la Información y Seguridad Nacional. Asimismo, ha publicado un informe de país sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cuba.

Asimismo, en el marco de la SACROI COVID-19, ha publicado la Guía Práctica sobre estándares para garantizar el respeto del duelo, los ritos funerarios y homenajes a las personas fallecidas durante la pandemia de COVID-19 y la Guía Práctica sobre acceso al derecho a la educación para niñas, niños y adolescentes durante la pandemia. Se trata de herramientas innovadoras para contribuir al respeto y garantía de los derechos humanos, que incluyen recomendaciones específicas en materia de políticas públicas para orientar las prácticas y decisiones que adoptan los Estados relacionadas con la atención de la situación de la pandemia.

En lo que respecta a la promoción y capacitación en derechos humanos, en 2020 se realizaron 21 actividades de capacitación en estándares y mecanismos del Sistema Interamericano con un total de 196 participantes, así como 136 actividades promocionales en conjunto con instituciones y organismos multilaterales de la región y el mundo; al respecto, se destaca la realización de 31 seminarios virtuales en el marco de la SACROI COVID-19, con un alcance total superior a las 15 mil participaciones.

La CIDH se complace en resaltar los principales logros y progresos en el cumplimiento de las metas de los 21 programas definidos en el Plan Estratégico 2017-2021. Aquí se puede acceder al documento completo de balance de implementación en 2020.

P1: Programa Especial de Reducción del Atraso Procesal

Como se señaló en el comunicado de inicio de año, de balance de este primer programa, en materia de estudio inicial, en 2020 se logró realizar la evaluación de todas aquellas peticiones recibidas en 2019 y 2020, de forma tal que por primera vez se ha conseguido evaluar "en tiempo real" las peticiones recibidas, dando una respuesta inmediata a peticionarias y peticionarios en esta etapa.

En 2020 se evaluó un total de 5.231 peticiones (581 recibidas durante 2018; 2.660 recibidas durante 2019; y 1.990 recibidas durante 2020). Del total de peticiones se decidió abrir a trámite 878 (17%); no abrir a trámite 4.135 (79%); y solicitar información adicional en 218 (4%). Por otra parte, se notificaron 359 inicios a trámite a las partes, pese a las dificultades propias generadas por el cierre de la sede de la CIDH producto de la pandemia del COVID-19, atendiendo aquellas peticiones con atraso crónico.

En 2020 la Comisión aprobó 290 informes en etapa de admisibilidad (245 de admisibilidad y 45 de inadmisibilidad) en los que ha profundizado y consolidado sus decisiones en una variedad de temas que incluyen desaparición forzada; tortura; deber de protección del derecho a la vida; debido proceso penal; violencia contra mujeres y niñas; debido proceso administrativo sancionatorio; ejecuciones extrajudiciales; incumplimiento de fallos judiciales; y derecho a la igualdad en el marco de reparaciones en contextos transicionales.

Además del considerable aumento del número de informes en la etapa de admisibilidad, en 2020 la CIDH ha generado nuevas herramientas de trabajo, tales como modelos de informe simplificados; sistematización de criterios en el Digesto sobre Admisibilidad y Competencia de la CIDH; y trabajo especializado en serie por temas específicos. Al mismo tiempo, ha avanzado con un criterio cronológico que ha permitido atender la mayor parte de las peticiones anteriores a 2010.

Por otra parte, la CIDH aprobó 67 informes sobre el fondo, que resuelven un total de 83 casos, dando respuesta a asuntos que tenían larga data de tramitación y que por su volumen o diversos aspectos procesales estaban pendientes de una decisión de fondo. Además de ello, ha venido realizando una identificación de casos con temáticas similares para lograr un tratamiento más estandarizado de los informes y la adopción de medidas tendientes a enfrentar el atraso procesal, como es la acumulación de casos que comparten aspectos fácticos y jurídicos.

Entre los temas de orden público interamericano abordados en los informes de fondo, la CIDH se ha pronunciado sobre el derecho a la protección judicial y sus límites frente a la inmunidad de ejecución, prevención e investigación de actos terroristas, los derechos a la vida privada y a la salud sexual y reproductiva, la prisión perpetua para adultos, el derecho al medio ambiente frente a industrias extractivas, el derecho a la igualdad y no discriminación en materia de acceso a los servicios de salud para personas extranjeras, el acceso a la función pública en condiciones de igualdad y sin discriminación y los derechos de niños y niñas en procedimientos de restitución internacional. Además, la Comisión se ha seguido pronunciando sobre graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo casos de desaparición forzada, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Por otra parte, durante el año 2020 la Comisión sometió 23 casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana, mediante los cuales se podrá pronunciar sobre la responsabilidad de los Estados y emitir las reparaciones correspondientes a favor de las víctimas. Al respecto, se destaca que al momento de analizar el estado de cumplimiento de las recomendaciones del informe de fondo y decidir sobre el envío de casos a la Corte Interamericana, durante 2020 se tomaron especialmente en cuenta los obstáculos enfrentados por las partes como resultado de la pandemia por la COVID-19 y la flexibilidad necesaria para que las partes pudieran continuar avanzando en el cumplimiento de las recomendaciones.

