Secretaría General de la OEA reafirma crímenes de lesa humanidad en Venezuela

 NDP

Fiscal de la Corte Penal Internacional criticada por no abrir una investigación, a pesar de examinar la situación durante casi tres años

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el Asesor Especial sobre la Responsabilidad de Proteger de la OEA, Jared Genser, publicaron hoy un informe que reafirma que existe una base razonable para concluir que el régimen de Nicolás Maduro ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, y que condena a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por inacción ante estos crímenes.

El informe de 153 páginas, titulado “Fomento de la impunidad: el impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela” amplía el informe de 2018 de un Panel de Expertos Independientes convocados por la OEA, el cual concluyó que había una base razonable para creer que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

El nuevo documento señala que, desde la publicación del informe de 2018, los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han aumentado en escala, alcance y gravedad, al tiempo que el país enfrenta una crisis humanitaria causada por una agitación política y económica sin precedentes, junto con una escasez de productos alimenticios y médicos. Partiendo del trabajo de la Misión Independiente de Investigación de la ONU en Venezuela, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONGs, académicos independientes y otras fuentes creíbles, el nuevo informe pinta un vívido retrato de una Venezuela devastada por la violencia patrocinada por el Estado y en la agonía de un desastre humanitario.

Entre otros hallazgos, el informe:

Identifica 18.093 ejecuciones extrajudiciales realizadas por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos desde 2014.

Identifica 15.501 casos de detención arbitraria u otras instancias de privación severa de libertad desde 2014.

Identifica que decenas de millones de personas han sufrido o han sido objeto de lesiones graves debido a la actual crisis humanitaria creada por el régimen. Esto incluye informes, incluyendo de las Naciones Unidas, que encontraron 7 millones de personas necesitadas y más de 100,000 niños menores de 5 años afectados por desnutrición aguda severa. Una ONG con una fuerte presencia local informó que 52 de cada 100 niños atendidos tienen deficiencias nutricionales y el 24 por ciento de las mujeres embarazadas estaban desnutridas. En las principales ciudades, la escasez de medicamentos esenciales ha oscilado entre el 60 y el 100 por ciento. Y con bajas tasas de vacunación y medicamentos limitados, ha habido brotes de sarampión y difteria y al menos 400.000 casos de malaria, el más alto de América Latina. Se reportan casi 1.000 muertos por falta de medicamentos contra la malaria.

Identifica 724 casos de desaparición forzada en 2018 y 2019.

Identifica 653 casos documentados de tortura desde 2014.

Identifica que la violación y la violencia sexual han sido convertidas en armas por el régimen, incluso como método de tortura.

Destaca el fracaso de la Fiscal de la CPI en realizar su examen preliminar de manera expedita, así como en abrir una investigación a pesar de la abrumadora evidencia de crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte.

Recomienda a la Fiscal proceder lo más rápidamente posible para abrir una investigación sobre la situación en Venezuela y, mientras tanto, solicitar acceso inmediato, pleno y abierto a Venezuela, emitir una declaración pública detallada sobre el deterioro de la situación en Venezuela y resaltar el verdadero alcance y gravedad de la situación en Venezuela en su próximo “Informe de Actividades de Examen Preliminar 2020”.

El informe también presenta presuntos delitos que no formaban parte del informe de 2018, incluidos "actos inhumanos" cometidos intencionalmente que han resultado en gran sufrimiento o muerte. Estos incluyen acciones del régimen de Maduro que han facilitado y prolongado el empeoramiento del desastre humanitario de Venezuela.

Las instituciones gubernamentales, incluidas las fuerzas de seguridad y el poder judicial, han sido utilizadas como armas contra sus ciudadanos. Para el pueblo de Venezuela, el estado de derecho en el país ya no existe. Para los miembros del régimen, el Estado los faculta para operar con total impunidad. La búsqueda de la justicia internacional es el único recurso que queda.

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que “se ha permitido que el régimen venezolano opere con impunidad. Cada día de inacción por parte de la comunidad internacional incrementa el sufrimiento del pueblo venezolano. Llamamos a la Fiscal de la Corte Penal Internacional a actuar y mistrar al mundo que los crímenes de lesa humanidad no quedarán sin castigo”.

“Nuestro informe da vida al extraordinario sufrimiento del pueblo de Venezuela, infligido por Nicolás Maduro y su régimen. La única conclusión razonable a la que se llega al examinar la escala y amplitud de los abusos contra los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la imposición de condiciones de vida diseñadas para causar un gran sufrimiento o la muerte, es que estas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad en el marco del Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional”, dijo Jared Genser, Asesor Especial de la OEA sobre la Responsabilidad de Proteger. "Por lo tanto, es tan inexplicable como impactante que, después de casi tres años examinando la situación, la fiscal Fatou Bensouda no haya abierto una investigación sobre los presuntos delitos", agregó.

