Lester Toledo: A los verdugos judiciales del concejal Machado y su equipo les espera la justicia, pronto pagarán
NDP
Comunicaciones Voluntad Popular/
(02.11.17).- El dirigente nacional de Voluntad Popular en situación de exilio forzoso, Lester Toledo, denunció que el Tribunal Primero de Control, a cargo de la juez Nidia Barboza, dictó privativa de libertad en contra del concejal Angel Machado, de los periodistas Alberto Cabrera y Antonio Medina, así como en contra de otros diez activistas de Voluntad Popular en el Zulia.
Toledo señaló como autores materiales de “este acto de injusticia” a: Fernando Silva, fiscal superior del Ministerio Público, a Vanderlella Andrade, presidenta del Circuito Judicial Penal del Zulia, a Nidia Barboza, jueza del Tribunal Primero de Control y Yenni Díaz, fiscal actuante y coordinadora de la Sala de Flagrancia del Ministerio Público. De ellos dijo que a partir de este momento quedarán señalados todos como “verdugos de la justicia” y sobre quienes recaerá todo el peso de la justicia internacional.
Toledo culpó además de ser autores intelectuales de este acto violatorio del derecho a Francisco Arias Cárdenas, exgobernador del Zulia por estar tras la orden de encarcelamiento, al magistrado Maikel Moreno del TSJ y al abogado Jimai Montiel de la DEM. “La dictadura que gobierna en Venezuela, violando todo procedimiento legal les acaba de dictar privativa de libertad a ciudadanos inocentes por unos delitos absurdos. A un concejal, a dos periodistas y a diez mototaxistas, que lo único que hacían es dar cobertura a una legítima protesta, los encarcelan por presuntamente detentar artefactos explosivos, por instigación, resistencia a la autoridad y obstaculización de la vía, imputando además a Ángel el delito de rebelión. Mi propósito a partir de este momento es que la justicia internacional le llegue a todos los que actuaron y que ordenaron esta ilegal privativa”.
Como se recordará, el 26 de julio pasado, el concejal Ángel Machado fue detenido arbitrariamente junto a los periodistas Alberto Cabrera y Antonio Medina, y otros diez miembros de su equipo de trabajo, mientras estos se encontraban recorriendo la ciudad de Maracaibo para constatar el trancón previsto para ese día. Una comisión de la Guardia Nacional, comandada por el teniente coronel Jerry Camacaro, de forma abrupta interceptó al grupo y ordenó su inmediata detención, el concejal fue sometido a la fuerza y en medio de la situación, el equipo de periodistas fue agredido y sus equipos fueron sustraídos por los militares.
El 28 de julio, el concejal Ángel Machado, junto a sus compañeros, fue enjuiciado en instancia militar en el Tribunal de Control 18 del Zulia, recibiendo privativa de libertad y orden de traslado al Centro de Procesados Militares de Santa Ana en San Cristóbal. Al grupo se le imputaron los delitos de: Rebelión militar aún para no militares, ultraje al centinela y ofensa y menosprecio a la Fuerza Armada. “Ya han pasado casi cien días de la detención, cien días tras las rejas en una cárcel militar, por orden de Maduro y del fiscal Tarek William Saab la causa pasó a justicia ordinaria, fijaron finalmente la fecha para la audiencia de presentación, y estos son los resultados, jóvenes inocentes privados de libertad”, señaló Toledo.
Dijo el diputado venezolano que de las principales irregularidades cometidas en la audiencia de presentación es que el caso lo llevó una fiscal en Flagrancia, argumentando esta funcionaria que la detención se habría registrado 48 horas antes. “A esta fiscal corrupta y a la juez se les pasó el hecho de que los detenidos llevan cien días tras las rejas en el Cárcel Militar de Santa Ana, y que su detención ejecutada el 26 de julio de este año, fue un hecho público y notorio, que ninguna manipulación de expediente puede borrar todos estos meses de horror y de abusos a los que han sido sometidos estos trece ciudadanos y toda su familia”.
Advirtió que esta decisión no quedará impune. “Prometo que voy a ir al último rincón del planeta, a toda instancia internacional para que cada juez, fiscal y funcionario que participaron en esta injusticia paguen, no solo por mis trece hermanos sino por las injusticias que han cometido en toda Venezuela. Voy a ir a la CIDH, Amnistía Internacional, al Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU y no voy a descansar hasta que todos los que están tras las violaciones a los Derechos Humanos paguen”.
