Unidad Democrática y ciudadanía se movilizaron este miércoles en defensa de la Constitución
PRENSA UNIDAD VENEZUELA
La Unidad Democrática continúa con su agenda de calle este miércoles con la movilización denominada “nuestro escudo es la Constitución”, con la cual intentarán llegar hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para rechazar las distintas violaciones a la Carta Magna que el gobierno ha cometido a través de la Sala Constitucional del Poder Judicial, tras las sentencias N° 155 y 156 que representaron la ruptura del orden democrático en Venezuela.
En la ciudad de Caracas, desde las 10:00 AM la ciudadanía se ha concentrado en los siete puntos de encuentro dispuestos en el oeste y el este: Puente El Guanábano; avenida Vollmer; Los Cedros; Distribuidor Santa Fe; Parque Cristal; Unicentro El Marqués y Altamira para marchar hasta el destino final: el máximo órgano judicial.
Desde el sitio de congregación en la Plaza Francia de Altamira, la diputada Delsa Solórzano se refirió a la Constituyente propuesta por Nicolás Maduro, la cual también simboliza uno de los motivos principales de la actividad de este 10 de mayo. En este sentido, Solórzano indicó que “hoy” los venezolanos estaban en la calle para defender su Constitución amparados en el artículo 333, en el cual se especifica que si esta es “derogada” por cualquier sistema no establecido dentro de ella, los ciudadanos tendrán la responsabilidad de protegerla.”Por ello hoy estamos en la calle defendiendo nuestra Carta Magna a través del artículo 333″, dijo.
Por su parte, el parlamentario Jony Rahal, invitó a la ciudadanía a mantenerse firme en las calles de manera masiva y pacífica porque esta es una lucha de resistencia para restablecer el orden constitucional en el país. Aseguró que ante un gobierno que perdió todo tipo de autoridad y respaldo solo le queda la represión como arma para permanecer en el poder, pero pese a ello, los ciudadanos se han plantado en las calles desde hace 40 días y continuarán en ellas hasta lograr que se “quiebren las conciencias de todos esos poderes que siguen secuestrados”.
“Logramos quebrar la conciencia de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, porque teníamos a una fiscalía arrodillada ante el Poder Ejecutivo y que hoy está, no al lado de la alternativa democrática, sino al lado de la Constitución y del debido proceso; ese es el alcance de la resistencia de millones de venezolanos (…) También lo conseguimos con familiares de Vladimir Padrino López y el Defensor del Pueblo”, señaló.
“Nicolás Pinochet”
La presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solórzano, resaltó la “inconstitucionalidad” de los juicios a civiles detenidos de manera “arbitraria” durante las protestas en rechazo a las decisiones adoptas por el gobierno. Manifestó que estas actuaciones están prohibidas en convenios internacionales a los que Venezuela está suscritos y una violación categórica al debido proceso detallado en los artículos 49 y 261 de la Carta Magna, en los cuales se determina los derechos penales de los apresados y se restringe la autoridad de los juzgados militares a delitos de naturaleza militar.
“Son características de las más sangrientas dictaduras. Nosotros hoy estamos preocupados porque pareciera que este gobierno lleva el mismo rumbo que llevó la presidencia de Pinochet (Chile) cuando en el año 80 modificó la Constitución para reformar el sistema de justicia. ¿Será que Nicolás ya no quiere que le llamemos Nicolás Maduro sino Nicolás Pinochet? Como quiera que sea su apellido hoy, es un dictador”, garantizó.
Denunció que, este martes 19 estudiantes detenidos durante allanamientos a sus residencias sin orden judicial en el estado Falcón fueron trasladados a la cárcel de Ramo Verde de los Altos Mirandinos por dictamen de un tribunal militar.
En este sentido, el parlamentario Luis Stefanelli dirigió un mensaje hacia la Fuerza Armada Nacional, a quienes les expresó que al permitir la aplicación del “Plan Zamora”, el cual consiste en juzgar a civiles en tribunales militares los posiciona “al frente y en contra” del pueblo venezolano. Por este motivo, los instó a tomar acciones decisivas a favor de la restitución del orden constitucional en el país porque están incurriendo en una violación incuestionable de “cualquier derecho universal”.
Declaró que estos procedimientos no quedarán impunes porque introducirán una denuncia ante la fiscalía en contra de la justicia militar para que este ente público abra una investigación y castigue a los responsables que violan la Carta Magna y los DDHH.
Asimismo, felicitó a la titular principal del Ministerio Público (MP), Luisa Ortega Díaz, por confesar que los organismos públicos deben rescatar su “credibilidad”, pero que las palabras debe trasladarlas a medidas contundentes contra del fiscal, juez y defensor público militares que enviaron este martes a la cárcel de Ramo Verde a 19 jóvenes arrestados en el estado Falcón.
Por último, recordó que los venezolanos se mantienen en las calles por la libertad de los presos políticos, apertura de un canal humanitario, cronograma electoral, se reconozca las competencias del Legislativo para recuperar el orden democrático en Venezuela.
