La CIDH llama a los Estados Miembros a adoptar una perspectiva de género en la respuesta a la pandemia COVID-19 y combatir la violencia sexual y doméstica en este contexto.

CIDH

11 de abril de 2020
Washington, DC - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su Unidad de Coordinación para la Respuesta Rápida e Integrada a la pandemia COVID-19 (SACROI COVID-19, por sus siglas en español), hace un llamado a los Miembros Estados para incorporar una perspectiva de género en las respuestas a esta crisis y para combatir la violencia sexual y doméstica, así como la discriminación que afecta a las mujeres en este contexto. Específicamente, la Comisión subraya la necesidad de adaptar a las necesidades de las mujeres y las niñas las medidas políticas y legislativas que se han emitido para hacer frente a la pandemia, teniendo en cuenta los múltiples factores estructurales que perpetúan la discriminación contra las mujeres y las niñas y aumentan su riesgo en este contexto.

La CIDH está profundamente alarmada por los informes que muestran un aumento de la violencia doméstica luego del establecimiento de las medidas de confinamiento social y aislamiento social adoptadas por las autoridades para contener la propagación de COVID-19 en los países de la región. En este sentido, la Comisión se ha dado cuenta, a través de su monitoreo permanente, del aumento significativo de estas cifras en países como Brasil y Estados Unidos, que también se ven en otros países de la región. En Brasil, el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos registró un aumento del 17% en los informes de violencia de género después de las medidas para contener la epidemia. Asimismo, en los Estados Unidos, los departamentos de seguridad de los países informaron un aumento en el número de denuncias de violencia doméstica. En este sentido, la Policía de Portland en Oregon informó un incremento del 27% de las llamadas en comparación con los meses anteriores.

En este sentido, la CIDH llama a los Estados de la región a fortalecer los servicios para responder a la violencia de género, particularmente la violencia doméstica en el contexto del encierro y el distanciamiento social. Esto podría hacerse mediante el desarrollo de mecanismos alternativos de presentación de informes, ampliando el suministro de refugios para víctimas de violencia doméstica y fortaleciendo la capacidad de los actores de seguridad y justicia para proporcionar respuestas oportunas en el contexto de la pandemia.

La Comisión también observa con extrema preocupación que, en el contexto del confinamiento doméstico y la disminución de la cantidad de personas que circulan en las calles, han aumentado los actos de violencia sexual y violación contra mujeres, niñas y adolescentes. En Perú, por ejemplo, las autoridades informaron que, durante los primeros 17 días de reclusión, 34 mujeres, incluidas 27 niñas, fueron víctimas de agresión sexual. Según la información disponible, estos números representan un aumento en este tipo de violencia en el país.

La CIDH hace un llamado a los Estados para que cumplan con su deber de diligencia debida mediante la investigación inmediata y exhaustiva de los hechos, llevando a los autores a juicio y condenando a los responsables, y proporcionando reparación a las víctimas y sus familias. Estos procedimientos deben adoptar una perspectiva de género y una protección integral para las víctimas. En el contexto de la pandemia, además de las iniciativas integrales de educación sexual, los Estados deberían promover campañas en los medios de comunicación y las redes sociales centradas en la difusión de información sobre los mecanismos de denuncia disponibles y la asistencia a las víctimas. Además, los Estados deben mantener sus servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la distribución de métodos anticonceptivos, atención prenatal y posnatal, servicios para prevenir infecciones de transmisión sexual y, cuando lo permitan sus leyes internas, la interrupción del embarazo.

En el marco de la pandemia, la Comisión destaca que la pérdida de ingresos y la reducción de la actividad económica es un factor adicional para el aumento de los niveles de desigualdad y pobreza, que afecta especialmente a las mujeres, especialmente a las mujeres jefas de hogar. La Comisión destaca la necesidad de un enfoque específico hacia las 126 millones de trabajadoras en la economía informal, así como las trabajadoras domésticas, las mujeres rurales y las trabajadoras sexuales y otros grupos afectados desproporcionadamente por la pandemia, como las mujeres migrantes, las mujeres sin hogar y las personas trans. mujer. Dichas políticas deben tener una perspectiva de derechos humanos y centrarse en las necesidades específicas de estas mujeres. En este sentido, los Estados deben adoptar medidas encaminadas a superar el impacto desproporcionado de la crisis económica en las mujeres, promoviendo su reintegración socioeconómica a través de medidas de ayuda o apoyo económico, a través de la expansión de sus redes de protección social y centradas en la promoción de la sostenibilidad. desarrollo.

