La UIP preocupada por el constante silenciamiento de parlamentarios

Ginebra, 8 de febrero de 2017

La Unión Interparlamentaria (UIP) ha vuelto a manifestar su preocupación por las continuas violaciones de derechos humanos que sufren parlamentarios de todo el mundo, así como por la falta de respeto por su inmunidad parlamentaria.

Durante el período de sesiones de enero de 2017, el Comité de la UIP sobre los Derechos Humanos de los Parlamentarios aprobó varias decisiones relativas a los casos de 227 parlamentarios de 16 países. Más de 100 parlamentarios proceden tan solo de tres países: Malasia, Nicaragua y Turquía.

El Comité examinó los casos de cerca de 60 parlamentarios turcos. De ellos, 55 pertenecen al Partido Democrático Popular de la oposición. En la actualidad, se enfrentan a más de 500 acusaciones penales y de terrorismo, después de que se les retirara en masa la inmunidad parlamentaria en mayo de 2016.

El Comité ha manifestado su honda preocupación por las condiciones de reclusión de los parlamentarios turcos encarcelados y pide su libertad provisional inmediata, tal como permite la legislación turca. Asimismo, ha solicitado información adicional a las autoridades sobre las pruebas subyacentes al caso, dado que los querellantes alegan que los parlamentarios están acusados de actividades y declaraciones políticas pacíficas, lo que viola sus derechos legítimos a la libertad de expresión, reunión y asociación.

El Comité ha reiterado además su preocupación por el hecho de que las acciones judiciales actuales impiden que estos parlamentarios turcos lleven a cabo sus responsabilidades parlamentarias, también respecto a la mejora de la tensa y precaria situación de seguridad que existe en sus circunscripciones del sudeste de Turquía.

El Comité ha decidido enviar una delegación a Turquía para obtener un mejor conocimiento de la situación, lo que incluye consultas con los parlamentarios encarcelados.

En Malasia, el número de casos examinado por el Comité sigue en aumento desde 2012. En el último período de sesiones, el Comité aprobó una decisión relativa al caso de 19 parlamentarios de la oposición. En ella manifiesta su preocupación por la falta de respeto de la libertad de expresión, en particular en vista de la reciente condena del Sr. Rafizi Ramli por haber divulgado un informe de auditoría de interés público vital, y las actuaciones jurídicas en curso contra otros parlamentarios en virtud de la Ley de Sedición.

En 2016, 28 parlamentarios pertenecientes a la alianza del Partido Liberal Independiente (PLI) de Nicaragua fueron destituidos, a consecuencia de una petición de los líderes del partido. Fueron acusados de expresar públicamente opiniones contrarias a las de la cúpula directiva y haber cambiado de partido político. El Comité ha examinado los casos de 21 de estos parlamentarios, quienes denuncian que su destitución responde a su labor como miembros de la oposición. El Comité concluyó que realizar declaraciones públicas contrarias a la línea del partido no constituye un fundamento jurídico suficiente para suspender prematuramente el mandato de un parlamentario.

El Comité de la UIP, que actualmente investiga casos que afectan a más de 452 parlamentarios en todo el mundo, aprobó también decisiones sobre cuestiones sustantivas relativas a casos de Bahrein, Burundi, Iraq, Kuwait, Mongolia, Myanmar, Rwanda, Sri Lanka, Yemen y Zambia. En cuanto a Iraq y Myanmar, el Comité decidió cerrar los casos tras concluir que se habían resuelto satisfactoriamente. Asimismo, en este período de sesiones el Comité declaró admisibles nuevos casos de la República Democrática del Congo, El Salvador y Venezuela.

Durante el período de sesiones recién concluido, el Comité decidió enviar misiones de determinación de los hechos a Turquía, Venezuela y Rwanda, y seguirá trabajando en decisiones anteriores sobre el envío de misiones a Colombia, Belarús y el Líbano.

El Comité ha elegido como nueva Presidenta a la Sra. Fawzia Koofi (Afganistán) y como nuevo Vicepresidente al Sr. Bernd Fabritius (Alemania).

El Comité de la UIP trabaja para abordar presuntas violaciones de derechos humanos de los parlamentarios y exigir una reparación. Los casos incluyen desde acosos y destituciones ilegales del cargo a encarcelamiento, tortura y asesinato.