Además, durante el 2020, la CIDH desarrolló estándares novedosos y remitió más de 120 escritos relacionados con tales actuaciones ante la Corte Interamericana. También participó en un total de 22 audiencias, de las cuales 10 se relacionaron con casos contenciosos en trámite, 9 supervisión de cumplimiento de sentencia y 3 con solicitudes de opinión consultiva ante la Corte Interamericana.

P2: Programa de Expansión del Uso de las Soluciones Amistosas

La Comisión adoptó en 2020 la Resolución 3/20, sobre acciones diferenciadas para atender el atraso procesal en las soluciones amistosas, evitar la dilación de procesos de negociación y fijar lineamientos generales para la conducción más expedita de los asuntos de este mecanismo. En la misma se establecieron criterios objetivos para la determinación del curso de acción en procesos de negociación de larga duración. De esta manera, se han armonizado los principios de celeridad y voluntariedad que deben regir los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, preservando la flexibilidad del procedimiento y asumiendo un rol más activo en los procesos de negociación para garantizar el acceso oportuno de las víctimas de violaciones a los derechos humanos a una reparación integral y a la justicia interamericana.

En 2020, la Comisión ha avanzado con la determinación del curso de acción de procesos de solución amistosa y se depuraron 63 asuntos bajo este mecanismo, a través de 25 homologaciones, 13 cierres de las negociaciones a solicitud de las partes, 7 asuntos analizados a la luz de la Resolución 3/20 y 18 archivos en fase de seguimiento por inactividad o solicitud de la parte peticionaria. Se destaca además que, en los 25 acuerdos de solución amistosa aprobados en 2020, se han identificado un total de, al menos, 116 beneficiarias y beneficiarios, incluyendo 44 mujeres, 66 varones y 2 niñas y niños. También es de indicar que en la actualidad existen 81 procesos en fase de negociación y 71 en seguimiento.

La Comisión ha observado con satisfacción avances en la implementación de medidas en 59 acuerdos, lo que representa un 180% más que el período anterior. Igualmente, se resalta que 8 acuerdos alcanzaron un cumplimiento total y 22 un cumplimiento parcial. Por otra parte, se han registrado avances en la implementación de 148 medidas de reparación, incluyendo 34 de carácter estructural y 118 de carácter individual.

P3: Programa de Fortalecimiento de las Medidas Cautelares

Durante 2020, la CIDH ha mantenido el punto óptimo de revisión inicial en tiempo real de las solicitudes de medidas cautelares alcanzado en los últimos años, siguiendo con la protección a personas que se encuentran en situaciones de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable, con particular atención a las especificidades impuestas por el contexto de pandemia del COVID-19.

En 2020 se recibieron un total de 1.170 solicitudes de medidas cautelares, las cuales han sido diagnosticadas y clasificadas con base en los indicios de mayor gravedad y urgencia. Cabe señalar que, de ese total, 343 contienen alegatos relacionados con la pandemia.

La CIDH otorgó 49 medidas cautelares y amplió otras 9 en 2020, de un total de 591 medidas cautelares vigentes que integran el portafolio actual. De las medidas otorgadas y ampliadas, un 63,8% fueron concedidas en menos de 90 días, reduciendo el tiempo medio de análisis respecto al año anterior. El 37,8% de esas medidas cautelares fueron concedidas dentro del mismo mes de su solicitud.

Entre las más de 54.136 personas beneficiarias de medidas cautelares se encuentran defensoras y defensores de derechos humanos, niñas, niños y adolescentes, sobrevivientes de actos de violencia, pueblos indígenas, personas detenidas o en circunstancias en las cuales se desconoce su paradero, entre otras personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Del total de nuevas medidas otorgadas, 6 se relacionan con el contexto de la pandemia de COVID-19.

Adicionalmente, en 2020, la Comisión aprobó la Resolución 2/20 "Fortalecimiento del seguimiento de medidas cautelares vigentes", con miras a incrementar el seguimiento efectivo a las medidas cautelares vigentes, en conformidad con el artículo 25 del Reglamento, que en el marco de su Plan Estratégico, busca brindar mayor transparencia a su trabajo, aclarando las herramientas que va utilizar para continuar monitoreando las medidas cautelares, entre ellas, la posibilidad de resoluciones de seguimiento y visitas in situ. Del mismo modo, para implementar la estrategia prevista en la Resolución 2/20, se designó a un equipo Grupo Especial de Seguimiento de Protección (GESP) dentro de la Sección de Medidas Cautelares y Provisionales de su Secretaría Ejecutiva. En el año la CIDH aprobó 40 levantamientos de medidas cautelares vigentes. Asimismo, identificó los asuntos que merecían un seguimiento. En este sentido, se realizaron 39 reuniones de trabajo y 32 reuniones bilaterales para recibir información de las partes sobre los avances y desafíos en la implementación de las medidas y se enviaron 968 cartas de seguimiento a Estados y representantes solicitando información para supervisar la implementación de las medidas cautelares. Esta iniciativa de revisión busca mantener el portafolio enfocado en los asuntos que, por la vigencia de los requisitos reglamentarios, requieren la debida atención de la CIDH.

La Comisión presentó un total de 59 escritos jurídicos en relación con la supervisión de 27 medidas provisionales vigentes dictadas por la Corte Interamericana. Se destaca que el 6 de febrero de 2020, la Corte Interamericana otorgó la ampliación de medidas provisionales solicitadas en favor de pobladoras y pobladores de las comunidades del pueblo indígena Miskitu en Nicaragua.

P4: Programa de Transparencia y Acceso a la información

Durante 2020 la CIDH continuó incrementando sus esfuerzos en materia de transparencia, rendición de cuentas y acceso a información.

La Política de Acceso a la Información de la CIDH se encuentra en su fase final y se avanzó en la redacción de su Protocolo. Esta Política busca establecer una serie de obligaciones de transparencia activa, la existencia de un procedimiento reglado para la entrega de información y el establecimiento de normas y protocolos que aseguren el resguardo de datos personales e información sensible de denunciantes, peticionarios, víctimas y/o testigos, entre otros temas.

En 2020 se ha dado respuesta a un total de 36 solicitudes de acceso a la información recibidas por la Secretaría Ejecutiva.

Respecto a las medidas de transparencia activa, la Secretaría Ejecutiva ha mantenido un proceso constante de actualización de su información institucional, así como de sus Informes, Resoluciones y demás decisiones adoptadas en cumplimiento de su mandato, por ejemplo: Informe Anual correspondiente al año 2019; informe de progreso del tercer año de implementación del Plan Estratégico; balance, impactos y resultados alcanzados por su SACROI COVID-19 en donde se entregan sus resultados desde su creación; informe de balance y resultados del Plan Estratégico - primer semestre del 2020.

Por otra parte, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) continuó con la publicación de boletines mensuales dando cuenta de sus avances, así como de la situación de los derechos humanos en Nicaragua.

Conforme a un acuerdo celebrado entre la CIDH y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia, se facilitó el acceso a los archivos históricos de Colombia a través de la Biblioteca Colón.

P5: Programa para la Mejora del Alcance e Impacto del Monitoreo de Situaciones de Derechos Humanos por Temas y Países

Durante 2020, la CIDH siguió profundizando sus esfuerzos para ampliar el alcance y el impacto del monitoreo de situaciones de derechos humanos en la región, considerando, en especial, los efectos de la pandemia del COVID-19 en el goce y ejercicio de esos derechos.

Asimismo, continuó utilizando todos los mecanismos para responder de manera oportuna a las situaciones más relevantes desde una perspectiva transversal e integrada de monitoreo geográfico y temático a través de sus mecanismos de observación. En este sentido, se produjeron significativos avances en materia de estándares que permiten ampliar el ámbito de protección para las personas de las Américas y contribuyen, a su vez, al desarrollo en la interpretación de los derechos humanos contenidos en los instrumentos Interamericanos.

En el 2020, la CIDH emitió 143 comunicados de prensa sobre situaciones de derechos humanos relevadas mediante sus mecanismos de monitoreo regional. A través de estos comunicados, se ha abordado la situación de derechos humanos en 17 países de la región (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela). En particular, 40 comunicados se relacionan con vulneraciones a derechos humanos durante la pandemia del COVID-19. Asimismo, se han abordado temas como: protestas, discriminación racial, desalojos forzados y desplazamiento interno, políticas migratorias que resultan en mayores restricciones a la movilidad humana, personas defensoras de derechos humanos, uso excesivo de la fuerza, derechos de mujeres y niñas, de las personas LGBTI y personas mayores, derechos de los pueblos indígenas y tribales, temas relacionados con memoria, verdad y justicia, derecho a la libertad de expresión, y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre otros.

Asimismo, se han realizado 2 visitas in loco, a Chile y la frontera colombo-venezolana y 2 visitas de trabajo, a Perú (con medidas de distanciamiento social) y a México (en formato virtual).

