Lilian Tintori y Mitzy de Ledezma denuncian acoso por parte del canal del Estado

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(Caracas, 06.03.17).- La activista de derechos humanos y esposa del líder político y preso de conciencia, Leopoldo López, Lilian Tintori y la esposa del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, Mitzy Capriles de Ledezma, introdujeron ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra el canal de Estado, Venezolana de Televisión (VTV), por acoso y persecución en la zona de seguridad internacional en el Aeropuerto de Maiquetía. Contenido que luego fue transmitido en los programas Zurda Conducta y Con el Mazo Dando el pasado 16 de febrero.

Tintori denunció que tras su llegada al país, luego de la reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, fue recibida por reporteros de la televisora VTV en el área de inmigración, zona en la que está prohibido, por parámetros internacionales, el acceso a personas que no sean viajeros.

“Estamos en la Fiscalía hoy para denunciar con videos y fotografías lo que ocurrió el 16 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía. Desde que Mitzy y yo salimos caminando del avión hasta el lugar donde se presenta el pasaporte, un área de restricción internacional que Venezuela debe cumplir, que no permite que estén personas que no son viajeros, habían varias cámaras y reporteros de VTV con micrófonos en mano, y otras personas con teléfonos celulares grabándonos. Nos acosaron con actitud agresiva. Nos pegaban las cámaras muy cerca para intimidarnos”, expresó Tintori.

Destacó que “fue impactante ver cómo las autoridades del aeropuerto permitieron que estas personas estuvieran en la cola donde uno presenta el pasaporte, quienes al pedirle que se alejaran porque sino los denunciaríamos, uno de ellos respondió ´No te preocupes que yo soy amigo de la Fiscal´”.

Por tal razón, Tintori exhortó a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz a “abrir una investigación de lo que sucedió ese día”, ya que a su juicio, los hechos representan “una muestra de que el Estado da ordenes de perseguir a quien opina en su contra, del régimen que tortura, que persigue, que nos graban cada vez que salimos o entramos al país por viajes internacionales para denunciar la violación de derechos humanos en Venezuela”.

La activista de derechos humanos se refirió también a las autoridades de CONATEL y del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. “Hacemos un llamado a que esto pare. Yo me pregunto si el funcionario Sergio Silvio Prato, director del aeropuerto de Maiquetía y Andrés Eloy Méndez, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, van a ser parte de estos hechos, si van a avalar que estos casos de acoso, burlas, intimidación y violación de nuestros valores democráticos se den. Les pido que paren la programación de estos espacios que lo que hacen es sumar odio en nuestro país”, expresó.

Por su parte Mitzy de Ledezma destacó que “el acoso psicológico está contemplado en el art 6 de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia y no puede ser letra muerta hoy en día. Las mujeres estamos perennemente sometidas a un acoso cruel a través de un medio de comunicación que es del Estado”.

Las esposas de López y Ledezma, introdujeron la denuncia acompañadas por los abogados Omar Estacio y Juan Carlos Gutiérrez, quien aseguró que “los aeropuertos internacionales están sometidos a regulaciones que estipulan las áreas de seguridad, con régimen de prohibición de acceso de terceras personas que no sean viajeros. El acceso permitido por autoridades es bajo parámetros de aquiescencia que posteriormente le genera responsabilidad a las autoridades de los aeropuertos en estos temas. Esas áreas de seguridad tienen restricciones de índole internacional y estas actividades de acoso, agresión y actos de violencia que se denuncian en este caso, no pueden realizarse en dicho lugar si no tienen la complicidad de las altas autoridades. Aquí no solo hubo agresión en contra de las denunciantes sino también se registraron personas heridas por estos actos”.

Los abogados coincidieron en que debe cesar la persecución y que este hecho representa “una política de Estado”, por lo que “responsabilizamos al Estado venezolano por haber dado acceso a estas personas”, puntualizó Estacio.