Por otro lado, la CIDH hace un llamado a los Estados para que brinden la debida protección a las mujeres profesionales de la salud y el trabajo social, sirviendo en la primera línea de respuesta a la pandemia de COVID-19. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las mujeres representan el 70% de las personas empleadas en el sector de la salud en todo el mundo.

Además, también establece que las mujeres ocupan desproporcionadamente roles de primera línea en la lucha mundial para tratar a las personas infectadas, así como para llevar a cabo tareas de atención bajo las medidas de distanciamiento social. A ese respecto, además de los riesgos de infección y la carga mental de su trabajo profesional, las mujeres también se enfrentan al trabajo familiar no remunerado, incluido el cuidado de niñas, niños y ancianos.

Finalmente, la CIDH reconoce los desafíos actuales que enfrentan los Estados para contener la pandemia, así como la importancia de los lineamientos para el confinamiento y el distanciamiento social. Al mismo tiempo, insta a los Estados a fortalecer la incorporación de una perspectiva de género en todas las medidas adoptadas en respuesta a la pandemia. La Comisión reitera que la adopción de medidas debe tener como condición esencial la participación de las mujeres en puestos de toma de decisiones en los comités y grupos de trabajo en respuesta a la crisis causada por COVID-19, a fin de garantizar la incorporación de la perspectiva de género. en el diseño, implementación, ejecución y monitoreo de las medidas y políticas adoptadas en respuesta a la pandemia. Lo anterior, a partir de un enfoque interseccional que tenga en cuenta los contextos y condiciones que potencian los efectos de la crisis, como la precariedad económica, el estatus migratorio, la privación de libertad, el origen étnico-racial, la orientación e identidad sexual y / o la expresión de género, entre otros.

En este sentido, y considerando el contexto de la pandemia de COVID-19, en relación con la protección de los derechos de las mujeres, las niñas y los adolescentes, la Comisión recomienda que los Estados:

1. Incorporar la perspectiva de género desde un enfoque interseccional en todas las respuestas estatales para contener la pandemia, teniendo en cuenta los diferentes contextos y condiciones que aumentan la vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres, como la precariedad económica, la edad, el estado migratorio, el estado de discapacidad, privación de libertad, origen étnico-racial, orientación sexual, identidad y / o expresión de género, entre otros.

2. Reformular los mecanismos tradicionales de respuesta a la violencia de género, adoptando canales de comunicación alternativos, así como líneas de atención de emergencia, fortaleciendo las redes comunitarias para expandir los canales de denuncia y las órdenes de protección durante el período de confinamiento y restricciones de movilidad. Asimismo, garantizar la disponibilidad de refugios y refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica, donde deben existir condiciones para prevenir el contagio.

3. Desarrollar protocolos de atención y fortalecer la capacidad de los agentes de seguridad y actores de justicia involucrados en la investigación y sanción de actos de violencia doméstica, así como llevar a cabo la distribución de materiales de orientación a todas las instituciones estatales.

4. Garantizar la disponibilidad y la continuidad de los servicios de salud sexual y reproductiva durante la crisis pandémica, aumentando, en particular, las medidas para la educación sexual integral y la difusión de información en medios accesibles y con un lenguaje adecuado, con el fin de llegar a las mujeres en su diversidad.

5. Fortalecer las políticas de seguridad alimentaria y las redes de protección social con una perspectiva de género, incluidas las políticas de salario mínimo y la provisión de atención médica centrada en la necesidad específica de estas mujeres para combatir la crisis generada por COVID-19.

Como órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH deriva su mandato de la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover el respeto y la defensa de los derechos humanos en la región, y actúa como órgano consultivo de la OEA en esta área. La Comisión está compuesta por siete miembros independientes que son elegidos individualmente por la Asamblea General de la OEA y que no representan a sus países de origen o residencia.