Entre el 25 y 31 de enero, la Comisión realizó una visita in loco a Chile con el objetivo de observar en terreno la situación de derechos humanos a partir de los hechos de las protestas sociales, evaluando sus causas y consecuencias. La visita fue resultado del seguimiento realizado desde el estallido social en octubre de 2019. En ese sentido, la Comisión reconoció el sistema democrático y el Estado de Derecho, la sólida institucionalidad democrática y de derechos humanos del Estado chileno. No obstante, señaló los profundos desafíos enfrentados por las instituciones democráticas del país, en el marco de una crisis social que produjo un trauma extendido en su sociedad. En función de ello, la CIDH emitió 20 recomendaciones preliminares al Estado.

Del 4 al 8 de febrero, se realizó una visita in loco a la frontera colombo-venezolana para monitorear la situación de derechos humanos en Venezuela, en el marco del Mecanismo Especial de Monitoreo a la situación de Venezuela (MESEVE). Inicialmente, la visita estaba programada para realizarse en las ciudades de Caracas y Maracaibo. No obstante, debido a que las autoridades venezolanas negaron el ingreso al país, la delegación de la CIDH se desplazó inmediatamente a las ciudades de Bogotá y Cúcuta en Colombia. Tras la visita, se preparó un informe con observaciones preliminares, que contiene 45 recomendaciones dirigidas al Estado de Venezuela.

Asimismo, se realizaron 2 visitas de trabajo, a Perú y una visita virtual a México. La visita al Perú ocurrió del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2020, con el objetivo de observar en terreno la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales relacionadas con la reciente crisis política e institucional. La CIDH dio a conocer sus observaciones sobre la visita en el Comunicado de Prensa 290/20. La visita virtual de trabajo a México, se realizó en dos etapas, la primera fue del 16 al 18 de diciembre de 2020, con el objetivo de observar la situación de los derechos humanos de las personas en movilidad humana, desde un enfoque subregional.

Por otra parte, durante el 2020, la CIDH emitió 120 cartas solicitando información a Estados de la región; de las cuales, 97 se hicieron en virtud del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 en virtud del artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

En el marco de estas solicitudes de información, la CIDH envió cartas a los 35 Estados miembros de la OEA a fin de realizar una consulta regional sobre las medidas para prevenir, atender y contener la pandemia. También fueron enviadas cartas a todos los Estados con el objetivo de recabar información sobre los derechos de las personas LGBTI para la elaboración de un informe sobre educación y cambio cultural como herramientas para avanzar en el reconocimiento de derechos y la inclusión social de dichas personas. Asimismo, se enviaron solicitudes respecto al desalojo de personas indígenas de sus territorios y afectaciones a sus derechos, sobre la situación de las personas privadas de la libertad, sobre asesinatos y criminalización de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como en el ámbito del Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua (MESENI).

Asimismo, la CIDH ha realizado seguimiento a un significativo número de situaciones de derechos humanos mediante la realización de 59 de audiencias públicas relacionadas con su actividad de monitoreo en la región. En total, fueron abordados 12 temas prioritarios, con destaque a temas relacionados con derechos de los pueblos indígenas, memoria, verdad y justicia, personas migrantes y personas privadas de la libertad. Las audiencias permitieron visibilizar y dar seguimiento a situaciones regionales en materia de derechos humanos; asimismo, 17 abordaron situaciones específicas en países determinados de la región.

En el marco de su labor de monitoreo constante de los derechos humanos en la región, con especial interés sobre la situación de las distintas personas y grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación histórica, durante el 2020, la CIDH aprobó y publicó un informe de país sobre la Situación de Derechos Humanos en Cuba, así como 4 informes temáticos y un documento sobre temas novedosos en materia de derechos humanos. Estos informes proporcionaron significativos avances en materia de estándares, ampliando el ámbito de protección para las personas de las Américas y contribuyendo, a su vez, al desarrollo en la interpretación de los derechos humanos contenidos en los instrumentos Interamericanos: Informe sobre Personas Trans y de Género Diverso y sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; Informe sobre Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018; Informe sobre Debido Proceso en Procedimientos para la Determinación de la Condición de Refugiado, Protección Complementaria y Apátrida; el Compendio derechos laborales y sindicales.

El 6 de mayo de 2020 se reactivó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa, a solicitud de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, con el acuerdo y las facilidades brindadas por el Estado, y el apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Actualmente, entre otras actividades, el GIEI brinda asistencia técnica a la Fiscalía Especial para el Caso Ayotzinapa en la investigación del caso; y el MESA le da seguimiento al complimiento de las recomendaciones de la CIDH en esa materia. Asimismo, el 23 de noviembre se instaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Este mecanismo fue creado mediante el Acuerdo suscrito por la CIDH y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019. Desde su instalación, el GIEI desarrolla su trabajo de manera independiente e imparcial.

