Censura reinó en Venezuela durante el 2019
DIARIO LA PRENSA DE LARA
Ana Uzcátegui | LA PRENSA de Lara.- La censura y la violencia contra periodistas y medios de comunicación se eternizó en Venezuela. Según el balance 2019 de la Asociación Civil Espacio Público, las agresiones contra comunicadores sociales arreciaron y elevaron exponencialmente el riesgo a informar.
Estos 12 meses, estuvieron marcados por las restricciones masivas al uso de internet, donde fueron bloqueados tanto portales digitales, como plataformas de redes sociales que realizan transmisiones audiovisuales en vivo. El apagón nacional de marzo fue el detonante que cercenó las comunicaciones en la población y hasta la fecha las fallas de conectividad a internet y de telefonía móvil o fija continúan.
En total 460 casos de vulneración del derecho a la libertad de expresión contabilizó este año Espacio Público en el país desde enero hasta el 15 de diciembre. Esta estadística se traduce a mil 18 violaciones, es decir, 67% más que 2018. Marisabel Rodríguez, directora del Programa de Observatorio Social de esta asociación, alertó que se aplicaron 111 detenciones arbitrarias contra comunicadores cinco de los casos, mantienen procesos judiciales abiertos y están bajo medidas cautelares.
Detalló que existen dos periodista y un camarógrafo tras las rejas: Ana Belén Tovar, gerente de información de Entorno Inteligente, quien desde noviembre se mantiene incomunicada en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas; por segunda vez, fue apresado comunicador Víctor Hugas, asistente del diputado de la Asamblea Nacional, Gilber Caro y Jesús Medina Ezaine quien desde 2018 está en el Sebin por reportear dentro del Centro Penitenciario de Aragua, también conocido como Tocorón.
"Este año se registraron casos de violencia física durante coberturas periodísticas en protestas políticas. Pero también se incrementó la violencia institucional contra trabajadores de prensa independiente. Aplicando cierre de medios, amenazas administrativas y vulneraciones en línea. El bloqueo masivo de redes se elevó a cantidad", acotó Rodríguez.
Afirmó que las retenciones a comunicadores, son los casos más aplicados. Cuerpos de seguridad enfilan contra periodistas, camarógrafos o reporteros gráficos que hacen coberturas de protestas o represión. "Las violaciones van desde agresiones físicas, robo de equipos, intimidación obligan a periodistas a borrar material, pero luego son liberados, sin abrir ningún tipo de procedimientos judicial". indicó.
En cuanto a las detenciones arbitrarias con procesos judiciales abiertos, Rodríguez señala que todas son aplicadas por órganos de inteligencia, siendo el Sebin y la Dgcim, los verdugos que han ejecutado la tortura en los comunicadores. "Entre los casos contabilizados, los profesionales detenidos han sido sometidos a un proceso penal, y a pesar de ser excarcelados en poco tiempo, no se han librado de seguir sometidos a un régimen de presentación. Tienen prohibición de moverse incluso en el propio estado y de expresarse en redes sociales, presentan secuelas de haber sido recluidos en lugares hacinados", señaló.
Entre los periodistas que son investigados por Fiscalía se encuentra Luis Carlos Diaz, acusado de instigación pública por aparecer en un vídeo recomendando a la población, cómo comunicarse en caso de fallas eléctricas. Wilmer Quintana , periodista de Guarico, detenido por publicar denuncias de corrupción en su cuenta en Facebook. José Muñoz, detenido por tener un programa de línea crítica al gobierno. Billy Six, periodista alemán, privado de libertad por el Sebin, por tomar una fotografía al presidente Nicolás Maduro considera de atentar contra su seguridad y el más reciente es el vicepresidente de información de El Universal, Elides Rojas, acusado de instigación al odio.
Ana Uzcátegui | LA PRENSA de Lara.- La censura y la violencia contra periodistas y medios de comunicación se eternizó en Venezuela. Según el balance 2019 de la Asociación Civil Espacio Público, las agresiones contra comunicadores sociales arreciaron y elevaron exponencialmente el riesgo a informar.
Estos 12 meses, estuvieron marcados por las restricciones masivas al uso de internet, donde fueron bloqueados tanto portales digitales, como plataformas de redes sociales que realizan transmisiones audiovisuales en vivo. El apagón nacional de marzo fue el detonante que cercenó las comunicaciones en la población y hasta la fecha las fallas de conectividad a internet y de telefonía móvil o fija continúan.
En total 460 casos de vulneración del derecho a la libertad de expresión contabilizó este año Espacio Público en el país desde enero hasta el 15 de diciembre. Esta estadística se traduce a mil 18 violaciones, es decir, 67% más que 2018. Marisabel Rodríguez, directora del Programa de Observatorio Social de esta asociación, alertó que se aplicaron 111 detenciones arbitrarias contra comunicadores cinco de los casos, mantienen procesos judiciales abiertos y están bajo medidas cautelares.
Detalló que existen dos periodista y un camarógrafo tras las rejas: Ana Belén Tovar, gerente de información de Entorno Inteligente, quien desde noviembre se mantiene incomunicada en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas; por segunda vez, fue apresado comunicador Víctor Hugas, asistente del diputado de la Asamblea Nacional, Gilber Caro y Jesús Medina Ezaine quien desde 2018 está en el Sebin por reportear dentro del Centro Penitenciario de Aragua, también conocido como Tocorón.
"Este año se registraron casos de violencia física durante coberturas periodísticas en protestas políticas. Pero también se incrementó la violencia institucional contra trabajadores de prensa independiente. Aplicando cierre de medios, amenazas administrativas y vulneraciones en línea. El bloqueo masivo de redes se elevó a cantidad", acotó Rodríguez.
Afirmó que las retenciones a comunicadores, son los casos más aplicados. Cuerpos de seguridad enfilan contra periodistas, camarógrafos o reporteros gráficos que hacen coberturas de protestas o represión. "Las violaciones van desde agresiones físicas, robo de equipos, intimidación obligan a periodistas a borrar material, pero luego son liberados, sin abrir ningún tipo de procedimientos judicial". indicó.
En cuanto a las detenciones arbitrarias con procesos judiciales abiertos, Rodríguez señala que todas son aplicadas por órganos de inteligencia, siendo el Sebin y la Dgcim, los verdugos que han ejecutado la tortura en los comunicadores. "Entre los casos contabilizados, los profesionales detenidos han sido sometidos a un proceso penal, y a pesar de ser excarcelados en poco tiempo, no se han librado de seguir sometidos a un régimen de presentación. Tienen prohibición de moverse incluso en el propio estado y de expresarse en redes sociales, presentan secuelas de haber sido recluidos en lugares hacinados", señaló.
Entre los periodistas que son investigados por Fiscalía se encuentra Luis Carlos Diaz, acusado de instigación pública por aparecer en un vídeo recomendando a la población, cómo comunicarse en caso de fallas eléctricas. Wilmer Quintana , periodista de Guarico, detenido por publicar denuncias de corrupción en su cuenta en Facebook. José Muñoz, detenido por tener un programa de línea crítica al gobierno. Billy Six, periodista alemán, privado de libertad por el Sebin, por tomar una fotografía al presidente Nicolás Maduro considera de atentar contra su seguridad y el más reciente es el vicepresidente de información de El Universal, Elides Rojas, acusado de instigación al odio.
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