A pesar del drástico deterioro de la estabilidad nacional de Venezuela y los presuntos graves crímenes de lesa humanidad en curso, la Corte Penal Internacional no ha tomado ninguna medida sustantiva para exigir responsabilidades a los perpetradores. La fiscal Fatou Bensouda comenzó a investigar el caso de Venezuela en febrero de 2018 y, en los casi tres años transcurridos desde entonces, sólo ha completado dos de las cuatro etapas de su "examen preliminar". En cambio, contrariamente a los objetivos declarados de su Oficina de promover la prevención, la disuasión y advertir a los perpetradores, no ha actuado como lo ha hecho repetidamente en otros casos. Como resultado, el régimen se ha envalentonado para cometer más crímenes, en la creencia de que puede actuar con impunidad.

El informe incluye:

Un resumen ejecutivo detallado.

Un relato actualizado de la crisis política en Venezuela.

Un resumen y análisis legal del examen preliminar de la Fiscalía sobre la situación en Venezuela.

Una evaluación en profundidad de las principales investigaciones multilaterales sobre la situación en Venezuela.

Análisis detallados de presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, incluyendo asesinato, tortura, encarcelamiento o privación severa de libertad, desapariciones forzadas, violación / violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos.

Un examen de la responsabilidad penal de los funcionarios del régimen de Maduro.

El Estatuto de Roma, el cual estableció la Corte Penal Internacional, define en su artículo 7 los crímenes de lesa humanidad y señala que los actos allí detallados constituyen tal entidad “cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

Venezuela firmó y ratificó el Estatuto de Roma y, en consecuencia, la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre los delitos cometidos en el territorio de Venezuela o por ciudadanos venezolanos desde el 1 de julio de 2002.

Jared Genser es el Asesor Especial de la OEA sobre la Responsabilidad de Proteger, nombramiento pro bono que ocupa desde octubre de 2020. El Secretario General Almagro le encargó al Sr. Genser publicar este informe de manera pro bono en 2019, antes de su nombramiento como Asesor Especial. La publicación de este informe ahora se incluye dentro del alcance de sus nuevas responsabilidades, porque un componente importante del compromiso de los estados con la responsabilidad de proteger es la promoción de la disuasión y la necesidad de justicia y rendición de cuentas por crímenes pasados.

Consulte el informe aquí: https://oas.us1.list-manage.com/track/click?u=3484e61304c9ff10ff339b981&id=e4b4821dd3&e=d220285396

HOJA INFORMATIVA: La Secretaría General de la OEA lanza un nuevo informe que detalla las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y el impacto de la inacción de la Fiscal de la CPI

Antecedentes:

En su tercer informe sobre la situación en Venezuela, publicado el 19 de julio de 2017, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos señaló que existían “evidencias que apuntan al uso sistemático, táctico y estratégico del asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, como herramientas para aterrorizar al pueblo venezolano” que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y debían ser llevados a la atención de la Corte Penal Internacional (CPI) para su posterior consideración.

El 29 de mayo de 2018, el Panel de Expertos Internacionales Independientes designado por el Secretario General de la OEA publicó un informe, basado en testimonios de testigos, testimonios de víctimas, familiares de víctimas y otras partes interesadas, y comunicaciones escritas de más de 40 organizaciones no gubernamentales y organizaciones intergubernamentales venezolanas e internacionales. El informe concluyó que “existen motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela” que se remontan -al menos- al 12 de febrero de 2014.

El 26 de septiembre de 2018, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú refirieron conjuntamente la situación en Venezuela a la Corte Penal Internacional para su investigación, de conformidad con el artículo 14 del Estatuto de Roma.

El 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la Resolución A/HRC/RES/42/25 estableciendo una misión investigadora independiente “para investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otras formas crueles, inhumanas o degradantes de tratamiento desde 2014, con miras a garantizar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

El 16 de septiembre de 2020, la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para la República Bolivariana de Venezuela publicó su informe, en el que encontró “motivos razonables para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, reafirmando las conclusiones del Informe de la OEA de 2018. La Misión de Investigación recomendó que son necesarias más investigaciones internacionales sobre los crímenes y violaciones de derechos humanos y que “la Fiscalía de la Corte Penal Internacional necesita tomar en consideración las necesidades de las víctimas de los crímenes investigados por la Misión y aquellos que estén bajo su consideración, para que se haga justicia oportunamente”.

Los "crímenes de lesa humanidad" están definidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma –que estableció la Corte Penal Internacional- como delitos cometidos “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

Venezuela firmó y ratificó el Estatuto de Roma y en consecuencia la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre los delitos cometidos en el territorio de Venezuela o por ciudadanos venezolanos desde el 1 de julio de 2002.

En abril de 2011, la Corte Penal Internacional y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos firmaron un Canje de Notas estableciendo un Acuerdo Marco de Cooperación enfocado en la promoción y difusión de principios y valores compartidos, así como el intercambio de información y documentos sobre asuntos de interés común.

El proceso de examen de la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela fue diseñado explícitamente para apoyar los acuerdos de cooperación existentes entre la Secretaría General de la OEA y la CPI y se lleva a cabo bajo la autoridad del Secretario General de la OEA.

Investigación:

Como seguimiento al Panel de Expertos Independientes de 2018, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, encargó a Jared Genser monitorear los acontecimientos en Venezuela y facilitar -de manera imparcial e independiente- la recopilación de pruebas que brinden una base razonable para saber si se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la identificación de sus posibles autores, la existencia de procedimientos nacionales de investigación y otros elementos requeridos por el Estatuto de Roma. Desde el informe del Panel de Expertos Independientes de 2018, se ha llevado a cabo un trabajo significativo, por parte de organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y otras fuentes creíbles, para documentar el drástico deterioro del panorama de los derechos humanos en Venezuela. Este nuevo informe sintetiza, resume y analiza esos hallazgos para demostrar la gravedad y severidad de los presuntos delitos que han sufrido millones de venezolanos.

El artículo 15 del Estatuto de Roma estipula que para identificar los crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, el Fiscal iniciará una investigación preliminar sobre la base de la información recibida. El 8 de febrero de 2018, la Fiscal Bensouda anunció que la CPI había abierto un examen preliminar sobre la situación en Venezuela. En septiembre de 2018, seis estados parte del Estatuto de Roma (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) refirieron el caso de Venezuela a la CPI. En palabras de la propia Fiscal, esta fue la "primera remisión presentada por un grupo de Estados Partes sobre una situación en el territorio de otro Estado Parte". Sin embargo, a pesar de la naturaleza extraordinaria de la remisión de seis estados a la Corte, el "examen preliminar" de la Fiscal todavía está en curso después de casi tres años. En ausencia de cualquier forma de rendición de cuentas o justicia por parte de la CPI, el régimen se ha envalentonado para cometer más crímenes, en la creencia que puede actuar con total impunidad.

El informe:

Entre otros hallazgos, el informe:

Identifica 18.093 ejecuciones extrajudiciales realizadas por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos desde 2014.

Identifica 15.501 casos de detención arbitraria u otras instancias de privación severa de libertad desde 2014.

Identifica que decenas de millones de personas han sufrido o han sido objeto de lesiones graves debido a la actual crisis humanitaria creada por el régimen. Esto incluye informes, incluyendo de las Naciones Unidas, que encontraron 7 millones de personas necesitadas y más de 100,000 niños menores de 5 años afectados por desnutrición aguda severa. Una ONG con una fuerte presencia local informó que 52 de cada 100 niños atendidos tienen deficiencias nutricionales y el 24 por ciento de las mujeres embarazadas estaban desnutridas. En las principales ciudades, la escasez de medicamentos esenciales ha oscilado entre el 60 y el 100 por ciento. Y con bajas tasas de vacunación y medicamentos limitados, ha habido brotes de sarampión y difteria y al menos 400.000 casos de malaria, el más alto de América Latina. Se reportan casi 1.000 muertos por falta de medicamentos contra la malaria.

Identifica 724 casos de desaparición forzada en 2018 y 2019.

Identifica 653 casos documentados de tortura desde 2014.

Identifica que la violación y la violencia sexual han sido convertidas en armas por el régimen, incluso como método de tortura.

Destaca el fracaso de la Fiscal de la CPI en realizar su examen preliminar de manera expedita, así como en abrir una investigación a pesar de la abrumadora evidencia de crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte.

Recomienda a la Fiscal proceder lo más rápidamente posible para abrir una investigación sobre la situación en Venezuela y, mientras tanto, solicitar acceso inmediato, pleno y abierto a Venezuela, emitir una declaración pública detallada sobre el deterioro de la situación en Venezuela y resaltar el verdadero alcance y gravedad de la situación en Venezuela en su próximo “Informe de Actividades de Examen Preliminar 2020”.