Venezuela al margen de la región en cuanto a leyes que garantizan acceso a la información oficial

Caracas, junio 2017.- A propósito de la celebración, este 27 de junio, del Día del Periodista, el abogado constitucionalista, Alberto Blanco-Uribe expresó que “los principios constitucionales básicos dictados sobre la materia en los últimos 18 años no han pasado de ser enunciaciones de postulados sin que hayan verdaderas regulaciones de aplicación y, por supuesto, sin eficacia alguna”.


Concretamente, se refiere al artículo 28 de la Carta Magna que expresa: “Toda persona tiene derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados”, pudiendo por vía de Habeas Data controlar su uso, su rectificación y hasta su destrucción, de ser erróneos o lesivos. Igual acceso se prevé para información de interés para comunidades o grupos de personas”.

Recordó que el artículo 337 prohíbe la restricción de las garantías del derecho a la información, incluso bajo estados de excepción y el artículo 57 remarca ese carácter libre al indicar “sin que pueda establecerse censura”, insistiendo en que “se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades”.

Asimismo, el artículo 58 señala: “Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura”, con derecho de réplica y rectificación por informaciones inexactas o agraviantes.

Venezuela rezagada

Blanco-Uribe destacó que Venezuela, al igual que Bolivia, Costa Rica y Cuba figuran como los países de América Latina que no poseen leyes que garantizan el acceso a la información oficial, según se desprendió del más reciente informe de la Unesco titulado “Acceso a la Información: Lecciones de América Latina”.

Refirió que los buenos ejemplos más destacables en la región son México, Chile y Brasil países que, tras largos períodos autoritarios o dictatoriales, ven un renacer respeto a las libertades públicas, con la implementación de políticas, normativas e instituciones especializadas que garantizan al ciudadano su acceso real a la información. “Aunque en México no se pueda uno hacer la vista gorda en cuanto al número de periodistas que son asesinados”, lamentó.

En Venezuela, toda la batería de preceptos constitucionales, legales y reglamentarios no pasan de ser saludos a la bandera, por sus contenidos meramente principistas. “El ciudadano no accede a la información que le atañe o que le interesa”.

Refirió que aunque la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de 1981 y el Código Orgánico Tributario de 1982 declaran el libre acceso a los expedientes administrativos la realidad muestra a funcionarios que siguen obrando en la oscuridad, hablando de un supuesto carácter “sumario” (léase secreto) de las actuaciones administrativas”.

Al respecto, Blanco-Uribe se recordó el caso del derrame petrolero de febrero de 2012 en el río Guarapiche del estado Monagas. “La Fiscalía hizo que un tribunal dictara un pretendida medida cautelar que prohibía dar información sobre el incidente”.

 “Es escalofriante también ver sentencias, de tiempos recientes, de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que han rechazado acciones de amparo ejercidas por Organizaciones No Gubernamentales que tras haber formulado peticiones a oficinas administrativas éstas las ignoran”, dijo.

Y todo esto sin olvidar las compras, expropiaciones o adquisiciones masivas de medios de comunicación social, por parte del gobierno, para generar una sola política editorial; el cierre o no renovación de la concesión de Radio Caracas Televisión y otros medios; el asedio sancionatorio por parte de CONATEL; la obligada salida del aire de canales de televisión por cable o satélite que narren versiones distintas a lo que el gobierno desea que sea visto.

Recordó las restricciones financieras, comerciales y cambiarias en papel y tinta para medios impresos; las agresiones verbales y físicas contra los bienes, equipos y las personas de periodistas y asistentes reporteros; las retenciones de pasaportes y molestias para comunicadores como César Miguel Rondón y Nelson Bocaranda.

“Obviamente se asiste a una situación en la cual hay censura, lograda a través de tales represalias, lo que ha generado también en muchos casos autocensura”, alertó.


(*) Sobre Alberto Blanco-Uribe. Abogado Magna Cum Laude. Escritor y profesor universitario con más de 30 años de reconocida trayectoria académica y profesional a nivel internacional. Asesor y consultor en Procesos Migratorios y Derecho Tributario. Especialista en Derecho Constitucional, Tributario, Administrativo, Ambiental, y en Derechos Humanos, con una visión internacional y globalizada, producto de sus estudios de Post Grado en Venezuela, Francia y España. Redes Sociales: @albertobuq www.albertoblancouribe.com