Justicia chilena ratifica que Estado debe pagar unos 240.000 dólares por crimen de joven estadounidense
VOA
La Corte Suprema de Justicia chilena ratificó el pago de unos 240.000 dólares por parte del Estado al padre de una joven psicóloga estadounidense asesinada en 2014 en el sur del país, según una sentencia divulgada el martes.
En mayo del 2019, la Corte de Apelaciones de la sureña ciudad de Temuco había ordenado indemnizar a la familia de Érica Hagan, lo que fue apelado por el Consejo de Defensa del Estado.
De acuerdo al fallo de la Corte Suprema, la actuación del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones (PDI) habría producido “la eliminación (de) la posibilidad de continuar la investigación y de sancionar a un responsable”.
La demanda acusó a la PDI de cometer acciones u omisiones como pérdida de evidencias, contaminación del arma que se suponía homicida, contaminación del sitio del suceso, no aislar el perímetro inmediato al departamento y usar bombas de humo que mermaron posibilidad de obtener hallazgos.
La cuestionada arma homicida correspondía a un atizador, que contenía rastros de ADN del imputado, un guardia del colegio donde trabajada Hagan.
Hagan, de 22 años, vivía en una residencia en el Colegio Bautista de Temuco, donde impartía clases de inglés como parte de un programa de intercambio con el estadounidense Georgetown College.
La Corte Suprema de Justicia chilena ratificó el pago de unos 240.000 dólares por parte del Estado al padre de una joven psicóloga estadounidense asesinada en 2014 en el sur del país, según una sentencia divulgada el martes.
En mayo del 2019, la Corte de Apelaciones de la sureña ciudad de Temuco había ordenado indemnizar a la familia de Érica Hagan, lo que fue apelado por el Consejo de Defensa del Estado.
De acuerdo al fallo de la Corte Suprema, la actuación del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones (PDI) habría producido “la eliminación (de) la posibilidad de continuar la investigación y de sancionar a un responsable”.
La demanda acusó a la PDI de cometer acciones u omisiones como pérdida de evidencias, contaminación del arma que se suponía homicida, contaminación del sitio del suceso, no aislar el perímetro inmediato al departamento y usar bombas de humo que mermaron posibilidad de obtener hallazgos.
La cuestionada arma homicida correspondía a un atizador, que contenía rastros de ADN del imputado, un guardia del colegio donde trabajada Hagan.
Hagan, de 22 años, vivía en una residencia en el Colegio Bautista de Temuco, donde impartía clases de inglés como parte de un programa de intercambio con el estadounidense Georgetown College.
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