P6: Programa de Relatorías Especiales

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE)

En ejecución de su Plan de Acción 2018-2021, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) continuó implementando proyectos enfocados en la gobernabilidad democrática, la defensa del espacio cívico, y la protección de la libertad de expresión en línea. Durante el último trimestre del año se dio inicio al proceso de Planeación Estratégica 2021-2023, que busca construir sobre los logros alcanzados del plan vigente e incorporar los nuevos desafíos para la libertad de expresión relacionados con la pandemia, los modelos autoritarios en la región, y el entorno digital que contó con la participación de distintos actores relevantes.

Las intervenciones de la Relatoría se enfocaron en temáticas como libertad de expresión y COVID-19, el acceso a la información, Internet y privacidad; protección de datos personales, el fenómeno de la desinformación; seguridad, censura y hostigamiento a periodistas; y el uso del derecho penal para criminalizar expresiones protegidas por el derecho a la libertad de expresión. La Relatoría ofreció particular atención a la situación en Nicaragua, Cuba, Bolivia, Brasil, y Venezuela, en donde se identificaron las restricciones más graves.

La RELE participó en más de 15 audiencias públicas a lo largo del año, incluyendo audiencias sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, restricciones a la libertad de expresión en Brasil, prácticas de interceptaciones ilegales en Colombia, libertad de expresión y ejercicio del periodismo en las protestas en Estados Unidos y sobre la situación de libertad de expresión en El Salvador.

Asimismo, se publicaron 26 comunicados de prensa referidos a asesinatos de periodistas, episodios de ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación y el uso de la fuerza contra periodistas en el contexto de protestas entre otros. De manera conjunta con los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas y otros Relatores Especiales, se publicó el Pronunciamiento sobre garantías al acceso a la información en el contexto de COVID-19, la Declaración Conjunta 2020 sobre elecciones y libertad de expresión en la era digital, Declaración sobre el Derecho a la libertad de reunión pacífica y la gobernanza democrática. Además, se enviaron comunicaciones a Estados y se intercambió información sobre la situación en la región.

Por su parte, la RELE elaboró 2 informes sobre el fondo. Asimismo, la CIDH decidió enviar a la Corte IDH los casos de Pueblos Indígenas Maya Kaqchikuel de Sumpango y otros Vs. Guatemala; Ronald Moya Chacón y Freddy Parrales Chaves Vs. Costa Rica, y Carlos Baraona Fray Vs. Chile. En cuanto al mecanismo de medidas cautelares, durante 2020 la Relatoría Especial colaboró en el estudio de 27 solicitudes, entre las cuales cinco fueron otorgadas por la CIDH.

En el marco del Día Internacional del Acceso a la Información Pública, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH publicó su informe temático "Derecho a la Información y Seguridad Nacional", sobre obstáculos legales y de hecho existentes en la región para armonizar la circulación de información de interés público y los intereses de seguridad nacional. Finalmente, en cumplimiento de sus proyectos relativos a la capacitación de operadores judiciales en los estándares interamericanos sobre libertad de expresión, la Relatoría Especial, en alianza con UNESCO, logró capacitar durante 2020 a 2.348 juezas y jueces y operadoras y operadores de justicia de la región.

Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA)

Durante 2020, la Relatoría Especial monitoreó de cerca la situación en la región a partir del estallido de la pandemia COVID-19 como la principal oficina asesora en materia del derecho a la salud dentro de la CIDH. La REDESCA ha trabajado en la agenda integral de derechos y temas a su cargo de manera transversal e interseccional con todos los mandatos de la Comisión, centrándose en los grupos más afectados por la pandemia y prestando particular atención a las personas trabajadoras y profesionales del sector salud.

Asimismo, la REDESCA ha participado activamente de la SACROI-COVID-19, donde fue parte fundamental en la elaboración de la Resolución 1/2020 sobre Pandemia y Derechos Humanos; y lideró la redacción de la Resolución 4/2020 sobre los derechos de las personas con COVID.19. Adicionalmente, la REDESCA publicó 9 Comunicados de Prensa relevantes en el contexto de la pandemia. Entre los mismos, una declaración conjunta con el Relator Especial ONU sobre el derecho a un medio ambiente sano sobre las medidas de protección ambiental en el contexto de la pandemia; y otra con el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la OCDE y la OIT respecto al rol de las empresas en la región y su responsabilidad hacia los derechos humanos en la crisis sanitaria.

La REDESCA también participó en 37 audiencias temáticas a lo largo de los Períodos Ordinarios de Sesiones de la Comisión. En el marco del Periodo de Sesiones 177, la REDESCA organizó un evento con la participación de más de 30 representantes de la sociedad civil de Centroamérica y México para discutir los efectos del cambio climático en la garantía, respeto y protección de los derechos humanos. Se trata de un tema que el mandato ha trabajado de manera prioritaria durante 2020, gestando alianzas con relevantes instituciones de la región y de la cooperación internacional en la materia hacia la generación de nuevos estándares interamericanos frente a la emergencia climática.

