Corte Interamericana celebrará 127 Período Ordinario de Sesiones

San José, Costa Rica, 20 de septiembre de 2018- La Corte Interamericana celebrará entre el 24 y 28 de septiembre su 127 Período Ordinario de Sesiones en San José, Costa Rica.

Audiencias Públicas

La Corte llevará a cabo las siguientes audiencias públicas:

Asunto Pobladores de las Comunidades del Pueblo Indígena Miskitu de la Región Caribe Norte respecto de Nicaragua (27 de septiembre de 09:00 a 10:30 horas)

Durante esta audiencia el Estado deberá informar a la Corte, de manera completa y pormenorizada, sobre la implementación de cada una de las medidas provisionales requeridas por el Tribunal, mediante sus diversas resoluciones, la cual deberá acompañar el diagnóstico sobre la situación actual de riesgo de los beneficiarios de las referidas medidas. Además, la Corte escuchará las observaciones de los representantes de los beneficiarios y el parecer de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. Puede ver la resolución mediante la cual se convoca a audiencia aquí.

Caso Colindres Schonenberg Vs. El Salvador (27 de septiembre de 15:00 a 18:00 horas)

El caso se relaciona con el cese del señor Eduardo Benjamín Colindres Schonenberg de su cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral por parte de la Asamblea Legislativa el 17 de marzo de 1998, en presunta violación a múltiples garantías del debido proceso, entre ellas el derecho a contar con un juez competente y la garantía de imparcialidad, así como el principio de legalidad. Puede ver la resolución mediante la cual se convoca a audiencia aquí.

Sentencias

La Corte deliberará los siguientes casos contenciosos:

Caso Terrones Silva y otros Vs. Perú

El caso se relaciona con las presuntas desapariciones forzadas de Wilfreda Terrones Silva (desde el 26 de agosto de 1992), Teresa Díaz Aparicio (desde el 19 de agosto de 1992), Santiago Antezana Cueto (desde el 7 de mayo de 1984), Nestor Rojas Medina (desde el 26 de enero de 1991) y Cory Clodolia Tenicela Tello (desde el 2 de octubre de 1992). Se alega que los hechos habrían tenido lugar en el contexto de la práctica sistemática y generalizada de la desaparición forzada en el marco de la lucha antiterrorista por parte del Estado peruano, con especial incidencia en dichos años. A la fecha no se conocería el destino o paradero de ninguna de las víctimas. Puede conocer más sobre el caso aquí.

Caso Escaleras Mejía y otros Vs. Honduras

El caso se relaciona con la presunta responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la muerte del defensor ambientalista Carlos Escaleras Mejía ocurrida el 18 de octubre de 1997, y la alegada situación de impunidad parcial en que se encontraría tal hecho. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos argumenta que el Estado habría otorgado una respuesta judicial efectiva frente a la muerte del señor Escaleras Mejía, pues las autoridades policiales, fiscales y judiciales no habrían adoptado las diligencias iniciales mínimas conforme a los estándares interamericanos en este tipo de casos. La Comisión también argumenta que el Estado habría omitido practicar pruebas para impulsar seria y exhaustivamente líneas básicas de investigación que respondieran efectivamente a los indicios que vincularon al menos a tres autoridades estatales y que surgieron desde el primer momento. Además, la Comisión alega que no se habrían investigado todas las posibles autorías intelectuales y que durante la investigación se habrían dado graves hechos de posible represalia y presión respecto de personas que participaron en las investigaciones, a pesar de lo cual no se habría efectuado investigación alguna sobre tales hechos. A su vez, la Comisión sostiene que el plazo de 17 años desde la muerte, presuntamente constituyó un incumplimiento de la garantía de plazo razonable, señalando que todos estos factores forman parte de una situación más general relacionada con los altos índices de impunidad de hechos criminales perpetrados contra defensores ambientalistas. Puede conocer más sobre el caso aquí.

Caso López Soto y otros Vs. Venezuela

El caso se relaciona con presunta responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por las supuestas graves afectaciones a la integridad personal, a la libertad personal, a la vida privada, dignidad y autonomía y al derecho a vivir libre de violencia y discriminación, presuntamente sufridas por Linda Loaiza López Soto, de entonces 19 años de edad, entre el 27 de marzo y el 19 de julio de 2001. Se alega que López Soto estuvo privada de la libertad en contra de su voluntad y que habría sido víctima de actos de violencia atroz durante casi cuatro meses, lo que presuntamente incluyó mutilaciones, severas lesiones físicas y afectaciones psicológicas cometidas con suma crueldad, así como repetidas formas de violencia y violación sexual, todo con un impacto profundo e irreversible en su vida. La Comisión argumenta que esta violencia habría estado motivada por la condición de mujer de la presunta víctima, por lo que se alega que constituyó violencia de género. Asimismo, la Comisión estableció que del incumplimiento del deber de prevención en el caso concreto se desprende una situación de aquiescencia por parte del Estado y, por lo tanto, los graves actos de violencia física, psicológica y sexual sufridos por Linda Loaiza Lopez Soto constituyeron un incumplimiento de las obligaciones estatales frente a la prohibición absoluta de la tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Se sostiene que el Estado venezolano tuvo o debió tener conocimiento de la situación de riesgo real e inminente en que se encontraba la joven ante los reiterados intentos de su hermana de interponer la denuncia de su desaparición y que, a pesar de ello, no adoptó medida alguna para protegerla frente al riesgo en que se encontraba y evitar su materialización. Además, se alega que el Estado incumplió con su obligación de investigar en un plazo razonable y que la presunta víctima no contó con un acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Asimismo, se alega que los graves hechos de violencia que sufrió fueron investigados y juzgados en un marco normativo discriminatorio e incompatible con la Convención Americana que permitió que el debate se centrara en especulaciones sobre la vida de la víctima y no en el esclarecimiento de lo sucedido y la determinación de las respectivas responsabilidades. Puede conocer más sobre el caso aquí.

Supervisión de cumplimiento de sentencias, medidas provisionales, así como de cuestiones administrativas

Asimismo, la Corte supervisará el cumplimiento de diversas sentencias, la implementación de las medidas provisionales que se encuentran bajo su conocimiento, así como analizará cuestiones administrativas.

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La composición de la Corte para este período ordinario de sesiones será la siguiente: Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente (México); el Juez Eduardo Vio Grossi, Vicepresidente (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador).