BRASIL RESPONSABLE POR DESPROTECCIÓN JUDICIAL A VÍCTIMAS DE INCURSIONES POLICIALES

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BRASIL RESPONSABLE POR DESPROTECCIÓN JUDICIAL A VÍCTIMAS
DE INCURSIONES POLICIALES EN FAVELA NOVA BRASILIA, EN RÍO DE JANEIRO


San José, Costa Rica, 12 de mayo de 2017.-Brasil es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la integridad personal en perjuicio de familiares de las personas que fueron asesinadas y de las mujeres víctimas de violencia sexual durante incursiones policiales en la Favela Nova Brasilia, en la ciudad de Río de Janeiro, según concluyó la Corte Interamericana en su sentencia emitida el 16 de febrero de 2017 y notificada el día de hoy.

El 18 de octubre de 1994 se realizó una incursión por parte de un grupo de policías civiles y militares que resultó en la muerte de 13 residentes de la Favela Nova Brasilia, cuatro de ellos eran niños. Algunos policías cometieron actos de violencia sexual en contra de tres jóvenes de sexo femenino, dos de las cuales eran niñas de 15 y 16 años de edad. El 8 de mayo de 1995, se realizó una segunda incursión por parte la policía que tuvo como saldo tres policías heridos y 13 personas muertas. Dos de ellos eran niños.

Las investigaciones iniciadas por la policía civil de Río de Janeiro fueron archivadas en 2009 por prescripción. Estas investigaciones no han esclarecido las muertes y nadie fue sancionado por los hechos denunciados. Respecto a la violencia sexual, las autoridades jamás realizaron una investigación.

La Corte Interamericana examinó si el Estado había vulnerado los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en los términos establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De esta manera, la Corte señaló que en casos de muertes derivadas de intervenciones policiales un elemento esencial es la garantía de que el órgano investigador sea independiente de los funcionarios involucrados en el incidente. En este sentido, la investigación debe estar a cargo de un órgano diferente a la fuerza policial involucrada en el incidente, que puede ser una autoridad judicial o el Ministerio Público. En el presente caso fue la propia policía, quien había sido acusada de responsabilidad por las muertes, la que investigó los hechos. Más aún, estas investigaciones no cumplieron con los mínimos estándares de debida diligencia en casos de ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, pese a que la actuación de la policía estuvo plagada de omisiones y negligencia, otros órganos estatales tuvieron la oportunidad de rectificar la investigación y no lo hicieron. Esto fue decisivo para la impunidad de los hechos y la falta de protección judicial de los familiares.

Al examinar la duración de las investigaciones, la Corte determinó que se produjo una demora injustificada de 15 años atribuible al Estado, que dejó a los familiares de las víctimas en una situación de incertidumbre respecto a los responsables de los hechos y sin posibilidad de acceder a una reparación por los daños. Por estas razones la Corte consideró que se vulneró su derecho a las garantías judiciales de debida diligencia y plazo razonable, contenidas en la Convención Americana.

Asimismo, las diligencias practicadas en la investigación fueron irrelevantes, lo que se tradujo en la denegación de justicia y contribuyó a la impunidad de los hechos. Pese a la gravedad de los hechos, que configurarían ejecuciones extrajudiciales, las investigaciones fueron sesgadas por la preconcepción de que las víctimas habían muerto como resultado de haberse enfrentado a la policía y no se dirigieron a determinar las circunstancias en las que ocurrieron las muertes, ni encontrar a los responsables. Por tanto, la Corte concluyó que se vulneró el derecho a la protección judicial contenido en la Convención Americana.

Por otro lado, la Corte destacó que las autoridades no tomaron medidas para investigar de manera diligente la violencia sexual en contra de las víctimas. Tampoco han recibido ningún tipo de reparación por la violencia sexual sufrida. Esta falta de actuación estatal constituyó una violación al derecho a las garantías judiciales, consagrado en la Convención Americana, así como al deber de investigar supuestos actos de tortura conforme a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y al deber de condenar todas las formas de violencia contra la mujer consagrado en la Convención de Belém do Pará.

Como consecuencia de la continuada impunidad en el presente caso, traducida en la falta de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de las muertes de las víctimas, algunos familiares sufrieron afectaciones a su integridad psíquica y moral. Igualmente, las víctimas de violencia sexual, ante la completa falta de investigación, experimentaron sentimientos de angustia e inseguridad, así como frustración y sufrimiento. Por tanto, la Corte consideró que esto constituyó una violación al derecho a la integridad personal contenido en la Convención Americana.

En virtud de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación, entre las que destacan las siguientes:

Iniciar o reactivar las investigaciones sobre las muertes ocurridas, así como iniciar la investigación por los hechos de violencia sexual.
Publicar anualmente un informe oficial con los datos relativos a las muertes producidas durante operativos de la policía en todos los estados del país y con información actualizada anualmente sobre las investigaciones realizadas respecto a cada incidente resultante en la muerte de un civil o de un policía.
Establecer los mecanismos normativos necesarios para que en supuestos de presuntas muertes, tortura o violencia sexual derivadas de intervención policial, en que prima facie aparezca personal policial como posible imputado, se encargue la investigación a un órgano independiente y diferente de la fuerza pública involucrada en el incidente
Adoptar las medidas necesarias para que el Estado de Río de Janeiro establezca metas y políticas de reducción de la letalidad y la violencia policial.
Implementar, en un plazo razonable, un programa o curso permanente y obligatorio sobre atención a mujeres víctimas de violación sexual.
La composición de la Corte para la emisión de esta Sentencia fue de los siguientes Jueces: Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente en ejercicio; Eduardo Vio Grossi, Vicepresidente en ejercicio; Humberto Antonio Sierra Porto; Elizabeth Odio Benito; Eugenio Raúl Zaffaroni; y Patricio Pazmiño Freire. Estuvieron presentes, además, el Secretario de la Corte, Pablo Saavedra Alessandri, y la Secretaria Adjunta, Emilia Segares Rodríguez. El Juez Roberto F. Caldas no participó del conocimiento y deliberación de este caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte

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O BRASIL É RESPONSÁVEL PELA FALTA DE PROTEÇÃO JUDICIAL A VÍTIMAS DE OPERAÇÕES POLICIAIS NA FAVELA NOVA BRASÍLIA, NO RIO DE JANEIRO

San José, Costa Rica, 12 de maio de 2017.-O Brasil é internacionalmente responsável pela violação dos direitos às garantias judiciais, à proteção judicial e à integridade pessoal dos familiares das pessoas que foram assassinadas e de três mulheres vítimas de violência sexual ocorridas durante operações policiais na Favela Nova Brasília, na cidade do Rio de Janeiro, segundo concluiu a Corte Interamericana em sua sentença proferida em 16 de fevereiro de 2017 e notificada no dia de hoje.

Em 18 de outubro de 1994, foi realizada uma incursão por parte de um grupo de policiais civis e militares que resultou na morte de 13 residentes da Favela Nova Brasília, quatro dos quais eram crianças. Alguns policiais também cometeram atos de violência sexual contra três jovens de sexo feminino, duas das quais eram crianças de 15 e 16 anos de idade. Em 8 de maio de 1995, foi realizada uma segunda incursão por parte da polícia, que teve como saldo três policiais feridos e 13 pessoas mortas. Duas delas eram crianças.

As investigações iniciadas pela polícia civil do Rio de Janeiro foram arquivadas em 2009 por prescrição. Estas investigações não esclareceram as mortes e ninguém foi punidos pelos fatos denunciados. Em relação à violência sexual, as autoridades jamais realizaram uma investigação.

A Corte Interamericana examinou se o Estado havia violado os direitos às garantias judiciais e à proteção judicial nos termos estabelecidos pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Desta maneira, a Corte afirmou que, em casos de mortes decorrentes de intervenções policiais, um elemento essencial é a garantia de que o órgão investigador seja independente dos funcionários envolvidos no incidente. Nesse sentido, a investigação deve ser atribuída a um órgão independente e diferente da força policial envolvida no incidente, como uma autoridade judicial ou o Ministério Público. No presente caso a própria polícia que havia sido acusada como responsável pelas mortes quem investigou os fatos. Além disso, estas investigações não cumpriram os padrões mínimos de devida diligência em casos de execuções extrajudiciais e graves violações de direitos humanos. Por outro lado, apesar de a atuação da polícia estar repleta de omissões e negligência, outros órgãos estatais tiveram a oportunidade de retificar a investigação e não o fizeram. Isso foi decisivo para a impunidade dos fatos e para a falta de proteção judicial dos familiares.

Ao examinar a duração das investigações, a Corte reconheceu a ocorrência de uma demora injustificada de 15 anos, cuja responsabilidade é atribuída ao Estado, que deixou os familiares das vítimas em uma situação de incerteza a respeito dos responsáveis pelos fatos e sem a possibilidade de receber uma reparação pelos danos. Por estas razões, a Corte considerou violado o direito às garantias judiciais de devida diligência e prazo razoável, previstos na Convenção Americana.

Além disso, as diligências praticadas na investigação foram insignificantes, o que se traduziu na denegação de justiça e contribuiu para a impunidade em que permanecem os fatos. Apesar da gravidade dos fatos, que configurariam execuções extrajudiciais, as investigações foram tendenciosas em razão da concepção prévia de que as vítimas haviam morrido como consequência de um enfrentamento com a polícia e não estiveram dirigidas a determinar as circunstâncias em que ocorreram as mortes, nem a determinar os responsáveis. Portanto, a Corte concluiu que foi violado o direito à proteção judicial contido na Convenção Americana.

Por outro lado, a Corte destacou que as autoridades não tomaram medidas para investigar de maneira diligente a violência sexual contra as vítimas. Tampouco receberam qualquer tipo de reparação pela violência sexual sofrida. Esta falta de atuação estatal constituiu uma violação ao direito às garantias judiciais, estabelecido na Convenção Americana, assim como ao dever de investigar supostos atos de tortura, em conformidade com a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, e ao dever de condenar todas as formas de violência contra a mulher, previsto na Convenção de Belém do Pará.

Como consequência da continuada impunidade no presente caso, traduzida na falta de investigação, julgamento e punição dos responsáveis pelas mortes das vítimas, alguns familiares sofreram violações à sua integridade psíquica e moral. Igualmente, diante da completa falta de investigação, as vítimas de violência sexual experimentaram sentimentos de angústia e insegurança, bem como frustração e sofrimento. Portanto, a Corte considerou que isso constituiu uma violação ao direito à integridade pessoal contido na Convenção Americana.

Em virtude destas violações, a Corte ordenou diversas medidas de reparação, dentre as quais destaca-se as seguintes:

Iniciar ou reativar as investigações sobre as mortes ocorridas, e iniciar a investigação em relação aos atos de violência sexual.
Publicar anualmente um relatório oficial com dados relativos às mortes ocasionadas durante operações da polícia em todos os estados do país e com informação atualizada anualmente sobre as investigações realizadas a respeito de cada incidente que redunde na morte de um civil ou de um policial.
Estabelecer os mecanismos normativos necessários para que, na hipótese de supostas mortes, tortura ou violência sexual decorrentes de intervenção policial, em que, prima facie, policiais apareçam como possíveis acusados, se delegue a investigação, desde a notitia criminis, a um órgão independente e diferente da força pública envolvida no incidente.
Adotar as medidas necessárias para que o Estado do Rio de Janeiro estabeleça metas e políticas de redução da letalidade e da violência policial.
Implementar, em prazo razoável, um programa ou curso permanente e obrigatório sobre atendimento a mulheres vítimas de estupro.


A composição da Corte para a emissão desta Sentença foi a dos seguintes Juízes: Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente em exercício; Eduardo Vio Grossi, Vice-Presidente em exercício; Humberto Antonio Sierra Porto; Elizabeth Odio Benito; Eugenio Raúl Zaffaroni; e Patricio Pazmiño Freire. Estiveram presentes, também, o Secretário da Corte, Pablo Saavedra Alessandri, e a Secretária Adjunta, Emilia Segares Rodríguez. O Juiz Roberto F. Caldas não participou do conhecimento e da deliberação deste caso, em conformidade com o disposto no artigo 19.1 do Regulamento da Corte.