Asimismo, la REDESCA participó en la visita de la CIDH a la frontera de Colombia y Venezuela, relevando información sobre la situación de los DESCA de las personas venezolanas dentro y fuera de su país. Asimismo, participó en la visita virtual de la CIDH a México, constando la situación humanitaria y de acceso a los DESCA de las personas que se encuentran en situación de movilidad humana, tema que es también prioritario para el mandato.

La Relatoría también ha brindado sus aportes especializados en el sistema de peticiones y casos, en todas las etapas del proceso ante la CIDH, así como en las medidas cautelares en las que fue solicitada su opinión. En el transcurso del 2020, la REDESCA envió insumos relativos a 37 peticiones en admisibilidad, 10 casos y 14 solicitudes de medidas cautelares. Por otro lado, la Relatora Especial fue delegada de la CIDH en la audiencia ante la Corte IDH sobre la solicitud de Opinión Consultiva formulada por la CIDH y REDESCA relativa al Alcance de las obligaciones de los Estados bajo el Sistema Interamericano, sobre las garantías a la libertad sindical, su relación con otros derechos y aplicación desde una perspectiva de género.

En octubre, la REDESCA llevó a cabo el lanzamiento del informe de Empresas y Derechos Humanos, del cual participaron 309 personas, representantes de los Estados, organismos internacionales, academia y sector privado. Igualmente, se lanzó un sitio multimedia y una campaña de difusión en redes sociales sobre el informe. De igual manera, la REDESCA publicó un Compendio sobre derechos laborales y sindicales, así como un informe sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de las personas trans y de género diverso.

Asimismo, llevó a cabo 73 actividades promocionales y académicas ha organizado y participado en actividades de promoción dirigidas a autoridades, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sindicales, profesionales, periodistas, y defensores/as de derechos humanos, en diversos países de la región. A lo largo del año ha mantenido una agenda de reuniones con Estados, instituciones públicas y privadas, académicos, titulares de derechos, sociedad civil, otras instancias de la OEA, organismos intergubernamentales y donantes en torno a los temas de su agenda. En relación con los Estados, se destaca el apoyo de la REDESCA para la elaboración del Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos (PAN) del Ecuador y de Perú.

Adicionalmente, la REDESCA ha continuado su participación activa como integrante del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador (GTPSS) en representación de la CIDH. Asimismo, la Oficina de la REDESCA ha culminado la ejecución de la Fase II del proyecto de promoción y protección de los DESCA en las Américas, financiado por el Fondo de España para la OEA (FEPO); prosiguiendo la ejecución del proyecto sobre los DESCA en Centro América y México, con énfasis en las personas en movilidad humana, financiado por la Cooperación Internacional Noruega a través de la Embajada para México y Centroamérica.

Durante el periodo REDESCA contó con dos personas becarias provenientes de la Universidad de Monterrey (UDEM) y una de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), Estados Unidos, en consorcio con la organización OXFAM. Cabe asimismo destacar el lanzamiento y realización de la primera edición de la Diplomatura sobre DESCA, en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contando con más de 200 personas inscritas.

P7: Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI)

En 2020, la CIDH actualizó y reorganizó sus Salas de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a Crisis (SACROIs), para incidir de manera efectiva y oportuna frente a situaciones emergentes de derechos humanos en la región.

En este sentido, se instalaron 3 nuevas SACROI para países: Colombia, para dar seguimiento cercano a la situación de derechos humanos en el país, en atención al alto número de asesinatos y agresiones a líderes sociales y defensores de derechos humanos; Estados Unidos, ante la situación de protestas masivas en el país, desencadenadas por varias muertes, entre ellas el asesinato de George Floyd, que refleja el racismo estructural y la violencia sistémica contra afrodescendientes; y Perú, para dar seguimiento a la situación de derechos humanos en el contexto de la crisis institucional tras la declaratoria de vacancia de la presidencia.

Por su parte, durante 2020 se han mantenido en funcionamiento las SACROI de Brasil, Haití, Chile y Bolivia, países visitados por la CIDH en 2018, 2019 y 2020, respectivamente y cuyos Informes de País aún están pendientes de publicación, o la visita in loco pendiente de realización.

Como ya se indicó, ante la pandemia de COVID-19, la CIDH instaló la SACROI COVID-19; la primera de naturaleza temática, que se ocupa de dar seguimiento a la situación de los derechos humanos en contexto de la pandemia, reforzando la integralidad e interseccionalidad de los derechos humanos. Tras su creación, la CIDH aprobó el plan de trabajo de la misma, cuyos resultados, entre otros fueron la elaboración y difusión de la Resolución 1/20 - Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, con 85 recomendaciones a los Estados; la Resolución 4/20 - Derechos Humanos de las personas con COVID-19; la publicación de comunicados de prensa sobre situaciones sobre derechos en el contexto de la pandemia con enfoque específico de país o temático; la realización de diálogos bilaterales con Estados y foros sociales, de seminarios virtuales; la publicación de guías prácticas, así como campañas de información y sensibilización, la elaboración del micrositio con información actualizada, entre otros.