La Unidad Democrática continúa con su agenda de calle este miércoles con la movilización denominada “nuestro escudo es la Constitución”, con la cual intentarán llegar hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para rechazar las distintas violaciones a la Carta Magna que el gobierno ha cometido a través de la Sala Constitucional del Poder Judicial, tras las sentencias N° 155 y 156 que representaron la ruptura del orden democrático en Venezuela.
En la ciudad de Caracas, desde las 10:00 AM la ciudadanía se ha concentrado en los siete puntos de encuentro dispuestos en el oeste y el este: Puente El Guanábano; avenida Vollmer; Los Cedros; Distribuidor Santa Fe; Parque Cristal; Unicentro El Marqués y Altamira para marchar hasta el destino final: el máximo órgano judicial.
Desde el sitio de congregación en la Plaza Francia de Altamira, la diputada Delsa Solórzano se refirió a la Constituyente propuesta por Nicolás Maduro, la cual también simboliza uno de los motivos principales de la actividad de este 10 de mayo. En este sentido, Solórzano indicó que “hoy” los venezolanos estaban en la calle para defender su Constitución amparados en el artículo 333, en el cual se especifica que si esta es “derogada” por cualquier sistema no establecido dentro de ella, los ciudadanos tendrán la responsabilidad de protegerla.”Por ello hoy estamos en la calle defendiendo nuestra Carta Magna a través del artículo 333″, dijo.
Por su parte, el parlamentario Jony Rahal, invitó a la ciudadanía a mantenerse firme en las calles de manera masiva y pacífica porque esta es una lucha de resistencia para restablecer el orden constitucional en el país. Aseguró que ante un gobierno que perdió todo tipo de autoridad y respaldo solo le queda la represión como arma para permanecer en el poder, pero pese a ello, los ciudadanos se han plantado en las calles desde hace 40 días y continuarán en ellas hasta lograr que se “quiebren las conciencias de todos esos poderes que siguen secuestrados”.
“Logramos quebrar la conciencia de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, porque teníamos a una fiscalía arrodillada ante el Poder Ejecutivo y que hoy está, no al lado de la alternativa democrática, sino al lado de la Constitución y del debido proceso; ese es el alcance de la resistencia de millones de venezolanos (…) También lo conseguimos con familiares de Vladimir Padrino López y el Defensor del Pueblo”, señaló.
“Nicolás Pinochet”
La presidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solórzano, resaltó la “inconstitucionalidad” de los juicios a civiles detenidos de manera “arbitraria” durante las protestas en rechazo a las decisiones adoptas por el gobierno. Manifestó que estas actuaciones están prohibidas en convenios internacionales a los que Venezuela está suscritos y una violación categórica al debido proceso detallado en los artículos 49 y 261 de la Carta Magna, en los cuales se determina los derechos penales de los apresados y se restringe la autoridad de los juzgados militares a delitos de naturaleza militar.
“Son características de las más sangrientas dictaduras. Nosotros hoy estamos preocupados porque pareciera que este gobierno lleva el mismo rumbo que llevó la presidencia de Pinochet (Chile) cuando en el año 80 modificó la Constitución para reformar el sistema de justicia. ¿Será que Nicolás ya no quiere que le llamemos Nicolás Maduro sino Nicolás Pinochet? Como quiera que sea su apellido hoy, es un dictador”, garantizó.
Denunció que, este martes 19 estudiantes detenidos durante allanamientos a sus residencias sin orden judicial en el estado Falcón fueron trasladados a la cárcel de Ramo Verde de los Altos Mirandinos por dictamen de un tribunal militar.
En este sentido, el parlamentario Luis Stefanelli dirigió un mensaje hacia la Fuerza Armada Nacional, a quienes les expresó que al permitir la aplicación del “Plan Zamora”, el cual consiste en juzgar a civiles en tribunales militares los posiciona “al frente y en contra” del pueblo venezolano. Por este motivo, los instó a tomar acciones decisivas a favor de la restitución del orden constitucional en el país porque están incurriendo en una violación incuestionable de “cualquier derecho universal”.
Declaró que estos procedimientos no quedarán impunes porque introducirán una denuncia ante la fiscalía en contra de la justicia militar para que este ente público abra una investigación y castigue a los responsables que violan la Carta Magna y los DDHH.
Asimismo, felicitó a la titular principal del Ministerio Público (MP), Luisa Ortega Díaz, por confesar que los organismos públicos deben rescatar su “credibilidad”, pero que las palabras debe trasladarlas a medidas contundentes contra del fiscal, juez y defensor público militares que enviaron este martes a la cárcel de Ramo Verde a 19 jóvenes arrestados en el estado Falcón.
Por último, recordó que los venezolanos se mantienen en las calles por la libertad de los presos políticos, apertura de un canal humanitario, cronograma electoral, se reconozca las competencias del Legislativo para recuperar el orden democrático en Venezuela.
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