Voluntad Popular exige a la Fiscal General cumplimiento de la cautelar otorgada por la CIDH
Comunicaciones Voluntad Popular/ Yubrimar Ochoa.
Fotos: Antonio “El Tigre” Rodríguez.
(Caracas, 06.02.17). - El dirigente nacional de Voluntad Popular y alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky y la consultora jurídica del partido, Ana Leonor Acosta, exigieron que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, cumpla la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a dirigentes de la tolda naranja.
Smolansky calificó de inédito que la comisión haya otorgado este tipo de medidas a un partido político venezolano. “Exigimos a la Fiscal que garantice el cumplimiento de la cautelar establecidas por la CIDH. Conocemos las intenciones que tiene Nicolás Maduro de ilegalizar a Voluntad Popular y desactivarlo como partido político. Esta cautelar de la organización de derechos humanos corrobora que en Venezuela hay una dictadura, corrobora que la persecución que venimos denunciando desde hace 3 años es verdadera y que la visión que tenemos para construir un país distinto es acertada’’.
Enfatizó que buscar justicia en instancias internacionales no significa abandonar la lucha para rescatar los Poderes Públicos secuestrados por el régimen. “Cuando no hay justicia en el país lamentablemente debemos buscarla afuera, pero esto no significa quedarnos de brazos cruzados y dejar que los poderes públicos venezolanos actúen impunemente. La visión que tenemos en Voluntad Popular de #LaMejorVzla es en un país sin entes secuestrados y con un sistema judicial que garantice los derechos de todos”.
El burgomaestre recordó que un total de 263 activistas de Voluntad Popular han sido víctimas de detención, persecución o exilio durante los últimos 3 años. ‘’Tenemos casos más que emblemáticos como el de Leopoldo López, quien este 18 de febrero cumplirá 3 años injustamente preso; Daniel Ceballos, que en marzo cumple también 3 años injustamente preso; Delson Guarate, quien fue encarcelado y destituido de su alcaldía; Yon Goicoechea, Alexander Tirado, Raúl Emilio Baduel, José Vicente García, Steicy Escalona y Gilber Caro. Además, de los exiliados políticos Carlos Vecchio, Warner Jiménez, Darío Ramírez, Lester Toledo, Fabiola Colmenarez, entre otros. Sin contar las amenazas que hay diariamente contra nuestra organización”.
Smolansky reiteró que ninguna amenaza, ninguna detención y ninguna persecución cesará la lucha para la reconstrucción del país. “Muy pronto tendremos #LaMejorVzla, esa Venezuela en la que a nadie se le persiga por sus ideas, en la que no se mendigue comida ni medicinas, dónde se pueda caminar por una plaza a las 2 de la mañana sin temor a que te vayan a matar, esa Venezuela donde todos los servicios estén garantizados y esa en que haya libertades y separaciones de poderes públicos, esa Venezuela en las que las elecciones no sean tema de negociación”.
La consultora jurídica de Voluntad Popular, Ana Leonor Acosta, informó que la medida cautelar fue solicitada en el año 2015 luego de continuas amenazas y persecuciones a los miembros de la tolda naranja. “Nosotros solicitamos que se dictaran medidas de protección para nuestros miembros ante las amenazas de las que han sido objetos por parte del gobierno. La CIDH consideró que hay una situación de urgencia que debe ser atendida y solicitó al gobierno nacional que garantice la vida y la integridad física de 4 de nuestros activistas: Freddy Guevara, David Smolansky, Ismael León y Juan Carlos López Gross”.
Por su parte, el coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, aseguró que el gobierno está obligado a cumplir con las medidas cautelares que señala la CIDH. “En primer lugar, es una legitimación clara de que Voluntad Popular es un partido Democrático. Segundo, ratifica que Voluntad Popular es un partido perseguido por el régimen de Maduro y tercero, esta es una especie de patente a nivel internacional que será muy costosa para el gobierno, porque ya hay una comisión de alta importancia que cuando el gobierno pretenda justificar una inhabilitación, tildándonos de terroristas, señala que VP no es terrorista sino por el contrario, es víctima de la persecución de un gobierno que está fuera de la Constitución”, puntualizó.