Comunicaciones Voluntad Popular/
(02.11.17).- El dirigente nacional de Voluntad Popular en situación de exilio forzoso, Lester Toledo, denunció que el Tribunal Primero de Control, a cargo de la juez Nidia Barboza, dictó privativa de libertad en contra del concejal Angel Machado, de los periodistas Alberto Cabrera y Antonio Medina, así como en contra de otros diez activistas de Voluntad Popular en el Zulia.
Toledo señaló como autores materiales de “este acto de injusticia” a: Fernando Silva, fiscal superior del Ministerio Público, a Vanderlella Andrade, presidenta del Circuito Judicial Penal del Zulia, a Nidia Barboza, jueza del Tribunal Primero de Control y Yenni Díaz, fiscal actuante y coordinadora de la Sala de Flagrancia del Ministerio Público. De ellos dijo que a partir de este momento quedarán señalados todos como “verdugos de la justicia” y sobre quienes recaerá todo el peso de la justicia internacional.
Toledo culpó además de ser autores intelectuales de este acto violatorio del derecho a Francisco Arias Cárdenas, exgobernador del Zulia por estar tras la orden de encarcelamiento, al magistrado Maikel Moreno del TSJ y al abogado Jimai Montiel de la DEM. “La dictadura que gobierna en Venezuela, violando todo procedimiento legal les acaba de dictar privativa de libertad a ciudadanos inocentes por unos delitos absurdos. A un concejal, a dos periodistas y a diez mototaxistas, que lo único que hacían es dar cobertura a una legítima protesta, los encarcelan por presuntamente detentar artefactos explosivos, por instigación, resistencia a la autoridad y obstaculización de la vía, imputando además a Ángel el delito de rebelión. Mi propósito a partir de este momento es que la justicia internacional le llegue a todos los que actuaron y que ordenaron esta ilegal privativa”.
Como se recordará, el 26 de julio pasado, el concejal Ángel Machado fue detenido arbitrariamente junto a los periodistas Alberto Cabrera y Antonio Medina, y otros diez miembros de su equipo de trabajo, mientras estos se encontraban recorriendo la ciudad de Maracaibo para constatar el trancón previsto para ese día. Una comisión de la Guardia Nacional, comandada por el teniente coronel Jerry Camacaro, de forma abrupta interceptó al grupo y ordenó su inmediata detención, el concejal fue sometido a la fuerza y en medio de la situación, el equipo de periodistas fue agredido y sus equipos fueron sustraídos por los militares.
El 28 de julio, el concejal Ángel Machado, junto a sus compañeros, fue enjuiciado en instancia militar en el Tribunal de Control 18 del Zulia, recibiendo privativa de libertad y orden de traslado al Centro de Procesados Militares de Santa Ana en San Cristóbal. Al grupo se le imputaron los delitos de: Rebelión militar aún para no militares, ultraje al centinela y ofensa y menosprecio a la Fuerza Armada. “Ya han pasado casi cien días de la detención, cien días tras las rejas en una cárcel militar, por orden de Maduro y del fiscal Tarek William Saab la causa pasó a justicia ordinaria, fijaron finalmente la fecha para la audiencia de presentación, y estos son los resultados, jóvenes inocentes privados de libertad”, señaló Toledo.
Dijo el diputado venezolano que de las principales irregularidades cometidas en la audiencia de presentación es que el caso lo llevó una fiscal en Flagrancia, argumentando esta funcionaria que la detención se habría registrado 48 horas antes. “A esta fiscal corrupta y a la juez se les pasó el hecho de que los detenidos llevan cien días tras las rejas en el Cárcel Militar de Santa Ana, y que su detención ejecutada el 26 de julio de este año, fue un hecho público y notorio, que ninguna manipulación de expediente puede borrar todos estos meses de horror y de abusos a los que han sido sometidos estos trece ciudadanos y toda su familia”.
Advirtió que esta decisión no quedará impune. “Prometo que voy a ir al último rincón del planeta, a toda instancia internacional para que cada juez, fiscal y funcionario que participaron en esta injusticia paguen, no solo por mis trece hermanos sino por las injusticias que han cometido en toda Venezuela. Voy a ir a la CIDH, Amnistía Internacional, al Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU y no voy a descansar hasta que todos los que están tras las violaciones a los Derechos Humanos paguen”.
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