P8: Plataforma Integrada de Análisis y Gestión de la Información

En 2020 la CIDH ha seguido trabajando hacia la consecución de recursos para la implementación de la Plataforma Integrada de Análisis y Gestión de la Información (PIAGI) en sus diferentes componentes tanto de gestión como informáticos. Se han definido criterios comunes de clasificación de información para el registro y sistematización en sus sistemas de monitoreo y seguimiento. En lo que respecta a la tecnología, actualmente se cuenta con un software que permite registrar, clasificar, sistematizar y analizar la información de acuerdo con parámetros establecidos, e integrar, facilitando la coordinación del trabajo de las diferentes áreas.

Actualmente es la principal herramienta de gestión de la información recopilada de entidades estatales, académicas, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, organismos internacionales, entre otros, así como, por las áreas de Monitoreo, Cooperación Técnica y por las Relatorías Especiales. Por medio de una metodología de uso integrado de la información, se busca asegurar la toma de decisiones estratégicas y oportunas, así como su utilización en la elaboración de informes.

Asimismo, en el marco de plataforma integrada de información, la CIDH presenta sus resultados de análisis vía paneles periódicos sobre el panorama y análisis de situación de derechos humanos en las Américas. En el primer semestre, la CIDH presentó análisis de la situación de los derechos humanos en Cuba, la situación de las personas defensoras y líderes sociales en Colombia, y sobre la visita a la frontera de Venezuela.

P9: Programa Ampliado de Capacitación y de Promoción del Pensamiento y Cultura en Derechos Humanos

Durante 2020, la CIDH ha consolidado sus acciones de promoción y capacitación sobre sus mecanismos de trabajo y sobre los estándares interamericanos de derechos humanos, con la realización de 157 actividades.

Se llevaron a cabo 136 actividades promocionales, orientadas a difundir los estándares del SIDH y a fortalecer capacidades de actuación de funcionarias y funcionarios públicos; de organizaciones y redes sociales y académicos en la defensa de los derechos humanos, en particular en el contexto de la pandemia de COVID-19. Varias de estas actividades fueron organizadas en alianza con otros actores, afianzando la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones regionales e internacionales y con Estados de la región.

Cabe destacar que, en el marco de la SACROI COVID-19, se organizó un ciclo de 31 seminarios virtuales titulado "Desafíos para los Derechos Humanos en tiempos de Pandemia", con un alcance total superior a 15 mil participaciones.

Finalmente, durante 2020 se han implementado 7 campañas de información sobre estándares, en base a los informes producidos por la CIDH.

P10: Programa de Atención y Colaboración con el Caribe y América Central

Durante 2020, la CIDH ha continuado con las acciones de cooperación técnica en materia de desarrollo y derechos humanos con los Estados del Caribe y de América Central, las cuales debieron ser adaptadas a la modalidad virtual.

Asimismo, el grupo especial de trabajo de Common Law de la Sección de Admisibilidad, creado en 2019 con el objeto de fortalecer el trabajo en países con este sistema, culminó su labor habiendo resuelto la gran mayoría de las peticiones en esta etapa.

En el marco de la implementación del Proyecto Regional "Derechos Humanos y Democracia", ejecutado en conjunto con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF por sus siglas en inglés) se ha realizado una serie de actividades dirigidas al fortalecimiento de capacidades de actores claves de El Salvador, Guatemala y Honduras, de las cuales participaron un total de 63 personas, funcionarias estatales y de la sociedad civil.

Cabe destacar la realización de una capacitación para funcionarias y funcionarias públicos de Santa Lucía sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Asimismo, uno de los seminarios virtuales realizados en el marco de la SACROI COVID-19 abordó la situación de los derechos humanos en el Caribe durante la pandemia, con la participación de 138 personas. Asimismo, en noviembre se co-organizó con la Facultad de Derecho de la Universidad de George Washington (GWULS), el Seminario Anual de Derechos Humanos para los agentes estatales de CARICOM.

Finalmente, la CIDH ha mantenido diferentes espacios de diálogo con los Estados y la sociedad civil del Caribe y América Central durante 2020. En este sentido, realizaron reuniones bilaterales con varios Estados en el marco de la SACROI COVID-19, así como reuniones con ambos grupos regionales de Estados en el marco de sus 176, 177 y 178 Períodos de Sesiones. También como parte de las actividades de la SACROI COVID-19, se desarrollaron foros sociales con organizaciones de la sociedad civil de El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana y Jamaica.

P11: Programa de Cooperación Técnica en Materia de Institucionalidad y Políticas Públicas con Enfoque en Derechos Humanos

Durante 2020 se han desarrollado actividades tendientes a ampliar y fortalecer las relaciones con los Estados Miembros de la OEA, así como a facilitar la asistencia y cooperación técnica en derechos humanos a las entidades estatales que la soliciten y a los órganos políticos de la OEA.

Frente a la pandemia de COVID-19, la CIDH ha mantenido un rol protagónico, brindando insumos técnicos para las decisiones de los Estados miembros. En ese sentido, se destacan las reuniones realizadas con distintos grupos de países para tratar asuntos relativos a la pandemia y reuniones bilaterales para abordar las medidas y preocupaciones de derechos humanos de los Estados en ese escenario, así como para realizar un relevamiento permanente de políticas, medidas y respuestas relacionadas con el COVID-19.

Por otra parte, la CIDH ha avanzado en el proceso de fortalecimiento de la vinculación con las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) de la región. Al respecto, se llevó a cabo el seminario virtual sobre las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos frente a la pandemia, con el objetivo de dar a conocer el trabajo y desafíos de estas instituciones en este contexto. También se destaca la publicación del compendio sobre derechos laborales y sindicales en el marco de la labor de cooperación técnica de la CIDH.

P12: Programa de Participación Social y Contribución a la Construcción de Capacidades de Actuación de las Organizaciones y Redes de Actores Sociales y Académicos en la Defensa de los Derechos Humanos

a CIDH ha mantenido reuniones con la sociedad civil en el marco de las visitas realizadas en 2020: a Chile, a la frontera colombo-venezolana, a Perú y a México (en formato virtual).

También realizó una reunión abierta con la sociedad civil haitiana e interamericana durante el 175 Período de Sesiones, en Haití. Las organizaciones de la región también participaron en las 19 audiencias públicas desarrolladas durante dicho Período de Sesiones, así como de las 46 audiencias públicas realizadas en formato virtual en el marco de los Períodos de Sesiones 177 y 178. En los Períodos de Sesiones 176, 177 y 178 —realizados en forma virtual— se mantuvieron 7 reuniones abiertas con la sociedad civil.

Entre las iniciativas orientadas a mantener y ampliar los canales de diálogo con la sociedad civil en el marco de la pandemia, implementadas en el marco de la SACROI COVID-19, se destacan los foros sociales con organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. También se subraya la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil en los seminarios virtuales realizados en este período.

Asimismo, con el lanzamiento del SIMORE Interamericano en 2020, se ha habilitado un nuevo canal para la participación de la sociedad civil, en este caso, en el seguimiento de sus recomendaciones.

En relación con los mecanismos especiales de seguimiento —MESA, MESENI y MESEVE— se ha continuado promoviendo el diálogo permanente con las organizaciones de la sociedad civil, y con las víctimas y de violaciones de derechos humanos y familiares.

La CIDH invitó una vez más a organizaciones de la sociedad civil y a otros actores de los 35 Estados miembros de la OEA a enviar información sobre la situación de derechos humanos en la región, para la preparación de los Capítulos IV.A, IV.B y V del Informe Anual 2020.

En 2020 la CIDH realizó un proceso de selección de participantes para la conformación de una Red Académica Especializada de Cooperación Técnica. Con la creación de esta Red se pretende contribuir con la realización de estudios, investigaciones y otras actividades conjuntas, a profundizar en el conocimiento y generar información que contribuya a la promoción y defensa de los derechos humanos en la región.

P13: Programa de cooperación y coordinación con el Sistema Universal de Derechos Humanos y otras agencias internacionales

En 2020, la CIDH ha realizado una serie de actividades conjuntas con diversos órganos del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas, particularmente en el contexto de la pandemia de COVID-19. Asimismo, se ha promovido una serie de reuniones bilaterales a nivel técnico y a alto nivel político entre Comisionadas y Comisionados de la CIDH con instancias de Naciones Unidas como ACNUR, OACNUDH, entre otras.

Como resultado de ese acercamiento se han publicado Declaraciones Conjuntas sobre temas como libertad de reunión pacífica, gobernanza democrática, defensoras y defensores de derechos humanos, proceso constituyente en Chile y participación tribal afrodescendiente. Se destaca también la inédita reunión entre el Pleno de la CIDH y el Pleno del Subcomité de Prevención a la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la reunión con los puntos focales DESC/Desarrollo de ACNUDH.

A nivel técnico, se ha mantenido la cooperación existente con OACNUDH, particularmente en materia de personas defensoras de derechos humanos.

P14: Programa de articulación y complementariedad con los sistemas regionales y los mecanismos subregionales en materia de derechos humanos

La pandemia ha presentado nuevos desafíos a los distintos organismos regionales y subregionales de derechos humanos, lo que ha requerido modificar y adapta