Fotos: Antonio “El Tigre” Rodríguez.
(Caracas, 06.02.17). - El dirigente nacional de Voluntad Popular y alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky y la consultora jurídica del partido, Ana Leonor Acosta, exigieron que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, cumpla la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a dirigentes de la tolda naranja.
Smolansky calificó de inédito que la comisión haya otorgado este tipo de medidas a un partido político venezolano. “Exigimos a la Fiscal que garantice el cumplimiento de la cautelar establecidas por la CIDH. Conocemos las intenciones que tiene Nicolás Maduro de ilegalizar a Voluntad Popular y desactivarlo como partido político. Esta cautelar de la organización de derechos humanos corrobora que en Venezuela hay una dictadura, corrobora que la persecución que venimos denunciando desde hace 3 años es verdadera y que la visión que tenemos para construir un país distinto es acertada’’.
Enfatizó que buscar justicia en instancias internacionales no significa abandonar la lucha para rescatar los Poderes Públicos secuestrados por el régimen. “Cuando no hay justicia en el país lamentablemente debemos buscarla afuera, pero esto no significa quedarnos de brazos cruzados y dejar que los poderes públicos venezolanos actúen impunemente. La visión que tenemos en Voluntad Popular de #LaMejorVzla es en un país sin entes secuestrados y con un sistema judicial que garantice los derechos de todos”.
El burgomaestre recordó que un total de 263 activistas de Voluntad Popular han sido víctimas de detención, persecución o exilio durante los últimos 3 años. ‘’Tenemos casos más que emblemáticos como el de Leopoldo López, quien este 18 de febrero cumplirá 3 años injustamente preso; Daniel Ceballos, que en marzo cumple también 3 años injustamente preso; Delson Guarate, quien fue encarcelado y destituido de su alcaldía; Yon Goicoechea, Alexander Tirado, Raúl Emilio Baduel, José Vicente García, Steicy Escalona y Gilber Caro. Además, de los exiliados políticos Carlos Vecchio, Warner Jiménez, Darío Ramírez, Lester Toledo, Fabiola Colmenarez, entre otros. Sin contar las amenazas que hay diariamente contra nuestra organización”.
Smolansky reiteró que ninguna amenaza, ninguna detención y ninguna persecución cesará la lucha para la reconstrucción del país. “Muy pronto tendremos #LaMejorVzla, esa Venezuela en la que a nadie se le persiga por sus ideas, en la que no se mendigue comida ni medicinas, dónde se pueda caminar por una plaza a las 2 de la mañana sin temor a que te vayan a matar, esa Venezuela donde todos los servicios estén garantizados y esa en que haya libertades y separaciones de poderes públicos, esa Venezuela en las que las elecciones no sean tema de negociación”.
La consultora jurídica de Voluntad Popular, Ana Leonor Acosta, informó que la medida cautelar fue solicitada en el año 2015 luego de continuas amenazas y persecuciones a los miembros de la tolda naranja. “Nosotros solicitamos que se dictaran medidas de protección para nuestros miembros ante las amenazas de las que han sido objetos por parte del gobierno. La CIDH consideró que hay una situación de urgencia que debe ser atendida y solicitó al gobierno nacional que garantice la vida y la integridad física de 4 de nuestros activistas: Freddy Guevara, David Smolansky, Ismael León y Juan Carlos López Gross”.
Por su parte, el coordinador nacional encargado de Voluntad Popular y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, aseguró que el gobierno está obligado a cumplir con las medidas cautelares que señala la CIDH. “En primer lugar, es una legitimación clara de que Voluntad Popular es un partido Democrático. Segundo, ratifica que Voluntad Popular es un partido perseguido por el régimen de Maduro y tercero, esta es una especie de patente a nivel internacional que será muy costosa para el gobierno, porque ya hay una comisión de alta importancia que cuando el gobierno pretenda justificar una inhabilitación, tildándonos de terroristas, señala que VP no es terrorista sino por el contrario, es víctima de la persecución de un gobierno que está fuera de la Constitución”, puntualizó.
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